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EL GRITO DE TODOS

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PRÓXIMO 11 DE JULIO, PRESENTACIÓN DEL LIBRO LA CAÍDA DEL TELEPRESIDENTE, DE JENARO VILLAMIL, CON LA PARTICIPACIÓN DEL AUTOR Y DEL COMUNICÓLOGO Y DIPUTADO FEDERAL ELECTO POR MORENA, VIRGILIO CABALLERO

CÍRCULO CONCIENCIA COLECTIVO: TACÁMBARO

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PRÓXIMAMENTE DÉCIMO ANIVERSARIO

11/1/15

La investigación de la PGR encubre al Ejército, Iguala. La historia no oficial, La pira que no se vio, Búsqueda entorpecida /Anabel Hernández y Steve Fisher

La investigación de la PGR encubre al Ejército y a la Policía Federal

Revista Proceso # 1990
Como en el caso Tlatlaya, el de Ayotzinapa revela una estrategia ya ensayada por el gobierno de Enrique Peña Nieto: el encubrimiento de agentes del Estado, señaladamente el Ejército y la Policía Federal. Como entonces, hoy la Procuraduría General de la República descalifica, miente, oculta, exonera por adelantado y sin investigación de por medio a otros posibles responsables. A continuación se exponen de manera pormenorizada los elementos fácticos y documentales que sirvieron de base al reportaje publicado en la edición 1989 de Proceso y que sustentan la tesis periodística de los reporteros Anabel Hernández y Steve Fisher, junto con nuevas y sólidas evidencias que apuntan al entorpecimiento de la búsqueda de los jóvenes en instalaciones militares y de la PF.

La estrategia de ocultamiento, mentiras, descalificación a investigaciones periodísticas y exoneraciones por adelantado al Ejército y a la Policía Federal (PF) por el caso Ayotzinapa recuerda a la urdida por el gobierno federal en el caso Tlatlaya, cuando militares ejecutaron de manera extrajudicial a 21 presuntos delincuentes en esa localidad del Estado de México.

Durante semanas, meses, autoridades estatales y federales tergiversaron y/o negaron una y otra vez los hechos, hasta que una investigación periodística y la presión internacional orillaron al gobierno de Enrique Peña Nieto a emprender una indagatoria creíble, y más tarde –muy tarde– a aceptar la responsabilidad de efectivos de las Fuerzas Armadas en aquella masacre y su final enjuiciamiento.

Ahora, en el caso Ayotzinapa, el empecinamiento de la Procuraduría General de la República (PGR) en darle carpetazo deja ver la misma fórmula: el encubrimiento y la eventual impunidad de más posibles responsables.

La investigación publicada en el número 1989 de Proceso con el encabezado La historia no oficial mostró que la PF participó activamente en el ataque contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa la noche del pasado 26 de septiembre y madrugada del 27, con la complicidad del Ejército; que contra lo dicho por el gobierno federal, éste sí tuvo conocimiento de los hechos en tiempo real por conducto de los funcionarios federales adscritos a los C4 de Chilpancingo e Iguala, y que al menos cinco de los supuestos miembros de Guerreros Unidos usados por la Procuraduría General de la República (PGR) para dar forma a la versión oficial contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y la policía de ese municipio, fueron torturados antes de rendir sus declaraciones.

El martes 16, tras la publicación del reportaje y en entrevista con Carmen Aristegui para CNN en Español, el procurador general Jesús Murillo Karam declaró lo siguiente sobre el papel de la PF el 26 de septiembre en Iguala: “… Sí, del conocimiento de que había una manifestación (presencia de los estudiantes en la caseta 3 de la carretera Chilpancingo-Iguala), sí, claro. De que estaban (la PF) del lado de la caseta, sí, claro. Eso todo está en la averiguación; pero eso no implica que hayan participado de ninguna manera”.

En su conferencia de prensa del 7 de noviembre último, el funcionario había afirmado: “El grupo de jóvenes subió a bordo de dos camiones Estrella de Oro de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, rumbo a la entrada de la ciudad de Iguala. Posteriormente, se trasladaron a la terminal de autobuses, donde tomaron otros dos camiones de otra empresa.

“El expresidente municipal de Iguala, quien tenía designada en la comunicación interna de la Policía Municipal el código A5, fue quien dio la orden a los policías municipales de contener a las personas que viajaban en esos cuatro camiones, según declara el propio operador de radio de la central de la Policía Municipal de Iguala, David Hernández Cruz, y la ratifica uno de los vigilantes que ellos conocen como halcones, que recibía comunicación. Es en este mismo evento, como se ha informado, que los policías municipales de Iguala privaron de la vida a tres normalistas.”

En su anuncio de conclusiones del caso Iguala, el procurador no informó que desde las 20:00 horas seis policías federales, a bordo de tres patrullas, monitorearon a los normalistas de Ayotzinapa. Tampoco informó que éstos eran vigilados por los gobiernos estatal y federal desde las 17:59 horas, cuando salieron de su escuela rumbo a Iguala, por el C4 de Chilpancingo, donde hay presencia de representantes de las policías Federal, Estatal, Municipal de Chilpancingo y del Ejército.

El mismo martes 16, Murillo Karam le declaró a Carmen Aristegui: “Después de haber oído la respuesta de la Policía Federal que viene hoy en La Jornada, me queda claro que no hay modo de suponer la actuación de la Policía Federal”, lo que indica que la PGR deslindó a la PF sin haber llamado a declarar a los efectivos de esa corporación.

Del indicio periodístico al indicio oficial

La PGR envió a Proceso una breve nota aclaratoria: “La investigación que lleva a cabo la Procuraduría se ha basado en testimonios, revisión de documentos, videograbaciones, fotografías, peritajes, inspecciones ministeriales, análisis técnicos y forenses, entre otros.

“Ninguno de estos elementos arroja indicios de que miembros de la Policía Federal o del Ejército Mexicano hayan participado en los hechos delictivos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.”

Pese a las declaraciones públicas de Murillo Karam en entrevista con la periodista Carmen Aristegui, donde pide que se le muestren las evidencias de la investigación periodística sobre la participación de la PF y el Ejército, tal solicitud no ha sido dirigida a Proceso ni al Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de Berkeley.

El jueves 18 se envió una carta solicitando al procurador general acceso a la investigación y a las pruebas que deslindan a la PF y al Ejército. Aún se está en espera de la respuesta. Y cabe señalar que no hubo ninguna carta aclaratoria por parte de la Secretaría de Gobernación, responsable de la PF y de la coordinación de los C4 en Guerrero.

Tampoco la hay de parte de la Policía Federal.

