8/10/18

PROCLAMA DEL COMITÉ 68 EN EL 50 ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO EL 2 DE OCTUBRE

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PROCLAMA DEL COMITÉ 68 EN EL 50 ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO EL 2 DE OCTUBRE

Mucho ha cambiado para bien nuestro país en las últimas décadas; pero son numerosos los problemas que perduran; y otros son diferentes y más grandes. A 50 años del movimiento estudiantil de 1968 es necesario reconocer los avances y los retrocesos en cuanto a las libertades democráticas y la vulneración de la integridad de las personas, así como precisar cuáles son los nuevos retos de las generaciones actuales.
El movimiento estudiantil popular de 1968 luchó contra el autoritarismo y la represión imperantes en la sociedad con un pliego petitorio que simplemente expresaba el anhelo de hacer efectivas las libertades democráticas que estaban impresas en la Constitución Política. Como muestra de su disposición democrática y de la transparencia de sus propósitos planteó un diálogo público con el gobierno.
La respuesta del régimen fue estigmatizar a los estudiantes y se negó a ceder a sus demandas por considerar que tenía que preservar el “principio de autoridad”. Este fue el error que lo condujo a una derrota política de enorme trascendencia.
 Los reveses que sufrió el gobierno y la derrota de su principio de autoridad
La campaña de desprestigio al movimiento que le atribuía estar promovido por los países comunistas no tenían ningún sustento y no logró engañar a la opinión pública. Igualmente quedó en ridículo la campaña en la que el propio presidente Gustavo Díaz Ordaz imputaba a los estudiantes conductas que atentaban contra la moral social y ponían a las mujeres en riesgo de ser agredidas por los jóvenes, hijos de padres divorciados que se comportaban como hordas incontroladas. Los estudiantes respondieron de forma inequívoca demostrando en la práctica su capacidad de autocontrol y que su disciplina no era producto del miedo, del control autoritario o de las amenazas represivas, sino que se trataba de una disciplina consciente: este fue el significado de la marcha del silencio.
La eficacia de la disciplina consciente se expresó en esa marcha como la antítesis del principio de autoridad. El punto del diferendo se volvió más nítido, pues lo que políticamente estaba en juego eran dos alternativas para el país: libertades democráticas o hacer prevalecer el principio de autoridad.
Para imponer lo segundo el gobierno planeó una emboscada. Díaz Ordaz nombró dos representantes gubernamentales que se reunieron el mismo 2 de octubre en la casa del rector Javier Barros Sierra con una representación del Consejo Nacional de Huelga (CNH) que sólo estaba mandatada para abordar el tema de los mecanismos del diálogo que se suponía que se iba a entablar,
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no para hablar de los puntos del pliego petitorio. Se trataba de un primer acercamiento y ahí ambas partes acordaron que habría una nueva reunión en los siguientes días.
 La traición
En medio del optimismo que generó en el movimiento la perspectiva de la disposición gubernamental al diálogo que se demandaba, se inició la concentración en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, al tiempo que el Ejército tendió un triple cerco militar que –una vez que recibió la señal de las luces de bengala que se arrojaron desde un helicóptero– procedió a masacrar indiscriminadamente a los que estaban en la plaza y a detener a miles de manifestantes, en especial a los dirigentes que se encontraban conduciendo el acto en un balcón el edificio Chihuahua.
La traición, mediante el aplastamiento militar para destruir el movimiento no representó un triunfo político del gobierno, por el contrario fue el tiro de gracia a la ya muy cuestionada legitimidad del principio de autoridad. La huelga se mantuvo por dos meses más en la mayoría de las escuelas –a pesar de que sus dirigentes, especialmente los que habían tenido mayor influencia en las líneas de conducción dentro del CNH estaban presos o a salto de mata– hasta que el 5 de diciembre se regresó a clases.
El movimiento estudiantil tampoco alcanzó las libertades democráticas, pero políticamente no fue derrotado porque la legitimidad de sus objetivos se mantuvo y permeó en la sociedad. Con la convicción de que era necesario luchar por la justicia y la democracia, miles de jóvenes se organizaron en las siguiente décadas para integrarse e impulsar movimientos sociales y políticos en diversos ámbitos y con diferentes medios.
