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EL GRITO DE TODOS

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CÍRCULO CONCIENCIA COLECTIVO: TACÁMBARO

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PRÓXIMAMENTE DÉCIMO ANIVERSARIO

13/3/15

GRAVE AMENAZA DE EEUU A VENEZUELA‏

GRAVE AMENAZA DE EEUU A VENEZUELA‏


A todos los Movimientos Sociales hacer conocer las declaraciones ejecutivas del Presidente de los Estados Unidos de América Barack Obama del 09 de marzo de 2015, mediante las cuales se agrede y amenaza a la República Bolivariana de Venezuela.  
Sobre el particular, queremos subrayar la gravedad de tales aseveraciones al punto de emitirse decretos donde se califica a Venezuela como “Amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos” y se declara la “Emergencia Nacional en los Estados Unidos respecto de Venezuela”. Esto representa un hecho sin precedentes en la historia nacional pero a la vez confirma las denuncias que reiteradamente ha hecho el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro sobre el carácter injerencista del gobierno de los Estados Unidos y su implicación en los intentos de derrocamiento contra el Gobierno Constitucional de Venezuela.
Consideramos que sobre la base de los nefastos antecedentes históricos, pero también recientes, de intervenciones militares de los Estados Unidos en el mundo, se analice con urgencia este acto que no puede sino calificarse de provocación a la paz y estabilidad, no sólo de la República Bolivariana de Venezuela sino de la región Latinoamericana y Caribeña.
Me despido expresandole nuestro agradecimiento por su solidaridad y apoyo.
 LA CASA BLANCA
Oficina del Secretario de Prensa
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
9 de marzo 2015
Declaración del Secretario de Prensa sobre Venezuela
Hoy el Presidente Obama emitió una nueva orden presidencial para implementar y ampliar sobre la Ley de defensa de derechos humanos y sociedad civil de 2014 de Venezuela. Los funcionarios de Venezuela del pasado y presente que violen los derechos humanos de ciudadanos venezolanos y que se involucren en actos de corrupción pública no serán bienvenidos aquí, y ahora tenemos las herramientas para bloquear sus bienes y su uso de los sistemas financieros de EE. UU.
Estamos muy preocupados por los esfuerzos del gobierno de Venezuela por escalar la intimidación de sus oponentes políticos. Los problemas de Venezuela no se pueden resolver al criminalizar la disidencia. Hemos llamado al gobierno de Venezuela de forma constante para que liberen a aquellos que están encarcelados injustamente, así como para mejorar el clima del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, tales como la libertad de expresión y reuniones pacíficas. Estas son esenciales para una democracia que funciona, y el gobierno de Venezuela tiene la obligación de proteger estas libertades fundamentales. El gobierno de Venezuela debe liberar a todos los prisioneros políticos, que incluyen a docenas de estudiantes, al líder de la
oposición, Leopoldo López y los alcaldes Daniel Ceballos y Antonio Ledezma.
La única manera de resolver los problemas de Venezuela es a través del diálogo verdadero, y no deteniendo a los oponentes e intentando silenciar las críticas. La gente de Venezuela se merece un gobierno que respete su compromiso con la democracia, según se articula en la Carta de OAS, la Carta Democrática Interamericana y otros instrumentos fundamentales relacionados con la democracia y los derechos humanos.
Hemos visto muchas veces que el gobierno de Venezuela trata de distraer de sus propias acciones al culpar a los Estados Unidos u otros miembros de la comunidad internacional por los eventos dentro de Venezuela. Estos esfuerzos reflejan una falta de seriedad por parte del gobierno de Venezuela para tratar con la situación grave que enfrenta.
Es desafortunado que durante una época en donde hemos abierto un compromiso con cada nación en el continente americano, Venezuela ha optado ir en la dirección opuesta. A pesar de las dificultades en nuestra relación oficial, Estados Unidos sigue comprometido con mantener nuestros vínculos fuertes y duraderos con la gente de Venezuela y está abierto para mejorar nuestra relación con el gobierno de Venezuela.
LA CASA BLANCA
Oficina del Secretario de Prensa
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA
09 de marzo de 2015
HOJA INFORMATIVA: Decreto Ejecutivo en torno a Venezuela
El presidente Obama emitió hoy un nuevo Decreto Ejecutivo (D.E.) en el cual declara una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos que supone la situación en Venezuela. Las sanciones específicas en el D.E. implementa la aplicación de la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela de 2014, la cual el presidente firmó el 18 de diciembre de 2014, y también va más allá de los requisitos de esta legislación.
Estamos comprometidos con la promoción del respeto de los derechos humanos, la protección de las instituciones democráticas y la protección del sistema financiero de Estados Unidos a partir de los flujos financieros ilícitos de corrupción pública en Venezuela.
Esta nueva autoridad está dirigido a las personas involucradas o responsables de la erosión de las garantías de los derechos humanos, la persecución de los opositores políticos, restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y los derechos humanos violaciones y abusos en respuesta a las protestas contra el gobierno, y la detención arbitraria y la detención de manifestantes