La investigación periodística publicada se basó en la revisión de miles de hojas de averiguaciones previas, testimonios, videos, informes y tarjetas informativas del gobierno de Guerrero. Se hizo un recorrido por los lugares donde ocurrieron los hechos del 26 y 27 de septiembre y se verificó la información contenida en las averiguaciones previas y causas penales. Se tomaron videos y fotografías.

Durante todas las indagatorias oficiales fue patente la ausencia de la PGR. Para entender lo ocurrido esa noche, no interrogó a testigos imprescindibles, quienes contradicen la versión oficial del ataque y desaparición de los estudiantes. No protegieron las pruebas ni hicieron los análisis periciales con oportunidad. En todos sus informes sobre el caso, la PGR omitió las primeras declaraciones ministeriales rendidas por los estudiantes atacados, quienes imputaron, además de a la Policía Municipal, a la Federal y denunciaron el hostigamiento del Ejército. Ocultó la existencia de videos grabados por los estudiantes esa noche –mostrados por Proceso– y nunca dio una versión del actuar de la PF y el Ejército ese día.

Sin hacer una investigación completa y transparente de las diferentes líneas de investigación que se desprendían de las declaraciones ministeriales y elementos de prueba, la PGR adelantó conclusiones y dio el caso por resuelto el pasado 7 de noviembre.

Sustento documental

A continuación se enumeran algunas de las pruebas documentales con las que cuentan la reportera y el reportero, las cuales sustentan la tesis periodística acerca de la participación de la PF y el Ejército en el ataque, las graves deficiencias y omisiones de la PGR en la investigación, el ocultamiento de información y declaraciones ministeriales rendidas bajo violencia previa ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

Cualquier persona interesada en consultar directamente los documentos puede contactar a la reportera y al reportero en el Investigative Reporting Program, UC Berkeley, 2481 Hearst Avenue, Berkeley, CA 94709 y en Proceso.

1. Declaración ministerial del estudiante Luis Pérez Martínez rendida el 27 de septiembre ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJG) que obra en la causa penal 172/2014-I. Afirmó que en el ataque contra sus compañeros en la calle Juan N. Álvarez, policías municipales les cerraron el paso, pero la PF fue la que disparó contra ellos.

2. Declaración ministerial del estudiante Francisco Chalma, rendida el mismo día –obra en la averiguación previa (AP) HID/SC/02/0993/2014– sobre la actuación del Ejército en el hospital Cristina e identifica la presencia de policías con pasamontañas, pecheras y rodilleras, equipo del cual carece la Policía Municipal de Iguala. Cabe señalar que Chalma fue golpeado la madrugada del 14 de diciembre en Chilpancingo por policías federales aparentemente ebrios.

3. Declaración ministerial del estudiante Ángel Mundo Francisco, en la averiguación previa HID/SC/02/0993/2014. También reconoce a policías con guantes negros y equipo antimotines, que no usa la policía de Iguala.

4. Declaración ministerial del estudiante José de Jesús Vázquez –en la AP HID/SC/02/0993/2014–, quien señala la existencia de videos grabados por los estudiantes con celulares y afirma que entregó uno a la PGJG.

5. Videos grabados con teléfonos celulares por los estudiantes la noche del 26 de septiembre. En uno de ellos claramente un normalista identifica la presencia de la PF. “Ya se están yendo los policías… se van a quedar los federales y nos van a querer fastidiar”.

6. Entrevista con el licenciado Vidulfo Rosales, abogado de los estudiantes y de los padres de los desaparecidos, quien afirmó que desde sus primeras declaraciones ministeriales los normalistas señalaron la participación de la PF y el Ejército, y que a finales de noviembre ampliaron sus declaraciones al respecto ante la PGR, la cual no quiso darles copia de las mismas.

7. Declaración ministerial de Osvaldo Arturo Vázquez, escolta del exalcalde Abarca, quien declaró que éste y su esposa se retiraron de la explanada del centro de Iguala a las 20:45 horas, al terminar el informe de la gestión de ella al frente del DIF municipal, y luego fueron a cenar a una taquería en la colonia Río Balsas.

8. Entrevista con la señora Lili, dueña de la mencionada taquería, quien confirmó que el exalcalde y su familia fueron a cenar esa noche y se retiraron a las 22:20 horas. Se le preguntó si la PGR la había citado a declarar o si había ido a su local. Respondió que no.

9. Informe del gobierno de Guerrero que consta de más de 900 hojas en las que se desglosan las acciones realizadas durante el 26 de septiembre hasta el 4 de octubre, cuando la PGR atrajo el caso.

10. Tarjeta informativa (TI) número 02370, de dos hojas, firmada por el coordinador operativo de la región norte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero, José Adame Bautista.

11. Se obtuvo información en los C4 de Chilpancingo e Iguala acerca de que en sus instalaciones hay representantes de las policías Federal, Estatal y Municipal, así como del Ejército. Todos ellos reciben simultáneamente los reportes del 066.

12. Entrevista con Omar García, líder del Comité de Orientación Política e Ideológica de la Normal Rural de Ayotzinapa, quien afirma que 10 alumnos quedaron encerrados en un autobús que llegó a la terminal de Iguala, que éstos llamaron para pedir ayuda a sus compañeros y que los dos camiones monitoreados por la Policía Estatal y la PF se movieron de la caseta 3 hacia la central de autobuses.

13. Declaración ministerial de Felipe Flores Velázquez rendida el 27 de septiembre –AP HID/SC/0993/2014– en la cual asegura que a las 21:24 horas informó al jefe de la base de la PF en Iguala, Luis Antonio Dorantes, que los estudiantes estaban secuestrando camiones y aquél respondió que estaría pendiente.

14. Constancia de actuaciones en la AP HID/SC/0993/2014 sobre nuevas diligencias. En el análisis de los hechos dentro de la averiguación previa y “para la debida integración y perfeccionamiento”, la agente del Ministerio Público del fuero común Maribel Morales García solicitó con carácter de urgente las imágenes grabadas por las cámaras del C4 instaladas en la calle Juan N. Álvarez, de Iguala.

15. Oficio 7314. El 28 de septiembre Morales García pidió al titular de la PF en Iguala que informara urgentemente “si los elementos a su mando participaron de manera activa en los hechos que se registraron el 26 de septiembre”. Y en caso afirmativo, “señalar cuántos elementos se movilizaron en estas acciones”. La PF no respondió.

16. Oficio 7324. En la misma fecha Morales García pidió de manera urgente a la PF de Iguala copias certificadas de la bitácora de registro de entrada y salida del personal que laboró los días 26 y 27 de septiembre. La Policía Federal no respondió.