La efervescencia de las luchas continuó siendo combatida mediante el terrorismo de Estado instrumentado con la guerra sucia, pero la convicción de que “protestar es un derecho y reprimir es un delito” –como lo expresa Martín Almada, el descubridor de los archivos del horror en Paraguay– es el mayor legado político de la lucha estudiantil de 1968 a las siguientes generaciones; y es la derrota ideológica y política del gobierno a su principio de autoridad.
 Poderes fácticos y formales: obligados a suspender la satanización del movimiento
A lo largo de 50 años, la lucha por la verdad y por preservar la memoria de la gesta estudiantil y del crimen de Estado, ha logrado revertir la estigmatización a los jóvenes que los poderes fácticos y los formales difundieron contra los estudiantes, pero persisten en favorecer la impunidad de los gobernantes:
Televisa se ha visto obligada a desistir de los infundios que propagaba en contra del movimiento estudiantil, por lo que ahora esa cadena televisiva aparenta simpatizar con él y condenar la masacre gubernamental de la que fue objeto. Sólo que se niega a dar a conocer sus archivos fílmicos, los cuales permitirían avances muy sustanciales para el esclarecimiento puntual de los hechos.
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La iglesia de Santiago Tlatelolco, que el 2 de octubre se negó a abrir sus puertas a los jóvenes que pedían protegerse en ella, ahora se apresta a colaborar con elementos de infraestructura para que un grupo realice actividades político- culturales en la plaza para conmemorar esa fecha.
El poder legislativo que en 1968 alabó la masacre, aprobó una reforma legislativa que fue promulgada por el Ejecutivo en 2011 para que el 2 de Octubre sea considerado día de luto nacional, por lo que incluso el Ejército en todos sus cuarteles y guarniciones está obligado por ley a rendir homenaje a sus propias víctimas reconociéndolas como “caídos en la lucha por la democracia en la plaza de Tlatelolco en 1968”. Esto no es producto de una graciosa concesión, sino de la persistencia de la lucha de quienes lo han exigido.
No obstante, la reforma que los legisladores hicieron en 2009 al artículo 55 del Código Penal para permitir que los reos mayores de 70 años que no representen un peligro para la sociedad y cuyos delitos no sean graves, se mantengan en prisión domiciliaria, ha sido interpretada como un acuerdo a modo para beneficiar a los criminales del 68; lo cual hace sentido porque, a pesar de que el delito de genocidio sí es grave y Luis Echeverría sigue representando un peligro, se le permitió acogerse a este beneficio.
El poder Judicial –que sin ninguna independencia del Ejecutivo simuló los juicios en contra de 68 líderes del movimiento y simplemente firmó las sentencias elaboradas en la Secretaría de Gobernación para mantenerlos en prisión– en 2007 tuvo que resolver que el 2 de octubre se configuró el delito de genocidio. Esa sentencia tiene carácter definitivo, es decir, no procedería jurídicamente apelación o amparo alguno. (http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/ExpedienteyTipo.asp?TipoAsunto=11&TipoProcedimiento=979&Expediente=132%2F2007&Buscar=Buscar&Circuito=1&CircuitoName=PRIMER+CIRCUITO&Organismo=48&OrgName=Quinto+Tribunal+Colegiado+en+Materia+Penal+del+Primer+Circuito&TipoOrganismo=0&Accion=1).
No obstante, para proteger a los genocidas y liberar a Luis Echeverría, los juzgadores dijeron que no habían encontrado pruebas que lo identificaran como responsable de ese delito, lo cual es inconsistente, pues no puede haber genocidio sin genocidas porque, tratándose de un crimen de Estado, es necesario y obligado identificar a sus autores en lo individual y sentenciarlos, mediante los mecanismos del derecho: la cadena de mando y el dominio del hecho, a través de las estructuras organizadas del poder.
La falta de compromiso del poder Judicial con la impartición de justicia se mostró también en 2007 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación se negó a atraer el caso del 2 de octubre y salvo el ministro Juan Silva Meza, quien emitió un voto particular, los otros ministros resolvieron que el caso no tenía importancia ni trascendencia, por lo que lo dejaron en manos de un tribunal intermedio.