antigubernamentales, así como la corrupción pública significativa por altos funcionarios del gobierno de Venezuela. El E.O. no se dirige a las personas o la economía de Venezuela. Específicamente, el D.E. METAS las determinadas por el Departamento de Hacienda, en consulta con el Departamento de Estado, que se ocupa de: · acciones o políticas que socavan los procesos e instituciones democráticas; · actos significativos de violencia o conducta que constituye un grave abuso o violación de los derechos humanos, en particular contra las personas implicadas en las protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero 2014; · acciones que prohíben, limitar o penalizan el ejercicio de la libertad de expresión o de reunión pacífica; o · corrupción pública por funcionarios de alto nivel en el Gobierno de Venezuela. El D.E. También autoriza al Departamento de Hacienda, en consulta con el Departamento de Estado, a dirigirse a cualquier persona determinada: · para ser un líder actual o anterior de una entidad que tiene, o cuyos miembros han, que participan en las actividades descritas en el D.E. o de una entidad cuyos bienes e intereses en propiedad están bloqueados o congelados en virtud de la D.E.; o · para ser un funcionario o ex del Gobierno de Venezuela; Las personas designadas o identificadas para la imposición de sanciones en virtud de esta OE, incluyendo las siete personas que se han enumerado hoy en el anexo de esta EO, tendrán su propiedad e intereses en propiedades en los Estados Unidos bloquearon o congelada, y personas estadounidenses están prohibidas de hacer negocios con ellos. El E.O. También suspende la entrada en los Estados Unidos de personas que cumplen los criterios de las
sanciones económicas. Vamos a seguir trabajando en estrecha colaboración con los demás en la región para apoyar una mayor expresión política en Venezuela, y alentar al gobierno venezolano a la altura de su compromiso compartido, como se establece en la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y otros instrumentos pertinentes relacionados con la democracia y los derechos humanos. El Presidente impuso sanciones a los siguientes siete personas que figuran en el anexo de la EO: 1. Antonio José Benavides Torres: Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) de la Región Central de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (FANB) y el ex Director de Operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB). · Benavides Torres es un ex líder de la GNB, una entidad cuyos miembros han participado en actos significativos de violencia o conducta que constituye un grave abuso o violación de los derechos humanos, en particular contra las personas implicadas en las protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero 2014. En varias ciudades de Venezuela, miembros de la GNB utilizaron la fuerza contra los manifestantes pacíficos y periodistas, incluida la violencia física grave, asalto sexual, y las armas de fuego. 2. Gustavo Enrique González López: Director General del Servicio Bolivariano de Venezuela de Inteligencia Nacional (SEBIN) y Presidente del Centro Estratégico de Venezuela de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA). · González López es responsable o cómplice de, o responsables de ordenar, controlar, o de otra dirección, o que haya participado, directa o indirectamente, actos significativos de violencia o conducta que constituye un grave abuso o violación de los derechos humanos, en particular contra las personas involucrados en protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero de 2014. Como Director
General del SEBIN, que se asoció con la vigilancia de las líderes de la oposición del gobierno de Venezuela. · Bajo la dirección de González López, SEBIN ha tenido un papel destacado en las acciones represivas contra la población civil durante las protestas en Venezuela. Además de causar numerosas lesiones, el personal del SEBIN han cometido cientos de entradas forzadas y detenciones extrajudiciales en Venezuela. 3. Justo José Noguera Pietri: El presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), una entidad de propiedad estatal, y el ex Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB). · Noguera Pietri es un ex líder de la GNB, una entidad cuyos miembros han participado en actos significativos de violencia o conducta que constituye un grave abuso o violación de los derechos humanos, en particular contra las personas implicadas en las protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero 2014. En varias ciudades de Venezuela, miembros de la GNB usaron fuerza excesiva para reprimir a manifestantes y periodistas, incluida la violencia física grave, asalto sexual, y las armas de fuego. 4. Katherine Nayarith Haringhton Padron: fiscal a nivel nacional de la Oficina del Ministerio Público de Venezuela Distrito 20a. · Haringhton Padrón, en su calidad de fiscal, ha acusado a varios miembros de la oposición, entre ellos el ex legislador de la Asamblea Nacional María Corina Machado y, a partir de febrero de 2015, el alcalde de Caracas Antonio Ledezma Díaz, por el delito de conspiración en relación con presuntos asesinatos / parcelas golpistas basado en inverosímil - y en algunos casos fabricados - información. La evidencia utilizada en apoyo de los cargos contra Machado y otros era, al menos en parte, sobre la base de correos electrónicos fraudulentos. 5. Manuel Eduardo Pérez Urdaneta: Director de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela.
· Pérez Urdaneta es un líder actual de la Policía Nacional Bolivariana, una entidad cuyos miembros han participado en actos significativos de violencia o conducta que constituye un grave abuso o violación de los derechos humanos, en particular contra las personas implicadas en las protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero 2014. Por ejemplo, los miembros de la Policía Nacional utilizó la fuerza física severa contra los manifestantes pacíficos y periodistas en varias ciudades de Venezuela, incluyendo a disparar munición real. 6. Manuel Gregorio Bernal Martínez: Jefe de la 31 Brigada Blindada del Ejército de Caracas Bolivariana de Venezuela y ex Director General del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (SEBIN). · Bernal Martínez era el jefe del SEBIN el 12 de febrero de 2014, cuando los oficiales dispararon sus armas contra los manifestantes matando a dos personas cerca de la oficina del Procurador General. 7. Miguel Alcides Vivas Landino: Inspector General de las Fuerzas Bolivarianas de Venezuela Armada Nacional (FANB) y el ex comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) de la región de los Andes de bolivarianos Fuerza Armada Nacional de Venezuela. · Vivas Landino es responsable o cómplice de, o responsables de ordenar, controlar, o de otra dirección, o que haya participado, directa o indirectamente, actos significativos de violencia o conducta que constituye un grave abuso o violación de los derechos humanos, en particular contra las personas involucrados en protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero 2014.
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