17. Oficio 7331. En la misma fecha Morales García pidió a la PF de Iguala un informe con el número de patrullas, su fecha de adquisición y asignación y copia de la licencia colectiva de resguardo del armamento en uso dentro de la corporación, “con el fin de resolver conforme a derecho la averiguación previa que se inició por los hechos violentos registrados el día 26 de septiembre”. La Policía Federal no contestó.

18. Seis hojas de la “Orden de los Servicios Operativos de Vigilancia, así como de los Servicios Administrativos que con esta fecha desempeñara el personal adscrito a esta corporación”. “Servicio de las 8:00 horas del día 26 de septiembre a las 8:00 horas del día 27 de septiembre del 2014”. Ninguno de los 165 efectivos de la SSP municipal tiene el nombre de David Hernández Cruz, quien según Murillo Karam señaló a Abarca como el que dio la orden de “contener” a los estudiantes.

19. Se visitó la base de la Policía Municipal de Iguala en Rayón 109. Se tomaron videos del exterior y del interior del inmueble que muestran lo modesto de las instalaciones, y que las casas y vecindades que la rodean tienen vista al patio central, donde supuestamente fueron llevados los estudiantes. Se cuenta con videos que demuestran que las patrullas con roll bar, como las usadas por la Policía Municipal y por la Federal –la cual ahora está encargada de esa base–, no caben por la puerta principal. Aunque aún no termina la investigación, las instalaciones están en remodelación.

20. Testimonios de personas ajenas al incidente, que vieron el ataque y señalaron la presencia de policías con uniformes distintos a los de los municipales.

21. Visita al corralón de Grúas Mejía Meta II, en Periférico Sur sin número, en Iguala, donde desde el 27 de septiembre hay cuatro autos particulares, una motocicleta, patrullas municipales y los tres camiones atacados en la calle Juan N. Álvarez. No fueron protegidos para preservar huellas y pruebas. Se constató directamente que apenas entre los pasados 12 y 14 de noviembre, peritos de la PGR acudieron al lugar a practicar pruebas periciales de los vehículos, una semana después de que el procurador general había anunciado en conferencia de prensa las conclusiones del caso.

22. Dictamen de integridad física número de folio 78336 realizado por la PGR a Néstor Napoléon Martínez Morales, a quien le atribuyeron el apodo de El Napo, detenido en Iguala y acusado de ser parte del grupo criminal Guerreros Unidos (AP PGR/SEIDO/UEIDMS/816/2014). En el documento se enumeran los daños físicos que presentaba.

23. Declaración ministerial de Martínez Morales donde afirma que las lesiones le fueron causadas con motivo de su detención y que fue golpeado por varios de los policías federales que lo aprehendieron.

24. Declaración ministerial de Raúl Núñez Salgado, alias El Camperra, detenido por la Marina en Acapulco y acusado por la PGR de ser operador financiero de Guerreros Unidos (AP PGR/SEIDO/UEIDMS/816/2014). Y “fe de integridad física” donde se enumeran todas las lesiones que presentaba. Su abogado pidió hacer un estudio de mecánica de lesiones.

25. Declaración ministerial de Sidronio Casarrubias Salgado rendida el 17 de octubre de 2014, causa penal 100/2014. Declaró que fue detenido en un restaurante y no en la carretera México-Toluca. Afirmó que apenas había salido de la cárcel hacía cinco meses y que no es líder de Guerreros Unidos. Fue quien declaró que supuestamente en los camiones donde viajaban los estudiantes iban integrantes del grupo delictivo Los Rojos y que por eso Guerreros Unidos, en complicidad con la Policía Municipal de Iguala, los atacó. Afirmó que los estudiantes fueron “asesinados”, “quemados” y arrojadas las cenizas al “río”. Y que supuestamente el procurador del estado, Iñaki Blanco, y el titular de la SSP de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez, estaban involucrados.

La PGR en sus conclusiones descartó que en los camiones hubieran viajado integrantes de Los Rojos y no ha presentado hasta ahora ninguna acusación contra Vázquez ni Blanco. Este último renunció al cargo a mediados de noviembre.

26. Declaración ministerial de Carlos Canto Salgado, alias El Pato, detenido en Iguala por marinos (PGR/SEIDO/UEID MS/816/2014). Dio una lista de supuestos integrantes de Guerreros Unidos, implicó a los comandantes de la Policía Municipal de Iguala, a Raúl Núñez Salgado, a José Luis Abarca, a El Napo y una decena más de personas identificadas por apodos.

27. Declaración preparatoria de Canto Salgado donde revela que efectivos de la Marina y funcionarios del gobierno federal lo torturaron sometiéndolo a asfixia, toques eléctricos, golpes y amenazas contra su familia. Que los marinos tenían una lista de nombres de personas contra las que debía declarar.

28. Dictamen de integridad física número de folio 78130 realizado por la PGR a Eury Flores López y Francisco Javier Lozano Cuevas, detenidos en Cuernavaca por la Marina (PGR/SEIDO/UEIDMS/816/2014). Se enumeran las múltiples lesiones con las que fueron presentados ante el MP.

29. Declaración ministerial de Lozano Cuevas, quien testificó que fue torturado por los marinos que lo detuvieron. El defensor público dejó asentado que pedía se le aplicara el Protocolo de Estambul, el procedente cuando hay tortura.








Iguala. La historia no oficial/Anabel Hernández y Steve Fisher

La historia no oficial/ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER

Revista Proceso No. 1989, 13 de diciembre de 2014

La noche del 26 de septiembre policías de Iguala y Cocula, obedeciendo órdenes del alcalde igualteco, atacaron a los normalistas de Ayotzinapa, mataron a tres y a otros 43 se los entregaron a Guerreros Unidos, grupo que presuntamente los asesinó e incineró. Esa es la versión oficial. Pero una investigación periodística, basada en documentos, audiovideos y testimonios, cuenta otra historia: El ataque fue orquestado y ejecutado por la Policía Federal, con la complicidad o franca colaboración del Ejército.

Fuerzas federales participaron en el ataque contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa la noche del pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, durante el cual murieron tres normalistas y 43 fueron desaparecidos en una sucesión de hechos conocida en tiempo real por el gobierno federal.

Un trabajo realizado con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley con base en testimonios, audiovideos, informes inéditos y declaraciones judiciales muestra que la Policía Federal (PF) participó activa y directamente en el atentado.

Aún más, de acuerdo con la información obtenida por Proceso en la Normal de Ayotzinapa, el ataque y desaparición de los estudiantes fue dirigido específicamente a la estructura ideológica y de gobierno de la institución, pues de los 43 desaparecidos uno formaba parte del Comité de Lucha Estudiantil, máximo órgano de gobierno de la escuela, y 10 eran “activistas políticos en formación” del Comité de Orientación Política e Ideológica (COPI).