La actitud timorata de los jueces tratando de quedar bien con dios y con el diablo, se evidencia también en la libertad PROVISIONAL que se le otorgó a Luis Echeverría, después de haberlo mantenido en prisión domiciliaria durante más de dos años, no fue una absolución o una exoneración, como sus seguidores hacen creer a la opinión pública, y parece que los juzgadores, apuestan a que el transcurso del tiempo sea la tabla de salvación que les evite cumplir con su obligación de impartir justicia.
El poder Ejecutivo, en particular el del sexenio de Vicente Fox, también ha tenido un comportamiento errático. Inicialmente el presidente intentó proyectar una imagen encaminada a reivindicar la verdad del 68 y a no proseguir con la impunidad, para lo cual decretó la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos de Pasado (Femospp), pero luego se
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instrumentaron formas encaminadas a manejar a su titular, Ignacio Carillo Prieto, a controlar su conducción en las investigaciones ministeriales y a impedir que las averiguaciones que integró fueran consignadas por el delito de genocidio.
El fiscal no se doblegó, y en la página electrónica de la Procuraduría General de la República se subió el Informe Histórico de la Femospp, pero unos días después desapareció el informe y finalmente la PGR decretó la extinción de esa fiscalía y congeló las investigaciones ministeriales que había concluido. Es muy significativa la posterior inhabilitación administrativa del fiscal Carrillo Prieto.
Largo ha sido el camino en contra de la impunidad y falta aún mucho para lograr que los responsables paguen sus crímenes de acuerdo con la ley, en ese esfuerzo el Comité 68 no ha cejado y hoy refrenda su compromiso de no dejar inconclusas las acciones que están en proceso.
Demandamos:
1. Que se declare nula de pleno derecho la ilegal extinción de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos de Pasado. (Femospp) que decretó la Procuraduría General de la República (PGR) sin tener facultades para ello.
2. Que se reactiven los procedimientos ministeriales en contra de Luis Echeverría y se consignen las 54 averiguaciones que integró la Femospp en contra de los generales de alto mando que participaron en la instrumentación de la masacre y toda su secuela (levantamiento de los cuerpos, alteración de la escena del crimen etc.)
3. Que se proceda en contra de todos los miembros del Batallón Olimpia, cuyos nombres fueron dados a conocer por nuestro compañero Raúl Álvarez Garín en diciembre de 1993 en la Cámara de Diputados, donde quedaron en actas.
4. Que se reconozca el interés legítimo de los denunciantes, se admitan como coadyuvantes en los procesos de investigación y por lo tanto se les dé acceso a conocer los expedientes.
5. Que se abran los archivos al respecto de la Secretaría de la Defensa y del Estado Mayor Presidencial, así como los de Televisa.
6. Que en los libros de texto se incorpore la información de por qué el 2 de octubre es día de luto nacional y también el día internacional de la Noviolencia, como lo declaró la ONU para conmemorar el natalicio de Mahatma Gandhi.
 La guerra actual hace la diferencia
El pueblo de México y sus jóvenes en particular enfrentan no sólo la represión y el autoritarismo gubernamental que en 1968 padecía la sociedad, sino además hoy estamos sufriendo el flagelo de la inseguridad que produce la mal llamada “guerra contra el narcotráfico”, que declaró Felipe Calderón el 11 de diciembre de 2006. Los cientos de miles de víctimas mortales, desaparecidas, torturadas, desplazadas; los hogares incompletos y los proyectos de vida alterados o destrozados son la expresión más objetiva de los costos sociales que en casi 12 años de guerra hemos pagado y que nos ha cambiado la vida cotidiana, ante la amenaza creciente de una agresión que se sabe muy posible.
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La mayor diferencia del ambiente social y cultural que viven los jóvenes en particular y la sociedad en general, respecto al que vivieron las generaciones anteriores es la inseguridad generalizada, que es producto –con mayor o menor evidencia– de la guerra contra el narco.
Antes de la guerra que estamos padeciendo, la población mayoritaria podía transitar sin mayor problema por las calles y las carreteras sin el desasosiego que hoy produce la sola posibilidad de que un miembro de la familia no se encuentre en casa cuando oscurece el día. Las fiestas y actividades recreativas y de convivencia social que en épocas previas eran muy frecuentes, hoy son actividades de alto riesgo.
