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reflexión y análisis

EL GRITO DE TODOS

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PRÓXIMAMENTE EL 15 DE SEPTIEMBRE "EL GRITO DE TODOS"

CÍRCULO CONCIENCIA COLECTIVO: TACÁMBARO

CÍRCULO CONCIENCIA COLECTIVO: TACÁMBARO
PRÓXIMAMENTE DÉCIMO ANIVERSARIO

5/2/15

5 de febrero de 2015 Presentación Pública de la Constituyente Ciudadana y Popular

5 de febrero de 2015 Presentación Pública de la Constituyente Ciudadana y Popular

por TPP GENERAL  

Constituyente Ciudadana
Constituyente Ciudadana
 La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Programa 1. Espacio cultural 2. Saludo y bienvenida 3. Justificación de la propuesta Texto “Motivos de la Constituyente” 4. Mensaje principal de Raúl Vera Texto “México la casa de todas y todos” 5. Propuesta de ruta Texto “Ruta de construcción” 6. Discusión

Hacia la Constituyente Ciudadana-Popular
Las masacres de Tlatlaya y Ayotzinapa y la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas, coronan la montaña de agravios e injusticias que los grupos gobernantes y las empresas trasnacionales han cometido contra las mayorías nacionales en los últimos 35 años; tiempo en que se profundizaron el despojo y la ocupación neocolonial de nuestro país. Dichos “Crímenes de Estado” y de “Lesa Humanidad” expresan a plenitud el sentido profundo de las llamadas “reformas estructurales” y de los tratados de “libre comercio” bajo las órdenes de los gobiernos de los Estados Unidos.
El desastre económico, ambiental, los fraudes electorales, la corrupción y la violencia, que devinieron en catástrofe humanitaria, fueron provocados por las decisiones de las oligarquías capitalistas neoliberales y la clase política reinante. Son ellos quienes en aras de intereses antinacionales sembraron el caos y provocaron una crisis del Estado nacional que pone en riesgo el futuro de nuestro país, de la sociedad civil mexicana y de cada una de las personas, hombres y mujeres, que constituimos el pueblo de México.
En tales circunstancias, la superación de la crisis pasa por la necesaria refundación del Estado nacional. Por la reconstrucción-transformación de los soportes éticos, económicos, políticos y culturales necesarios para garantizar la independencia nacional, la justicia y el bienestar social, la democracia desde el pueblo, la paz y la libertad.
Una salida de este tipo, basada en las necesidades y anhelos de las mayorías nacionales, de las mujeres, los trabajadores del campo y la ciudad, las clases medias y los indígenas e indígenas-mestizos, no podrá venir de la putrefacta clase política reinante, ni de sus partidos e instituciones que sólo han servido para perpetuar la impunidad de sus integrantes. Y, mucho menos, de las empresas trasnacionales que hicieron de la economía una actividad criminal en la que despojo, delincuencia organizada y ganancias empresariales son una y la misma cosa.
La superación del desastre nacional y de la catástrofe humanitaria sólo podrá venir de nosotros la sociedad civil, de los agraviados y víctimas, no de sus victimarios. Así, la discusión de los contenidos sociales esenciales de lo que fue la Constitución de 1917, de cómo surgió, de qué le suprimieron los políticos y empresarios, es el primer paso para la formulación de un nuevo texto constitucional fincado en las necesidades de las mexicanas y los mexicanos. Es una de la vías que proponemos para generar las bases de un nuevo Proyecto de Nación y la organización de un sujeto social, integrado por millones de personas que haga valer en todo momento nuestro “derecho de alterar o modificar la forma de (…) gobierno” como reza el artículo 39° de la Constitución.
El crimen contra la legalidad y el pueblo cometido por los integrantes del Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo y Judicial, al usurpar las funciones que por derecho nos pertenecen. Al reformar contenidos esenciales de la Constitución alterando la forma y el sentido nacional y social del Estado surgido de la Revolución Mexicana, sin que mediara un proceso equiparable al Constituyente de 1917. El grado de ilegitimidad y de ilegalidad alcanzado los inhabilita como representantes de la nación, al faltar a su juramento de respetar y hacer valer la “Ley Suprema” que rige a mexicanas y mexicanos.
Así, nuestra iniciativa de Constituyente Ciudadana asume como propia la tarea de generar las condiciones para el desarrollo de un “Proceso Constituyente” que elabore una propuesta de nueva Constitución y restaure la legalidad. Que sea capaz de construir las condiciones necesarias para que las ciudadanas y ciudadanos nombren a las y los representantes de un Congreso de la Unión renovado, desde cada comunidad y desde todos los espacios ciudadanos que forman parte de cada distrito electoral.
Como construcción social desde la base, este proceso marchará de la mano de las iniciativas de lucha social y civil pacífica, por dar paso a un proceso de Refundación Nacional y hacer realidad el clamor de que se vayan todos los responsables de la tragedia nacional. De llevarlos ante la justicia por su responsabilidad en la desaparición forzada de los estudiantes en Iguala y por la violencia que, de forma directa, ha cobrado la vida de más de 150 mil personas y la desaparición de 30 mil en los últimos 8 años. Sin contar feminicidios y sus crímenes económicos y sociales en contra de los derechos de los pueblos.
Insistimos, nuestra vía es la constitucional, la resistencia y la desobediencia civil pacífica ante un régimen ilegal y crecientemente dictatorial, al margen de los partidos políticos. Nuestra vía es la edificación de la unidad a través de la comunidad y la ciudadanía, distinguiendo claramente entre la minoría carente de sentimientos de humanidad y nosotros las mayorías nacionales.
Convocamos a la sociedad civil, a mujeres y hombres, sin importar credos, diversidad de género o clase social a poner en marcha la Refundación Nacional; a dar los pasos necesarios hacia la elaboración de una nueva Constitución que siente las bases democráticas para la elección de las y los representantes de un nuevo congreso sujeto a la voluntad de la ciudadanía, que destierre para siempre todo tipo de ordenamiento jurídico y económico que hace de la gestión pública un botín. Y que ponga fin a la impunidad, el racismo y el patriarcalismo. Servir y mandar obedeciendo ha de ser la nueva condición de quienes ocupen la representación de la sociedad civil.
El próximo 5 de febrero diversos grupos de ciudadanas y ciudadanos daremos a conocer el proyecto de construcción de la Constituyente Ciudadana-Popular, encabezado por el Obispo Raúl Vera López. Las actividades de la Constituyente Ciudadana-Popular iniciaran con el registro de las y los asistentes a la 9 am y se prolongaran hasta las 3 de la tarde en el Centro Universitario Cultural, ubicado en Odontología #35, Copilco Universidad, Ciudad de México.
Atentamente:
Comisión de facilitadoras y facilitadores de la Constituyente Ciudadana-Popular.
Más información en:

Los motivos de la Constituyente

El Tribunal Permanente de los Pueblos, escuchó, documentó y constató durante sus tres años de trabajo en México, cerca de 500 casos de violaciones de derechos humanos individuales y colectivos, agravios e impactos masivos que afectan a una gran parte de la población, que cuestionan el papel del Estado como elemento regulador de los conflictos y protección de los derechos humanos, y ponen frente al espejo una situación dramática, muchas veces aún silente, otras veces como un grito desgarrador que debe ser escuchado.

Las violaciones de derechos humanos, amenazas y agravios que se viven en México, se refieren tanto a derechos de los pueblos a una vida digna, a la relación con la naturaleza y la destrucción ambiental, como a las condiciones de desigualdad, precarización y pobreza que suponen un conjunto de condiciones de deterioro de las condiciones de vida, así como las formas de violencia directa contra las personas, las comunidades, las y los trabajadores, defensoras y defensores de derechos humanos, mujeres y periodistas.
La venta de nuestro futuro
A partir de las denuncias y agravios presentados, se pudo constatar que mientras los Estados y agencias internacionales compran y venden los recursos del futuro en la bolsa poniendo precios e hipotecas para las próximas décadas al maíz o el arroz, también el futuro se vende cuando se toman decisiones limitando o mercantilizando los derechos a la salud o la educación, se privatizan los servicios, se hacen más precarias las condiciones de vida y de trabajo.
Despojo del trabajo
El ataque a los trabajadores, en general conlleva afectaciones que superan el ámbito laboral, por degradar la vida misma de cada individuo, destruir los equilibrios familiares, los tejidos sociales, dañando la totalidad de la población. Se ha evidenciado una práctica de obstaculización del ejercicio de asociación y de libertad sindical, hasta llegar a casos muy graves de persecución de las actividades sindicales. Además, la negación de contratos colectivos de trabajo, implica la imposibilidad para las y los trabajadores de definir y regular los aspectos de las relaciones laborales y condiciones de trabajo.