Hasta ahora la versión oficial es que el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ordenó la agresión, preocupado por la posibilidad de que los estudiantes interrumpieran el informe de actividades de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, titular del DIF municipal.
Según esta versión, policías municipales de Iguala y del vecino ayuntamiento de Cocula atacaron y capturaron a los estudiantes, mientras Guerreros Unidos los asesinó y quemó, con el desconocimiento de los agentes federales y los soldados destacados en la zona. Sin embargo, los documentos y testimonios obtenidos revelan una historia diferente.

Un informe inédito del gobierno de Guerrero, fechado en octubre, entregado a la Secretaría de Gobernación (Segob) hace más de un mes y obtenido por Proceso en torno a los hechos del 26 y 27 de septiembre, señala que desde su salida de las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa los estudiantes eran monitoreados por agentes de las administraciones estatal y federal.

El documento reporta que a las 17:59 horas el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Chilpancingo informó que los normalistas partían de Ayotzinapa rumbo a Iguala. A las 20:00 horas la PF y la Policía Estatal llegaron a la autopista federal Chilpancingo-Iguala, donde los estudiantes empezaban a hacer una colecta. A las 21:22 horas el jefe de la base de la PF, Luis Antonio Dorantes, fue informado de la entrada de los jóvenes a la central camionera y a las 21:40 el C4 de Iguala reportó el primer tiroteo.
El informe añade que desde el pasado 28 de septiembre la Fiscalía General de Guerrero ordenó a la PF informar si sus agentes participaron en los hechos del 26 de septiembre; pidió el registro de entrada y salida del personal de su base de operaciones y exigió el número de patrullas y el registro del armamento usado del 24 al 28 de septiembre.

De acuerdo con la averiguación previa HID/SC/02/0993/2014, la PF no entregó esa documentación. El 4 de octubre, ante la presión política el gobierno de Guerrero declinó su competencia y desde entonces la administración de Enrique Peña Nieto tiene el control de la investigación.

Los videos

Este semanario pudo ver 12 videos grabados por los estudiantes con sus teléfonos celulares durante el ataque. En uno de ellos las víctimas identifican claramente la presencia de la PF. “¡Ya se están yendo los policías… se quedan los federales y nos van a querer fastidiar!”, es la advertencia de un estudiante que se escucha en una de las grabaciones.

En la historia reciente los normalistas de Ayotzinapa ya habían sido atacados por la PF.
El 11 de diciembre de 2011, durante una manifestación en la autopista México-Acapulco los federales dispararon contra ellos y mataron a los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. El expediente CNDH/1/2011/1/VG consigna que varios normalistas fueron detenidos y golpeados por la Policía Ministerial de Guerrero y por la PF.

Hasta ahora el gobierno de Peña Nieto ha ocultado la información que tiene acerca de la participación de la PF y el Ejército en los acontecimientos.

La tarjeta informativa número 02370, firmada por el coordinador operativo de la región Norte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero, José Adame Bautista, fechada el 26 de septiembre, afirma que a las 17:59 horas “reportaron vía telefónica desde el C4 Chilpancingo sobre la salida de dos autobuses de la línea Estrella de Oro con números económicos 1568 y 1531 con estudiantes de la escuela rural Ayotzinapa con dirección a la ciudad de Iguala”.

La Normal Rural Raúl Isidro Burgos está en el municipio de Tixtla, a una hora por carretera de Chilpancingo y dos de Iguala. Se reportó a los tres niveles de gobierno la salida de los estudiantes en tiempo real; esto indica que había vigilancia sobre ellos antes del ataque.
La tarjeta informativa de Adame agrega que los dos camiones llegaron a las 20:00 horas a la caseta de cobro número tres de Iguala. Un camión se quedó ahí y el otro, frente al restaurante La Palma en la carretera federal Iguala-Chilpancingo, a donde llegaron las policías Estatal y Federal.

 “Por lo antes narrado el suscrito (Adame Bautista), con tres elementos más, se trasladó a la caseta en mención, lugar donde se coordinó con personal de la Policía Federal sector Caminos al mando del oficial Víctor Colmenares Campos con cinco elementos más en tres unidades procediendo a monitorear las actividades de dichos estudiantes”, señala el documento.

El informe de la esposa de Abarca como presidenta del DIF municipal concluyó a las ocho de la noche –dos horas antes de que los estudiantes entraran a la ciudad–, según declaraciones judiciales de la averiguación previa HID/SC/02/0993/2014 abierta por el gobierno guerrerense –de la cual se tiene copia– y testimonios obtenidos por este semanario.

Omar García, líder del COPI de Ayotzinapa, entrevistado por Proceso en las instalaciones de la Normal, explica que este año a su escuela le tocó “recolectar” 20 camiones para que ésta y otras normales rurales fueran a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México. Antes de ir a Iguala ya habían “capturado” ocho camiones e iban por más. Contra la versión de la Procuraduría General de la República (PGR), afirma que no tenían intención de protestar contra el alcalde o su esposa.

Sostiene que en la carretera federal Iguala-Chilpancingo los normalistas tomaron un autobús, pero el chofer no quiso bajar al pasaje y dijo que les daría la unidad al llegar a la central. Pero cuando llegó a la estación, encerró en el vehículo a 10 estudiantes, quienes llamaron a sus compañeros para pedir ayuda.

Los refuerzos llegaron y rompieron la puerta del camión para sacar a sus compañeros. “Se armó el jaleo y llamaron a la policía”, apunta Omar. De la central tomaron otros camiones. Dos se fueron hacia Periférico Sur y otros tres debían tomar hacia Periférico Norte, pero equivocaron la ruta.

Testigos afirman que cerca de las 22:00 horas vieron circular tres autobuses de pasajeros por la calle Juan N. Álvarez y a la altura de la catedral los estudiantes comenzaron a bajar. El chofer que manejaba el primer camión, Hugo Benigno Castro, asentó en su declaración judicial que los jóvenes bajaron para preguntar a la gente por la salida a Chilpancingo.

 Se escucharon entonces los primeros disparos y la gente corrió. El policía municipal Raúl Cisneros declaró que tras ser informado de un posible asalto acudió a la zona. Dijo que en el lugar forcejeó con dos estudiantes que supuestamente lo quisieron desarmar, y su supervisor de turno, Alejandro Temescalco, y él dispararon al aire. Ahí no hubo heridos.

