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16/12/15

Pronunciamiento de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales

Pronunciamiento de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales ante el riesgo de daño al medio ambiente y a la salud propiciado por la política pública desarrollada por el Estado mexicano para la transición a la Televisión Digital Terrestre en el país

12 de diciembre de 2015

Con el pretexto de realizar exitosamente la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), las autoridades mexicanas han incumplido con sus obligaciones y deberes en materia de derechos humanos, especialmente en relación con los derechos constitucionales a un medio ambiente sano, a la salud, a la información y a la participación social en los asuntos públicos.



El Estado mexicano ha promovido el desuso y desecho de las televisiones analógicas sin desarrollar políticas ambientales y de salud adecuadas y suficientes en términos técnicos y jurídicos para su tratamiento integral en tanto residuos peligrosos, con efectos potencialmente graves para el ambiente y la salud pública. La política pública consistente en dotar de televisiones digitales a la población, además de ser excesivamente onerosa para las finanzas públicas y constituir potencialmente un delito electoral,  quebranta el principio de minimización de residuos y coloca a la población ante el inminente problema de gestionar el tratamiento de hasta 34,384,915 aparatos de televisión analógicos en un contexto de desamparo e incapacidad institucionales. Bajo las condiciones actuales, podrían ser liberadas al ambiente hasta 67,319 toneladas de óxido de plomo y de retardantes de flama bromados contenidos en las televisiones analógicas.

La exposición al plomo es la responsable por el 0.6% de las enfermedades en el mundo. El plomo afecta múltiples sistemas del cuerpo incluyendo los sistemas neurológico, hematológico, gastrointestinal, cardiovascular y renal. Aun con bajos niveles de exposición relativa se pueden causar serios daños neurológicos, en algunas ocasiones irreversibles. Se trata de un metal pesado tóxico que forma complejos con diferentes enzimas que afectan virtualmente todo el proceso de la síntesis de la hemoglobina, además de influir en el metabolismo de las porfirinas. Altos niveles de plomo en el ser humano han sido relacionados a encefalopatías, ataques o retrasos mentales. El plomo está asociado con la disminución de la audición en los adultos mayores, además de que interfiere en el cerebro con la transmisión y el procesamiento de los sonidos. Los expertos coincidieron en que, incluso niveles en sangre considerados aceptables para los niños de Estados Unidos (menos de 10 mcg/dL) podrían ser no seguros y, por ello, han propuesto que el nuevo límite de plomo en sangre para los niños sea de 2 mcg/dL.

Los retardantes de flama bromados (RFBs) son aditivos sintéticos usados principalmente como agentes ignífugos en aparatos eléctricos y electrodomésticos (como por ejemplo en las carcasas plásticas de los televisores). Las propiedades de algunos RFBs son típicas de los contaminantes orgánicos persistentes (son ubicuos, debido a que son lipofílicos y persistentes, se bioacumulan en los seres vivos y se biomagnifican). Particularmente algunos éteres bifenilos polibromados (PBDE’s-) y el hexabromo ciclododecano (HBCD) causan efectos nocivos a la salud.

Una vez más, a propósito de sus reformas estructurales, el Estado mexicano, respaldando el interés particular privado de las empresas involucradas en la llamada reforma de telecomunicaciones y beneficiadas con el paso de la señal analógica a la señal digital terrestre, ha colocado en una situación de grave riesgo ambiental y de salud al grueso de la población: habitantes de las 32 entidades federativas, las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal y los dos mil 468 municipios del país. La reforma de telecomunicaciones impuso a las autoridades locales una serie de atribuciones y obligaciones sustanciales dentro del proceso que no fueron acompañadas de las condiciones prácticas, financieras e institucionales mínimas para su ejercicio y cumplimiento. Las instancias competentes en las entidades federativas y municipios no están capacitadas ni dotadas de la infraestructura y los recursos económicos adecuados y suficientes para atender debidamente el problema de la disposición, tratamiento o confinamiento de los residuos que generarán los millones de aparatos televisores desechados.

Por si lo anterior fuera poco, el gobierno federal ha organizado el manejo de las televisiones analógicas de manera tardía y con un presupuesto insuficiente e inadecuado, siendo que miles de aparatos televisores han sido ya  desmantelados informalmente. Según las licitaciones emitidas por la SCT para el manejo de los televisores analógicos, el acopio oficial de aparatos concluye de manera abrupta el 31 de diciembre del 2015, sin embargo, los residuos seguirán acumulándose y gestionándose inadecuadamente por meses, por lo que la actual vulneración impune de derechos se prolongará igualmente.