Violencia ambiental

Durante el Tribunal, se pudo hacer un mapa claro de lo que representa una destrucción acelerada de la naturaleza que tiene consecuencias en las condiciones de vida de las comunidades afectadas y el futuro de México. Las denuncias por problemas ambientales que benefician a empresas nacionales y trasnacionales sumaron 211 que afectan a 433 municipios de 21 estados. Las agresiones ambientales más frecuentemente señaladas incluyen la destrucción de fuentes de agua, bosques y vida campesina, la sobreexplotación de acuíferos y contaminación ambiental con agrotóxicos o la contaminación transgénica. Todas esas luchas han conllevado frecuentes formas de persecución a las y los defensores ambientales con detenciones arbitrarias e incluso asesinatos.

Exclusión social y migración

Las condiciones de exclusión han llevado a un fenómeno de migración colectiva que afecta especialmente a los y las jóvenes, que son los que tienen más posibilidades de inserción en los 4 mercados laborales del norte y a la vez expropia a México de una humanidad convertida en capital de inversión para la economía de Estados Unidos, donde hay cerca de 12 millones de personas de población mexicana.
México se ha convertido en un país de frontera en la que miles de migrantes, centroamericanos especialmente, son convertidos en mercancía, extorsionados por redes de criminalidad o agentes del Estado; además los albergues de migrantes, sacerdotes y personas voluntarias que trabajan con ellos, sufren también las situaciones de amenaza para su trabajo y sus vidas.

La dinámica de la violencia

La larga historia de las prácticas y la dimensión de la violencia contra la población civil en México es solo el preámbulo de la situación actual. En la última década, las historias y casos muestran que las versiones siempre generalizadas sobre oscuras redes de criminalidad ligadas al narcotráfico ocultan también la responsabilidad o la ausencia de respuestas del Estado como condiciones necesarias para ese horror a gran escala.

Una buena parte del territorio nacional se ha convertido en corredores controlados o estados fallidos en los que la implicación del Estado federal es evidente. Sin embargo, la descripción de la violencia y su impacto se convierte en algo coloquial donde incluso el lenguaje se ha convertido en una forma de minimización y sin un lenguaje que les reconozca, la experiencia de las víctimas queda en la cuneta de la historia, y deja de ser parte de una conciencia colectiva que movilice hacia la acción.
Feminicidio y condiciones de vida de las mujeres

La violencia sistemática que viven las niñas y mujeres en México en estos tiempos se da en un contexto histórico y estructural de discriminación contra las mujeres en todas las esferas de la vida. Este contexto incluye desde el feminicidio y la tortura sexual hasta formas más sutiles de sexismo y misoginia como la desaparición de las mujeres de la historia oficial.

El lenguaje excluyente invisibiliza los aportes de las mujeres a los movimientos sociales y al mundo en general, y no permite dar cuenta del hecho de que las mujeres somos víctimas específicas de los impactos del neoliberalismo y los Tratados de Libre Comercio.
En este marco, el Estado incumple de manera directa su obligación inmediata de erradicar todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas. Se advierte un patrón de impunidad y permisividad social, dentro de una cultura que se traduce en una misoginia institucional y social.

Las víctimas y sobrevivientes

En la última década México ha vivido una aceleración del impacto de la violencia, concentrada especialmente en la población joven, y que hipoteca el futuro de la sociedad. Mientras los gobiernos se terminan cada seis años, los impactos de la violencia son acumulativos en el tiempo.