Los estudiantes ahuyentaron a las patrullas a pedradas. Los tres vehículos siguieron por la Juan N. Álvarez rumbo al Periférico.
 Federales

 El ahora exsecretario de Seguridad Pública municipal de Iguala, Felipe Flores Velázquez, en su declaración judicial el 27 de septiembre dijo que a las 21:22 horas recibió un reporte telefónico de que los estudiantes estaban tomando camiones. Aseguró que inmediatamente llamó a Luis Antonio Dorantes, jefe de la base de la PF, quien le dijo que estaría alerta.

 “A las 21:30 horas los radioperadores de la Policía Estatal del C4 Iguala y del Cuartel Regional me hacen del conocimiento que las operadoras del servicio de emergencias 066 han recibido llamadas telefónicas donde advierten que estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa están haciendo desmanes en las centrales de autobuses Estrella Blanca y Estrella de Oro”, indicó Adame Bautista en su tarjeta informativa.

 Al mismo tiempo que la Policía Estatal recibía el reporte, también lo recibieron la PF, el Ejército y la Policía Municipal de Iguala, instancias a las cuales el C4 les reporta. Desde ahí se controla la red de cámaras de vigilancia, algunas de ellas instaladas en el centro de la ciudad. Pero aun cuando la Fiscalía General del Estado pidió las imágenes, nunca le fueron entregadas.

 En el documento citado se afirma que a las 21:40 horas el C4 de Iguala recibió el reporte de “detonaciones de arma de fuego”. Según Adame Bautista su policía no atendió la contingencia por órdenes del subsecretario de Prevención y Operación de la Policial Estatal, Juan José Gatica Martínez.

Natividad Elías Moreno, operador de radio de la policía de Iguala y quien trabajaba en el Palacio Municipal la noche del 26 de septiembre, explica en entrevista que el C4 del municipio está conectado al Sistema Nacional de Seguridad Pública, controlado por la Segob. Afirma categórico que todos los reportes que llegan al C4 van simultáneamente a la PF, al Ejército y a las instancias federales de seguridad.
El pasado 7 de noviembre el procurador general Jesús Murillo Karam afirmó que el “operador de radio de la central de policía de Iguala, David Hernández Cruz”, declaró que fue Abarca quien ordenó el ataque a los estudiantes. De acuerdo con la copia obtenida por este semanario de la “orden de los Servicios Operativos de Vigilancia, así como de los Servicios Administrativos”, ningún empleado de dicha corporación tiene ese nombre.

Los documentos obtenidos indican que desde el 28 de octubre la Segob y el senador priista Omar Fayad –cabeza del grupo de trabajo encargado de indagar lo ocurrido en Iguala– recibieron el informe pormenorizado del gobierno de Guerrero.

El segundo ataque

El segundo ataque tuvo lugar unas cuadras antes de llegar al Periférico de Iguala. Las balas impactaron los vidrios de los vehículos, poncharon las llantas y una patrulla municipal le cerró el paso a la caravana de tres autobuses. En una acción coordinada y táctica los estudiantes quedaron atrapados entre dos fuegos, sin posibilidad de escapar.

Algunos estudiantes intentaron mover la patrulla municipal, pero les dispararon. El normalista Cornelio Copeño dijo que ese fue el momento en el cual su compañero Aldo Gutiérrez recibió el disparo en la cabeza.
Los 12 videos obtenidos captaron la agresión. En un audio sin imagen se escuchan las ráfagas. En otro se ve a Aldo tirado al lado de una patrulla agitando los brazos. Y en una grabación más se escucha que los estudiantes reclaman a los policías por qué recogen los casquillos percutidos.

El tercer autobús fue el más dañado. Asientos y pasillos quedaron manchados de sangre, como se ve en las fotografías tomadas por los estudiantes. Fue de ahí de donde se llevaron a algunos de los 43 desaparecidos.

El estudiante Francisco Trinidad Chalma declara que durante el segundo ataque “policías municipales” bajaron a sus compañeros y en el costado izquierdo del camión los tenían sometidos. “Eran como 17 o 18 y policías eran alrededor de 60. Al parecer había compañeros heridos porque los tuvieron un rato en el suelo”.

Otros testimonios de los mismos estudiantes hablan de “patrullas municipales” y “más patrullas”, y afirman que algunos atacantes estaban equipados con pecheras, rodilleras, cascos, coderas y pasamontañas, y una patrulla traía un soporte para ametralladora desde donde un uniformado los encañonó. Otros agregan que los policías adoptaron posición de tiro. Se investigó que la Policía Municipal de Iguala no usa ese equipo ni éste forma parte de los objetos asegurados por la fiscalía.

“Pregunté quiénes habían sido los que les habían disparado, manifestándome los compañeros que habían estado en el lugar de los hechos que primeramente fueron los policías municipales, quienes con un vehículo tipo patrulla les obstaculizaron la circulación, y unos compañeros se bajaron a hacer la patrulla a un lado para que los dejaran pasar, y que al momento de que intentaron mover la patrulla (…) llegaron elementos de la Policía Federal y ellos fueron los que dispararon en contra de mis compañeros, hiriendo a varios de éstos, y resultó muerto uno de ellos, sin saber el nombre de éste, por lo que los demás compañeros se bajan de los autobuses y salen corriendo para protegerse de las balas de los federales, por lo que se pusieron atrás de los autobuses y otros se tiraron al piso, y que uno de los federales se puso a fumar un cigarro en una esquina, y haciendo ademanes de que se arrimaran, ya de ahí los federales empezaron a recoger los casquillos para no dejar evidencias de los hechos”, declaró a la fiscalía el estudiante Luis Pérez Martínez.

Un testigo entrevistado por Proceso señala que fue a ver qué pasaba. Cuando llegó, la calle estaba cerrada por policías encapuchados, con armas largas, uniformes oscuros y se fijó en el detalle de que no usaban pantalones como los de los policías municipales. Uno de los videos revisados por los reporteros demuestra que entre los atacantes sí había agentes de la PF.

Se buscó en la Normal de Ayotzinapa a los estudiantes que estuvieron durante los tres ataques ocurridos en la calle Juan N. Álvarez, pero no fue posible localizarlos pues a la mayoría de ellos sus padres los sacaron de la escuela poco después de que los jóvenes declararon ante las autoridades, la mañana del 27 de septiembre, a las cuales, por temor, les dieron nombres falsos.

Vidulfo Rosales, abogado de los normalistas y de los padres de los desaparecidos, dice a Proceso que tras el ataque hubo confusión y miedo, pero que desde un inicio los estudiantes declararon que la PF participo en el ataque. En los últimos días de noviembre los jóvenes ampliaron sus declaraciones ante la PGR para dar más detalles de la participación en los hechos de la PF y el Ejército.
Municipales y Ejército

La base de la policía de Iguala está en el número 109 de Rayón, un callejón. La PGR sostuvo que esa noche los 43 estudiantes fueron trasladados ahí en patrullas y después fueron entregados a Guerreros Unidos.