Los tiempos pasados tampoco fueron un paraíso de seguridad de los mexicanos; pero la represión gubernamental se dirigía fundamentalmente contra la disidencia política que se oponía a los mecanismos de control corporativo y luchaba por la democratización de la sociedad en general o de los gremios y sectores que se organizaban y movilizaban para conquistar la libertad.
 La guerra sucia
Antes de 1968 y varias décadas después los individuos y organizaciones que disentían de la ideología dominante eran estigmatizados. Quienes expresaban diferencias respecto al régimen eran señalados como subversivos, la persecución a los comunistas, incluso a los que se sospechaba sin fundamento que pudieran tener esa filiación doctrinaria es una muestra palpable de la supresión inconstitucional del derecho de los mexicanos a disentir.
Los procesos judiciales a los que fueron sometidos 68 estudiantes que fueron condenados a purgar 32 años de prisión, después del 2 de octubre, por diversos delitos que no cometieron y cuya única supuesta “prueba” era su filiación ideológica comunista, son una expresión documentada muy clara de la política de persecución ilegal a la disidencia no sólo política, sino también a la de carácter puramente doctrinario.
La historia del terror que vivió la disidencia en México durante la guerra sucia en las décadas de los 70 y 80, especialmente en los estados de Guerrero, Oaxaca, Nuevo León, México y Jalisco, en donde la persecución, los secuestros, las torturas y desapariciones alcanzaron también a los miembros del entorno familiar, vecinal y comunal de los opositores al régimen, dio lugar a la constitución en 1977 del Comité de Familiares Pro-Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos (posteriormente Eureka), el cual integró una lista superior a los 500 desaparecidos; otras organizaciones también han documentado y exigen la presentación de un número semejante de desaparecidos en Guerrero y Oaxaca, principalmente.
La política de destrucción de la disidencia provocó muchos crímenes de Estado en México, donde al igual que en otros países inmersos en la guerra fría, se sembró el terror para destruir los anhelos de participación democrática de los pueblos.
 La doctrina de Seguridad Nacional de EU, El Plan Condor y la Guerra Sucia
México no estaba ajeno a la coordinación internacional con las dictaduras de América Latina para destruir a los opositores, especialmente con la Operación Condor, que fue un pacto policiaco-militar conocido también como Plan Condor, que concibió Henry Kissinger para el Cono Sur, cuando fungía
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como secretario de Estado de EEUU, el cual dejó un saldo de más de 50 mil personas asesinadas, 30 mil desaparecidas y 400 mil encarceladas, la mayoría de ellas pertenecientes a la izquierda política, de acuerdo con los documentos de Estados Unidos desclasificados en 2004; o mucho mayor con base en los archivos paraguayos.
La Operación Cóndor fue negada por los gobiernos, por tratarse de un pacto secreto y violatorio de las constituciones de los países participantes, pero el descubrimiento en 1992 de los “Archivos del Horror” que se encontraban en las oficinas de la policía de Paraguay– los cuales contienen los documentos que permiten reconstruir la historia de los acuerdos de ese país con Estados Unidos y con otros países de América Latina para perseguir y destruir a la oposición política– no dejan lugar a dudas del terrorismo de Estado que ha impulsado el país del norte en diversos países del mundo, con la colaboración de los gobiernos y de las organizaciones de ultraderecha de los países intervenidos.
Esos archivos dan cuenta de “los vuelos de la muerte” y de técnicas de tortura en las que fueron adiestrados militares de diversos países, algunos de los cuales –después de haber tomado cursos en la norteamericana Escuela de las Américas– fueron los dictadores que se apoderaron de las presidencias de sus países, con el impulso determinante de Estados Unidos.
En algunos sectores de la sociedad mexicana se sabía de la guerra sucia que se desarrollaba en contra de la oposición, se sabía también que los instrumentos de tortura, las técnicas y mecanismos que se usaban en México eran los mismos que las que empleaban las dictaduras militares del Cono Sur, pero era difícil imaginar que además hubiera alguna colaboración con las dictaduras en donde operaba la alianza regional para perseguir internacionalmente a los luchadores sociales y políticos. Pasaron muchos años para que se descubrieran y documentaran los vasos comunicantes de México con El Plan Condor (https://www.proceso.com.mx/187331/la-ultraderecha-mexicana-en-la-operacion-condor).