El TPP escuchó numerosos testimonios del horror, a través de las voces de muchas mujeres víctimas y sobrevivientes, periodistas amenazados, indígenas cuyos territorios son codiciados y cuyas formas de vida están en peligro, comunidades afectadas por devastación ambiental entre otros muchos. En este marco, las frías estadísticas se convirtieron en las biografías de millones de mexicanos y mexicanas afectadas por la violencia, en números que muestran lo que esconden.
A casi una década de la política bautizada “guerra contra el narcotráfico”, no existan registros fiables, no hay información sobre los datos que refieren más de un millón de desplazados internos, ni un trato adecuado a las víctimas, sus relatos o la realidad que muestran sus denuncias. No son hechos del pasado, son violaciones que siguen cometiéndose en el presente, cuyos impactos se prolongan en la 5
responsabilidad de los perpetradores y en las nuevas generaciones, en donde decenas de miles de niños y niñas han visto cómo sus padres, madres o hermanos eran asesinados o desaparecidos.

Comunicación, violencia y miedo

El proceso del tribunal ha sido testigo de cómo el miedo se ha convertido en parte de una estrategia de control de la población, ya sea para controlar la protesta social o por la acción de la criminalidad organizada o el tráfico de personas o por la explotación de recursos naturales. Los coloquialismos como “algo habrán hecho”, el “no te metas” o el silencio, se han ido extendiendo en muy diferentes lugares del país como parte de los mecanismos que condicionan el comportamiento.
En muchos lugares del País, el trabajo de los medios de comunicación no se puede llevar a cabo y los periodistas viven bajo la misma mordaza de la amenaza de muerte.

Este nivel de terror y silenciamiento supone no solo una violación masiva a la libertad de expresión e información, sino un nivel de control de la información que obedece a razones políticas. El oligopolio de los medios y la fuerte concentración de los televisivos en dos corporaciones suponen una enorme capacidad de controlar la información pública que está reñida con la democracia.

Rol del Estado y desmantelamiento de los derechos

En las políticas neoliberales, el tiempo de las comunidades e individuos es considerado como parte de la mercancía. En medio de la corrupción sistémica, de grave desigualdad social y pobreza, y redes de criminalidad basadas en el narcotráfico, el Estado ha ido perdiendo su rol regulador y de protección de los derechos de las grandes mayorías y suprimiendo progresivamente sus garantías.

La responsabilidad de las autoridades de diferentes gobiernos en el desmantelamiento de las garantías legales, especialmente con sucesivas y continuas reformas constitucionales, han implicado la pérdida de los derechos de la población mientras aumentaban las garantías para las empresas transnacionales o las élites económicas. Especialmente relevante es la reforma del artículo 27 constitucional que coarta el principio de la propiedad originaria de la nación sobre el territorio.
En este contexto, las pretendidas políticas de desarrollo son verdaderas acciones de despojo a las que, posteriormente, se ha proporcionado cobertura legal. De esta forma el derecho pierde su papel protector y se convierte en una forma de desviación que expropia el poder a la población mexicana y lo deposita en los acuerdos comerciales, la presión de transnacionales o los intereses de las élites económicas.

Justicia y lucha contra la impunidad

En la búsqueda de la justicia como anhelo universal y en particular, como la demanda central de las víctimas y sobrevivientes en México, la mayoría de los casos expuestos durante el proceso del TPP, no han tenido resultados de una investigación efectiva y se encuentran en la impunidad. Las autoridades mexicanas tienen un triste récord de ausencia o mala investigación que empieza muchas veces desde la escena de los hechos. En ese marco, se constató que la impunidad no es solo una ausencia de castigo sino un mecanismo que trata de evitar reconocer y asumir las responsabilidades.

En México la impunidad se diluye entre las instancias municipal, estatal o federal, y los mecanismos de rendición de cuentas como comisiones de derechos humanos oficiales resultan desgraciadamente inefectivos, convirtiéndose en un mecanismo educativo y disciplinador que impone un sentido de impotencia a la sociedad. 

Hacia la refundación de México

El análisis de todas estas situaciones, muestra que México se encuentra en una encrucijada, que no puede ser postergada ni se puede ocultar tras la evitación de los problemas, su reducción a casos aislados o la invisibilización del papel del Estado y de las responsabilidades de sus élites políticas. Esta situación no solo supone una tragedia hoy en día, sino que compromete de forma grave el futuro de la sociedad.