La base tiene una sola entrada y por su portón no caben las camionetas con roll bar que usa la Policía Municipal. Esto se verificó pues la PF, que ahora resguarda esas instalaciones, usa el mismo tipo de unidades y éstas no pueden pasar. Los detenidos son bajados en la calle y entran caminando.

Por dentro las oficinas de una sola planta forman una especie de escuadra y todas tienen vista a un patio abierto con forma triangular al cual también tienen vista las casas aledañas. Los vecinos afirman a este semanario no haber visto ni escuchado nada fuera de lo común esa noche.

Ante diputados federales, el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, afirmó el 13 de noviembre que el 27 Batallón de Infantería supo del ataque dos horas después de ocurrido. Pero según esta investigación, los militares sí fueron informados a través del C4 y comandos del batallón estaban en la zona cuando todo pasó.

Luego del segundo ataque, entre las 23:00 y las 24:00 horas, un capitán del que sólo se conoce el apellido, Crespo, del 27 Batallón de Infantería, llegó a la base de la Policía Municipal de Iguala junto con otros 12 militares.
Crespo habló con el juez de barandilla Ulises Bernabé García y con el pretexto de buscar “una motoneta blanca” se metió a inspeccionar las celdas, oficinas y el patio. Testigos de la visita del capitán dijeron que después de que se supo de la desaparición de los estudiantes, les pareció más sospechosa.

El 21 de noviembre Bernabé García fue citado a declarar por primera vez por una autoridad desde que ocurrieron los hechos. Dijo a la PGR lo ocurrido con el capitán Crespo y afirmó que los estudiantes de Ayotzinapa nunca fueron llevados a la base de la Policía Municipal.
El 30 de octubre a las afueras de Iguala fue colocada una manta dirigida a Peña Nieto supuestamente firmada por un narcotraficante apodado El Gil. En ésta se responsabilizó de la muerte y desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, entre otros, al “capitán Crespo”, a quien se acusó de trabajar para el crimen organizado.

A las 23:00 horas Omar García y otros estudiantes de Ayotzinapa llegaron a Iguala luego de recibir llamadas de auxilio de sus compañeros. Hubo una hora sin disparos y ya no se veía a ningún policía. Los normalistas llamaron a la prensa y mientras daban una conferencia en la esquina del Periférico y Juan N. Álvarez, un comando abrió fuego contra ellos a distancia. Cuando echaron a correr hubo varios heridos y dos estudiantes cayeron muertos: Daniel Solís y Yosivani Guerrero.

El cuerpo de Julio César Mondragón, el tercer estudiante asesinado, apareció al día siguiente en las inmediaciones del C4 con el rostro desollado y con un globo ocular desprendido. No tenía ningún disparo y según la necropsia murió por fractura de cráneo.
García dice a este semanario que quienes dispararon era gente entrenada: “Es obvio que era gente muy capacitada; he sido testigo de muchas balaceras en muchos lugares”, afirma.

“El Ejército llegó rápidamente. Entró. Cortaron cartucho a modo de que iban, no sé, contra delincuentes, nos acusó de que estábamos allanando morada, que nos iban a llevar a todos, pues que éramos delincuentes”. Señala que los obligaron a quitarse la camisa, revisaron si traían armas, les tomaron fotografías y les pidieron sus nombres reales.

“‘No quiero que me den nombres falsos porque si me dan un nombre falso, nunca los van a encontrar’. Eso lo dijo así, textualmente”, afirma Omar. “Nos estaban insinuando que nos iban a desaparecer o que nos iban a tener en algún lugar”.

Simultáneamente al tercer ataque hubo una cuarta agresión contra uno de los camiones de normalistas que tomó hacia Periférico Sur. De acuerdo con el informe de la Fiscalía de Guerrero, el camión Estrella de Oro fue atacado en el tramo Iguala-Mezcala, tenía vidrios rotos y llantas ponchadas. Se localizaron piedras, un suéter, un pañuelo y ocho playeras, una de ellas con sangre y residuos de gas lacrimógeno, el cual tampoco usa la policía de Iguala.

Tras los hechos del 26 y 27 de septiembre, el jefe de la base de la PF en Iguala, Luis Antonio Dorantes y el oficial Víctor Colmenares fueron removidos de sus cargos, se informó a Proceso en la base policiaca.

Se solicitó a la PGR y a la Segob un comentario sobre la participación de la Policía Federal y el Ejército en el ataque a los normalistas. En nombre de la procuraduría, un funcionario aceptó fijar una postura “institucional” y exigió su anonimato personal.
Dijo que el procurador Jesús Murillo Karam ya había señalado que “las investigaciones continúan y que van a llegar hasta sus últimas consecuencias”. La respuesta a las preguntas planteadas forma parte de esa  investigación, agregó la fuente, y “por tanto nada podemos decir”. L

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Declaraciones a base de torturas

En torno al caso del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, actas de la Procuraduría General de la República (PGR) prueban que al menos cinco de los supuestos integrantes de Guerreros Unidos detenidos y que declararon contra el exalcalde igualteco José Luis Abarca y contra las policías de Iguala y Cocula fueron previamente torturados por marinos y policías federales.

Sidronio Casarrubias, a quien la PGR señala como máximo líder de Guerreros Unidos, fue detenido el 15 de octubre entre las 21:00 y las 22:00 horas en un restaurante, aunque la procuraduría dijo que fue atrapado mientras circulaba por la carretera México-Toluca. Aceptó ser hermano de Mario Casarrubias, acusado de narcotráfico, pero negó pertenecer al grupo criminal.
 La PGR usó su testimonio para decir que entre los estudiantes había miembros del grupo criminal Los Rojos y que estaban armados, así como que el alcalde de Iguala daba al grupo una cuota millonaria bimestral o mensualmente.

 Según la dependencia fue Sidronio quien confirmó que los estudiantes estaban muertos, aunque no ofreció pruebas.
 Raúl Núñez Salgado, quien tiene una carnicería en Iguala y se dedica a organizar bailes y jaripeos, fue detenido el 16 de octubre cuando salía de un centro comercial en Acapulco. La PGR lo acusa de ser operador financiero de Guerreros Unidos y afirma que “confesó” el pago de sobornos a la policía de Iguala y al alcalde.

 En la “fe de integridad física” levantada en la PGR se asienta que antes de declarar, Núñez presentaba más de 30 tipos de lesiones, entre ellas hemorragia interna en los ojos, huellas de golpes en los oídos, moretones de 12 por ocho centímetros en la mejilla, marcas en el cuello y brazos y golpes en las costillas. Por esas contusiones presentó una queja contra los marinos que lo detuvieron.