La transición a la TDT ha sido, además, impulsada por la administración pública federal sin poner a disposición de la población los medios necesarios para acceder a información básica relacionada con los riesgos ambientales y de salud del tratamiento de los televisores obsoletos, los cuales serán desechados como si fuesen basura ordinaria y se les mezclará con los residuos sólidos municipales. El plomo y los retardantes de flama bromados son sustancias que se volatilizan y dispersan en el ambiente, con altas posibilidades de contaminar cuerpos de agua, suelo y aire, así como de envenenar flora y fauna. No obstante, las autoridades responsables del proceso no le han informado al pueblo de México de manera adecuada, completa y efectiva de dichos riesgos, lo cual evidencia también que todos los niveles de gobierno son incapaces de planificar procesos de esta envergadura, y mucho menos de vigilar y garantizar los derechos fundamentales de quienes serán afectados.

La población directamente afectada o en riesgo de afectación, así como todas aquellas personas que quisieran prevenir una situación de peligro, se encuentran en estado de indefensión, pues carecen de la información mínima necesaria para afrontar el problema, sin mencionar que tampoco tienen información sobre los mecanismos jurídico-institucionales que les permitirían acceder a la justicia, hacer valer sus derechos y obligar a las autoridades a corregir sus acciones y reparar los daños causados por su actuar negligente. 



Asimismo, el proceso completo de transición tecnológica ha sido gestionado por las autoridades unilateralmente y de espaldas a la población, siendo que se trata de un asunto de interés público que impacta o impactaría negativa y contundentemente en los entornos vitales y la integridad física de las personas expuestas o en riesgo de exposición a las sustancias contenidas en los aparatos una vez considerados y tratados como basura.

En la disputa entre los grandes consorcios televisivos del país y el Estado mexicano por retardar o no el “apagón analógico” no aparecen como parte del debate las cuestiones ambientales, de salud, información y participación social. Los impactos ambientales y de salud de la transición a la TDT en perjuicio de la población no han sido valorados por la opinión pública ni en los espacios institucionales de deliberación como un problema social gravísimo de atención urgente, lo cual contribuye a su invisibilidad y a la consolidación de una estructura de impunidad en agravio de los millones de mexicanas y mexicanos que ya somos afectados ambientales. Sin embargo, autoridades y empresas son ética y jurídicamente responsables por el daño o riesgo de daño ambiental y de salud que su actuar provoque.

Por todo lo anterior:

1.     Exigimos al Estado mexicano cumplir con la normatividad ambiental que sistemáticamente ha omitido durante el proceso de transición a la TDT, así como con sus obligaciones y deberes en materia de derechos humanos con el propósito de que la población afectada o en riesgo de afectación sea informada del problema, participe en la conducción de la política pública respectiva y goce efectivamente de sus derechos a un medio ambiente sano y a la protección de la salud.

2.     Exigimos que el Estado mexicano, con la participación de organizaciones de la sociedad civil, elabore un plan integral de manejo de los televisores analógicos que serán desechados por la población, el cual debe incluir, entre otros aspectos, la remediación de los impactos ya ocasionados por la ausencia de dicho plan.

3.     Asimismo, reclamamos del Estado mexicano el ejercicio de sus atribuciones legales para obligar a que las empresas involucradas en el proceso respeten los derechos fundamentales de las y los mexicanos.

4.     Apoyamos la petición que diversas organizaciones de la sociedad civil, académicos, científicos y ciudadanos han hecho ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) denunciando las violaciones a los tratados internacionales y a la legislación ambiental mexicana en relación con la gestión de los televisores analógicos desechados por la transición a la televisión digital terrestre.


5.     Finalmente, exhortamos a la población a que levante quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos al localizar cementerios de televisiones analógicas en la vía pública,  baldíos, basureros, terrenos, o en cualquier lugar en el que puedan causar daños al ambiente y a la salud al quedar expuestos sus materiales tóxicos, llamando sin costo al  teléfono 01 800 715 2000. De igual manera se puede presentar una denuncia ambiental ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente llamando al 01 800 770 33 72.

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