Ante una crisis institucional y de legitimidad del Estado Mexicano, el Tribunal Permanente de los Pueblos constata la necesidad imperiosa de avanzar en la refundación de México, a partir de parámetros nuevos que incluyan el reconocimiento pleno y eficaz de los derechos humanos, la identidad y el espacio de los pueblos indígenas y el reconocimiento del papel de las mujeres en dicho proceso.
Un Estado Mexicano refundado debería:

1. Reasumir su función básica de servicio del interés público, de protección de los derechos de la ciudadanía y de aplicación de todas las medidas necesarias para garantizar el desarrollo humano y la dignidad de todas las personas en México.
2. Garantizar los derechos humanos y prevenir su violación, de acuerdo con las obligaciones asumidas internacionalmente.
3. Implementar en toda su amplitud la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y acatar todas las recomendaciones que el Comité CEDAW y otros le han hecho a México.
4. Garantizar la libertad sindical, el reconocimiento efectivo a la negociación colectiva y el derecho de huelga; proporcionar un entorno laboral seguro y saludable y pagar una remuneración que garantice una vida digna a los trabajadores y trabajadoras; así como ratificar los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo de los que aún no es parte y cumplir de los que sí lo es.
5. Reconocer de manera efectiva los derechos de los pueblos indígenas en México, recogidos en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
6. Replantear globalmente la problemática de la migración tanto en lo que se refiere a políticas de reducción de la migración forzada por motivos económicos, como a las garantías de los derechos de las y los trabajadores migrantes y sus familias, con especial atención y protección a las y los migrantes en tránsito por el territorio de México.
7. Garantizar el derecho a la información y a la libertad de expresión, la libertad de comunicación, incluida la de producir y difundir la información, estableciendo los medios necesarios para garantizar tanto la pluralidad de los medios de comunicación como que éstos no reproduzcan o fomenten la misoginia, los estereotipos y prejuicios raciales/étnicos, etarios y de género y no contribuyan a la criminalización de la protesta social.
8. Cesar las prácticas de represión, criminalización y judicialización de la discrepancia, de los movimientos sociales, de las y los periodistas, y de las y los defensores ambientales y de derechos humanos.
9. Revertir el proceso de pérdida de control del Estado sobre su territorio, incluido el subsuelo y los recursos naturales.
10. Aplicar los mecanismos necesarios para retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a la luz de los múltiples impactos negativos que le ha causado.
11. Detener el proceso de privatización industrial y reconstruir el tejido industrial al servicio de los intereses del país.
12. Salvaguardar el régimen de la propiedad ejidal y comunal eliminando las prácticas discriminatorias contra las mujeres y recuperar a las y los pequeños productores con objeto de revitalizar el sector agrícola, disminuir la dependencia tecnológica y favorecer la soberanía alimentaria.
13. Asumir su responsabilidad, frente a las generaciones pasadas, presentes y futuras, como centro de origen del maíz y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la conservación del maíz nativo como fuente principal de alimentación y como elemento cultural de cohesión y articulación social.
14. Emprender un programa global de restauración ambiental, fomentando al mismo tiempo la creación de empleo público en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres en los sectores de descontaminación de suelos, saneamiento de aguas, gestión de residuos, conservación de bosques y generación de energías renovables.
15. Regular la autorización de las actividades económicas estableciendo procedimientos de evaluación con enfoque de género de impactos sociales y ambientales, regímenes fiscales apropiados, mecanismos de monitoreo eficaces y un sistema de responsabilidad y reparación por daños al medio ambiente y a los derechos humanos.
16. Remover todos los obstáculos institucionales y jurídicos, todas las prácticas, que contribuyen a mantener la impunidad.
17. Cumplir con sus obligaciones de investigar graves violaciones de derechos humanos, castigar a las personas responsables y garantizar la reparación de las víctimas. Poner en marcha mecanismos de investigación efectivos y una reformulación de los sistemas de protección y vigilancia de los derechos humanos.
18. Transformar el sistema judicial, tanto en la definición de las políticas de persecución del crimen como de los principios que rigen el proceso penal, como en la formación y selección de las y los jueces y magistrados, dotándolos de medios adecuados y confinando la jurisdicción militar a su ámbito propio.
19. Emprender una política de reconstrucción del tejido social que afronte los gravísimos impactos de la violencia y la vulneración de derechos humanos que han sufrido amplios sectores de la población y cuyas consecuencias se prolongarán en el futuro.
20. Modificar o derogar todas las normas legales que constituyan un obstáculo para desarrollar las medidas anteriormente mencionadas.