 Carlos Canto, El Pato, profesor de secundaria y propietario del bar La Perinola, fue detenido en Iguala el 22 de octubre a las 03:00 horas por la Marina y la Policía Federal (PF). La PGR lo acusa de delincuencia organizada y de la desaparición de los estudiantes. Fue obligado a declarar contra Núñez Salgado, contra profesores amigos suyos y contra Abarca. El 29 de octubre dijo en su declaración preparatoria que fue torturado con toques eléctricos y golpes por la Marina para declarar con base en una lista de nombres preparada por ellos.
 El 7 de noviembre, durante la conferencia de prensa para informar acerca del presunto asesinato y cremación de los normalistas, el procurador general Jesús Murillo Karam presentó el testimonio de otro individuo igualmente apodado El Pato, Patricio Reyes Landa, visiblemente golpeado, quien supuestamente confesó que había matado y quemado a los estudiantes.

 Insectos eléctricos

 Francisco Lozano y Eury Flores fueron detenidos el 27 de octubre por la Marina en un departamento de Cuernavaca, Morelos, aunque según los marinos el arresto ocurrió a las 5:00 horas del día 28, cuando interceptaron su coche, donde supuestamente traían armas y cartuchos. Están acusados de delincuencia organizada, delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego. Flores declaró que pertenecía al grupo de Guerreros Unidos y que Núñez Salgado y Abarca también.

 Según las constancias de integridad física de la PGR, Flores presentaba hematomas en las costillas, en un ojo y un labio, y dijo querer presentar denuncia contra quien lo golpeó. Lozano tenía una herida en el tórax y las muñecas amoratadas, “y en la parte trasera de la espalda, arriba de los glúteos, se aprecian picaduras, al parecer de algún insecto con terminación puntiforme”… huellas del arma eléctrica con la cual lo atormentaron. Lozano declaró al Ministerio Público que fue torturado por los marinos que lo detuvieron.

 Néstor Napoleón Martínez, empleado de contabilidad e hijo de un funcionario de la Secretaría de Salud guerrerense, tuvo la misma suerte. Lo detuvo la PF el 27 de octubre en Iguala a las afueras del Centro Cristiano Nueva Vida. Cuando fue presentado en la PGR tenía al menos 10 lesiones, entre ellas un hematoma de 13.5 por seis centímetros en el vientre y cuatro heridas con costra en el muslo, cerca de la ingle. Acusó de las lesiones a los policías que lo detuvieron y se reservó su derecho a declarar.

 La fuente de la PGR a la que recurrieron los reporteros se limitó a responder que esa institución “desconoce los hechos”.

Búsqueda entorpecida

Anabel Hernández y Steve Fisher

Pese a sus expresiones públicas de duelo por el ataque a los normalistas de Ayotzinapa la noche del pasado 26 de septiembre y la madrugada del día siguiente —con saldo de tres estudiantes asesinados, nueve heridos y 43 desaparecidos—, el gobierno federal no permitió que se buscara a los jóvenes dentro de las instalaciones de las bases militares en Iguala ni en las de la Procuraduría General de la República (PGR) o el Centro de Operaciones Estratégicas (COE).

El mismo 27 de septiembre el gobierno federal anunció que se sumaba a la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos en apoyo al gobierno de Guerrero.

Sin embargo impidió que esa búsqueda se hiciera en la base que comparten la PGR y el COE del gobierno federal en Iguala y apenas permitió una revisión parcial en las instalaciones de los batallones de Infantería 27 y 41, según el informe de 81 hojas elaborado por el agente auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común Elmer Rosas Asunción y fechado el pasado 2 de octubre.

El 28 de septiembre a las 11:00 horas, la agente del Ministerio Público especializada en búsqueda de personas no localizadas, Elizabeth López Peña, ordenó una inspección completa en el 27 Batallón de Infantería, la base del COE/PGR, la base de la PF en Iguala, así como las sedes de las policías Estatal y Municipal en esa ciudad guerrerense.

La instrucción de López Peña fue “verificar si en dichas instalaciones existen o no personas recluidas en las áreas asignadas como de segundad o áreas carcelarias”. También recabar “bitácoras o libros de gobierno y/o relación de las personas que son ingresadas en calidad de detenidas”.

La inspección debía ser en las áreas de separos y en el “resto de las instalaciones destinadas a oficinas, habitaciones, bodegas, y verifiquen la existencia de cámaras de video; de ser necesario solicitar los videos de las fechas 26, 27 y 28 de septiembre del año en curso”.

Por experiencias previas, los normalistas sobrevivientes y los padres de los desaparecidos temieron que éstos se hallaran en instalaciones del gobierno federal: El 12 de diciembre de 2012, durante una protesta en la autopista México-Acapulco, efectivos de la Policía Federal (P19 dispararon contra los estudiantes y se llevaron detenidos a 17 de ellos al Cuartel Regional Federal, en Chilpancingo, donde los golpearon, como se desprende de la recomendación VG/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Permisos a medias

Rosas Asunción se presentó con dos testigos a las sedes de los batallones de Infantería 27 y 41 en Iguala, ambos ubicados en el mismo lugar, cerca de la plaza Tamarindos.

Ahí fueron recibidos por el coronel de Infantería José Rodríguez Pérez, quien señaló, según la relatoría de Rosas, que “en las instalaciones que ocupan los batallones no cuentan con áreas de seguridad de detenidos, ya que al momento que llegan a detener a individuos, éstos son canalizados directamente a las diferentes dependencias a donde correspondan”.

Rodríguez Pérez dijo que por motivos de “seguridad nacional” no podía mostrar todas las instalaciones y pese a la urgencia, debía tramitarse una petición a la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, “para que autoricen una inspección general”.

El coronel dijo al agente auxiliar del MP que dentro del batallón hay un “área de sanitario habilitado como área de seguridad con puerta de celda”, dentro de la sala de guardia y prevención, y que según su dicho esa área, cerrada con candado y con etiquetas de papel, era usada para “depósito de enervantes”.

“Campo Militar No. 35-C Iguala Gro a 24 de septiembre 2014 prohibido el paso. Zona restringida sólo personal autorizado P O del Cor de lnf Cmte Btn el Myr de lnf jefe de la S110 Luis Alberto Rodríguez Chávez B-9445759”, decían las etiquetas.

De acuerdo con Rosas sólo se les permitió “observar y tomar imágenes fotográficas del lugar referido”. Pudieron asomarse por la reja y vieron muebles de estantería, una caja de cartón cerrada y una cubeta. No se les permitió revisar el resto de las instalaciones. En el reporte no se menciona si había cámaras de seguridad dentro del batallón ni si se obtuvo una bitácora de detenidos.