La política de dos caras que jugó el sistema político mexicano guarda similitud con la que también instrumentó Francia, como lo denunció la periodista Marie-Monique Robin en el periódico L'Humanité, quien “se sorprendió al enterarse de que la agencia de inteligencia francesa Direction de surveillance du territoire (DST) comunicaba a la DINA los nombres de los refugiados que regresaban a Chile ("Operación Retorno) …. Yo estaba muy impresionada por la hipocresía de las autoridades diplomáticas de Francia que, al mismo tiempo recibió refugiados políticos con los brazos abiertos, y colaboró con las dictaduras."
 Peor está siendo posible
La persecución y el terrorismo de Estado en contra de la oposición continúa hasta nuestros días, pero con una diferencia: ya no se dirige exclusivamente en contra de los luchadores sociales y políticos y contra los miembros de su entorno; sino que a partir de la guerra contra el narcotráfico, las víctimas también son los migrantes y todo aquel que les parezca sospechoso a los soldados, policías o narcotraficantes empoderados por la misma guerra; también son las llamadas “víctimas colaterales” a las que “les tocó” una bala en medio de alguna persecución o enfrentamiento entre bandos; son los individuos que se atrevieron a circular en horarios inconvenientes, etc. Los conceptos de juvenicidio y feminicidio dan cuenta de la magnitud actual de esos actos.
Las brutales agresiones a luchadores sociales, militantes políticos, candidatos a puestos de elección popular, críticos del sistema, periodistas y defensores de diversos derechos son las más
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conocidas, y son muchas, no obstante su número es apenas un pequeño porcentaje respecto al conjunto de los cientos de miles de víctimas que se reconocen, incluso oficialmente.
El mayor número de víctimas durante estos 12 años son las llamadas “colaterales”. Las personas agredidas por causas políticas son las más conocidas, pero su número es una parte muy pequeña respecto a los agredidos colateralmente. Para tener una idea del tamaño de la inseguridad, baste decir que el número de víctimas en México tan solo en estos últimos años es mayor al de todas las que produjo el Plan Condor en las décadas de los 70 y 80.
Las movilizaciones ciudadanas ante varios casos particulares como el de Ayotzinapa, o ante asesinatos de periodistas o de otros luchadores sociales, o ante los feminicidios y juvenicidios más conocidos, así como las conferencias, exposiciones y pronunciamientos de rechazo a la Ley de Seguridad Nacional, o la exigencia de que el Ejército regrese a sus cuarteles etc. sin duda han abonado a deteriorar la legitimidad del gobierno mexicano, en el ámbito nacional e internacional.
 En pro de una alternativa soberana
El movimiento de 68 fue un espacio en el que confluyeron legados y experiencias de la lucha social en México y, al igual que las rebeldías en distintas partes del mundo ese año, tuvo como protagonistas centrales a mujeres y hombres jóvenes; fue la gesta que ha nutrido desde entonces múltiples iniciativas de cambio democrático y soberano. Hoy, con profunda admiración y agradecimiento honramos la memoria, de manera muy especial, de quienes encarnando anhelos de libertad del pueblo mexicano fueron víctimas del genocidio perpetrado por el Estado y de quienes después del 2 de octubre continuaron luchando por la justicia y la democracia. ¡El movimiento de 1968 vive …la lucha sigue!
El reto es que toda la inconformidad acumulada se exprese en una propuesta de lucha contundente contra la guerra y sus promotores; que identifique con toda claridad que es ella la que explica los casos particulares de agresión aparentemente inconexos. El reto ahora es construir un gran frente de organizaciones sociales que proponga y luche por instrumentar la organización y los mecanismos soberanos que garanticen la seguridad interna con base en lo dispuesto en la Constitución. La consigna de “ni un caso más” tiene perspectiva sólo en la medida en que se ataque el origen del problema general.
¡No a la guerra! para recuperar el derecho de transitar libremente por nuestras calles y carreteras.
¡No a la guerra! porque mientras subsista nos mantendremos en la inseguridad.
¡No a la guerra! ni con soldados ni con policías
¡No a la guerra! porque en sí misma es violatoria de los derechos humanos.
¡No a la guerra! porque viola nuestro derecho a la paz.
¡No a la guerra que el gobierno de EU está dirigiendo en nuestro territorio con la complicidad del mexicano!
Comité 68 Pro-libertades Democráticas

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