Presentación pública de la Constituyente Ciudadana-Popular

México, la casa de todas y todos

México es la casa de todas y todos, en donde se deben garantizar los derechos más fundamentales a todas las personas que nos encontramos dentro de su territorio sin importar sexo, edad, nacionalidad, situación migratoria, raza o religión. Tenemos derecho al respeto de nuestra dignidad solamente por el hecho de ser personas.
En esa casa existe una sala, un comedor, una cocina, recámaras, baños, estudio, biblioteca, sala de trabajo, taller, jardín, espacio de lavandería. Existen servicios como agua, electricidad, gas, prensa, teléfono, radio, televisión, internet, etcétera.

Existe un equipo de personas que se ocupan del mantenimiento de la casa: La familia que ahí vive, la cocinera, personal de limpieza, jardinero, chofer y unos responsables del mantenimiento de los diferentes servicios: Hidráulico y drenaje, electricidad, aparatos y equipo electrónico, teléfono, televisión, radio e internet, entre otros.

El compromiso de todas y todos

El conjunto de elementos que conforman el dinamismo de la casa, va dirigido a que las personas que la habitamos, seamos integrantes de la familia o responsables de cada uno de los servicios, todas y todos por igual, en armonía y en un espíritu de servicio recíproco, accedamos a disfrutar de los derechos fundamentales que corresponden a nuestra dignidad de personas.

En esa casa, todas y todos accedemos al derecho a una vida digna. Si existen todos los servicios, es porque el sustento de esa casa, para la familia que la habita, está asegurado mediante un ingreso suficiente, que es el que perciben las personas de las que depende el sustento de la casa. Cuando decimos que se trata de un ingreso suficiente, nos referimos al equilibrio que hay entre el ingreso a esa casa y el costo de los servicios requeridos para proporcionar vida digna a toda persona que ahí vive o trabaja.

Vida digna, significa que todas y todos por igual, accedemos a los requerimientos para mantener el nivel necesario de salud, de acceso a la educación, de acceso a la información, y tanto otros, porque tanto las personas que ahí viven, como quienes trabajan en el mantenimiento de los servicios necesarios, gozamos de una alimentación adecuada y disponemos también de los espacios para descansar, tanto durante el día, como cuando se requiere retirar a reparar el cuerpo mediante el sueño y el descanso.

Esto se replica en la vida de quienes están atentas y atentos al mantenimiento de ese hogar, sea en el mismo espacio u otros, como sucede con quienes trabajan en el proceso para que en esa casa existan los servicios del agua limpia, de corriente eléctrica y otras formas de energía como el gas, así como los servicios de información, comunicación, limpieza, drenaje, etc., etc.

Las familias por igual cuentan con el ambiente político-social que se da en torno a la casa, porque existe el control entre el tiempo dedicado al trabajo y el tiempo de descanso suficiente para las mujeres y los hombres que trabajan. Ese contexto político social, considera la debida atención personal de la trabajadora y el trabajador a su familia, con la necesaria convivencia con sus parejas, y las y los hijos en común.