La siguiente visita del día fue al cuartel de la Policía Estatal, en la carretera Iguala-Tuxpan, donde el comandante José Antonio López Ruiz permitió una amplia inspección. No se reportó ninguna novedad.

La tercera se hizo en la base de la PF en Iguala, donde Rosas fue atendido por el oficial Mario Mayorga Duarte. Se informa que no había un área de seguridad o carcelaria y se permitió una amplia inspección. No hubo novedad, reportó el agente auxiliar del MP.

La cuarta tuvo lugar en la base de la Policía Municipal de Iguala, donde se pudo hacer una revisión completa y sin novedad.

Una quinta fue a las instalaciones de la PGR y el COE, en la calle Nicolás Bravo sin número, en el centro de Iguala Ahí los enviados de López Peña fueron atendidos por el oficial de guardia Fidel Jiménez Morales, quien aceptó que había un “área de seguridad (...) pero para tener acceso a todas las instalaciones, así como a la toma de fotografías se comunicaría vía telefónica con el agente titular del Ministerio Público federal; al cabo de unos minutos informó que no era posible acceder por motivos de seguridad”.

A partir del 4 de octubre la PGR anunció que atraería el caso de los normalistas de Ayotzinapa, pero ninguna investigación se hizo en torno a la participación de la PF y el Ejército. Y según la información pública, tampoco ha habido una inspección profunda en las bases militares de Iguala ni en la de la propia PGR.

En el informe elaborado por el gobierno de Guerrero sobre el caso se señala que la Fiscalía General del Estado “recibió reportes anónimos en el sentido de que algunos de los normalistas desaparecidos se encontraban en la comandancia de la Policía Municipal de Iguala, otros más en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería y otros en el cuartel de la Policía Estatal”. El Ministerio Público fue a dichos lugares “sin que se obtuvieran resultados positivos”. •

La pira que no se vio ni desde el aire

Anabel Hernández y Steve Fisher

Una bitácora de vuelo contribuye a derribar la versión difundida el pasado 7 de noviembre por el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, de que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre fueron incinerados el 27 de septiembre en un basurero de Cocula.

Un experimentado piloto militar que trabaja en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero y quien durante 10 años laboró para la PGR, voló ese día sobre Iguala y sus alrededores para buscar a los estudiantes desaparecidos.

De acuerdo con su bitácora, el vuelo tuvo lugar justo en las horas en las cuales, según el titular de la Procuraduna General de la República (PGR), habría una inmensa hoguera donde eran calcinados los cuerpos de los estudiantes en el basurero de Cocula, a menos de 30 kilómetros de Iguala. Pero el piloto reportó “sin novedad”.

Según la conferencia de prensa de Murillo Karam el pasado 7 de noviembre, Patricio Reyes Landa, El Pato; Jonathan Osorio Gómez, El Jona, y Agustín García Reyes, El Chereje, supuestos miembros de Guerreros Unidos, confesaron que mataron y quemaron a los 43 estudiantes desaparecidos. Con llantas, madera, gasolina y diésel hicieron una inmensa pira que ardió entre la medianoche del 26 de septiembre hasta las 15:00 horas del día siguiente.

No fue sino hasta las 17:30 horas del 27 de septiembre cuando supuestamente pudieron manipular los restos, ponerlos en ocho bolsas negras de basura y tirarlos al río San Juan, donde después habrían sido encontradas por la Policía Federal.

Pero ese mismo 27 de septiembre, entre las 12:00 y las 13:06 horas el helicóptero UH-1 H matrícula XC-LLC de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, como parte del operativo de búsqueda de los estudiantes desaparecidos, voló a 350 pies —altura considerada baja en la aeronáutica civil— sobre la cabecera municipal de Iguala y sus alrededores. Pero luego de una hora de vuelo el reporte fue: “Sin novedad”.

De acuerdo con la bitácora, el piloto fue Andrés Pascual Chombo López.

Información de la Secretaría de la Función Pública asienta que éste es piloto aviador militar. De 1993 a 1999 fue comandante de nave en el área de Operaciones Aéreas de la Fuerza Aérea Mexicana. De 2002 a 2012 trabajó en la PGR; en 2002 era piloto de servicio aéreo en el área de Asistencia Técnica. En 2009 fue ascendido a capitán con tareas de vigilancia, adscrito a la Dirección General de Servicios Aéreos; luego pasó a la Unidad de Intercepción Aérea, y en agosto de 2012 se dio de baja de la PGR.

No fue aquél el único vuelo de Chornbo López ese día A las 11:00 horas salió en el helicóptero de Chilpancingo rumbo a lguala. Luego del primer vuelo de inspección volvió a despegar a las 18:00 horas desde la cancha de futbol a un costado del cuartel de la Policía Estatal y aterrizó a las 18:06 horas en el aeródromo de Iguala para partir de ahí a las 18:16 horas rumbo a Chilpancingo con funcionarios del gobierno guerrerense a bordo.
En ninguno de los vuelos del 27 de septiembre notó nada inusual.

Aún más: El 28 de septiembre se realizaron “diversos vuelos a baja altura” con un helicóptero Enstrom 480 B, matrícula XC-LKP, “con la finalidad de rastrear o ubicar desde el aire algunos lugares, baldíos, terrenos y vados donde pudiera haber pertenencias o indicios del paradero de los jóvenes, sin que se hubiese obtenido información que llevara a su localización”, según un informe elaborado por el gobierno de Guerrero, fechado el 2 de octubre.

Científicamente imposible

El jueves 11, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuestionaron la veracidad de esta versión. Afirmaron que para quemar 43 cuerpos se hubieran necesitado 33 toneladas de troncos.

“Si los cuerpos se hubieran quemado para reducirlos a los restos mostrados por la PGR, se hubieran necesitado 995 llantas. La hipótesis de que fueron quemados en el basurero de Cocula no tienen ningún sustento en hechos físicos o químicos naturales”, dijo a la prensa Jorge Montemayor, investigador titular del Instituto de Física de la UNAM.

Agregó que si los cuerpos se hubieran quemado con las 995 llantas, forzosamente hubieran quedado como residuos 2.5 toneladas de alambre de acero… que nadie vio.

Además se necesitarían temperaturas de más de mil 500 grados, lo que hubiera provocado una columna de fuego y humo visible a varios kilómetros a la redonda.

“Es imposible que hayan sido quemados en Cocula y la autoridad está en un serio problema porque, si no se quemaron en Cocula, ¿quién los quemó y en dónde?”, apuntó. •

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