Existe armonía en el hogar porque, así como disfrutan de un tiempo para compartir, cuentan en su casa con los espacios necesarios que les permiten encontrarse como familia. Esto acontece para las y los trabajadores que prestan sus servicios a cada familia, sea en el espacio donde ésta vive, o en aquellos diseñados para los servicios al ingreso económico, y la atención a cada una de las fuentes que hacen llegar alimentos, agua, corriente eléctrica, información, medios de comunicación, limpieza e higiene, e inclusive los servicios a la salud y la educación de los miembros de las familias y de todas las personas que contribuyen a su bienestar.
Hemos hablado de los servicios con los que debemos contar en esa casa las personas que la habitamos, como son los medios de comunicación, entre los cuales podemos encontrar: La telefonía, que incluye el smarthpone y el internet; además de la prensa, la radio, la televisión, y las redes sociales. Esto no es un lujo, la dignidad de la persona conlleva que ella esté bien informada, que tenga acceso a los medios que le proporcionen la información suficiente para conformar los criterios objetivos que orienten su intervención en la conformación de la sociedad.

Esta responsabilidad ciudadana de participar en la construcción de la sociedad, no es optativa, es aspecto grave. Desde aquí entendemos que la información objetiva que se proporcione a la ciudadanía, a través de los medios de comunicación, es un derecho.

De esta manera, todas y todos nos ayudamos mutuamente para progresar; cooperamos con gusto a mantener un espíritu fraterno, en donde la mutua estima y el aprecio a cada una y cada uno, y a todo el conjunto, propician un ambiente en el que el respeto a la justicia, es una característica fundamental de nuestras relaciones.
Las y los ciudadanos que vivimos en esa casa estamos comprometidos, cada día, en la construcción de la paz, no solamente entre nosotros, sino con nuestros vecinas o vecinos más cercanos, con la Nación entera y la comunidad internacional.

El equipo político que administra la casa que es México

Para que esto acontezca en cada uno de los hogares de México, y en toda esta gran casa que es la Nación Mexicana, quienes garantizan las condiciones de la convivencia en paz y armonía, resultado del respeto a la dignidad de todas y todos, con el acceso al goce de cada uno de nuestros derechos como personas, como sociedad y como pueblo en su conjunto, las y los ciudadanos que conforman el equipo político del país, que está al servicio de la justicia, al respeto al derecho y de la paz, tienen que ser personas a toda prueba, e intachables en su conducta ética.

Sólo esas características garantizan el progreso integral de cada una de las personas que viven en esta gran Casa que es México y de todo el conjunto de ella, articulado como una Nación. El desarrollo debe ser garantía para cada ser humano y para todos los seres humanos que habitamos en este territorio, cuyos recursos y riquezas son patrimonio de todas y todos los mexicanos.

¿Cuáles son las responsabilidades de ese Equipo Político en un Estado democrático como es la República Mexicana, cuya convivencia ciudadana en la paz, la justicia, y el respeto a los derechos de todas y todos, son garantizados por el ejercicio político de los tres Poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial?

Poder Legislativo

De este Poder emanan las Leyes que garantizan el goce de las libertades ciudadanas, así como el pleno acceso a los derechos que un régimen democrático nos reconoce. Supervisa que el Poder Ejecutivo no se extralimite en el ejercicio de su cargo, más allá de lo que la Constitución le marca, y tiene la obligación de llamarlo al orden, cuando sus actos estén dañando al régimen democrático, lo que constituye una verdadera traición a la Patria. Es un deber de quienes son consagrados por el voto popular, el conservar nuestra soberanía marcada por un Congreso Constituyente como el de 1917, que puso fundamentos insoslayables a la vida de esta Nación, entre otros mediante el acceso comunitario al uso de la tierra, que rompió con el acaparamiento de ella mediante el latifundio, sostenido por la dictadura porfirista.
Ese Congreso Constituyente regresó de esa manera a la costumbre milenaria de la cultura de nuestros pueblos originarios, para quienes la tierra no es una mercancía, sino una propiedad común, porque es la Madre Tierra, la Pachamama que nos proporciona el alimento a todas y todos por igual.

Los constitucionalistas del 17, pusieron a la persona trabajadora, como centro y fundamento de la Ley Federal del Trabajo, reconociéndole todos los derechos conquistados por las y los trabajadores del mundo, tras una larga lucha, que costó sangre y sufrimientos incontables.
Esa generación de políticos mexicanos que vivieron una revolución dolorosa para restaurar la justicia en México, consideraron a los energéticos en su valor fundante, para garantizar la soberanía nacional como recursos estratégicos que nos proporcionan el necesario desarrollo a todos los habitantes de esta tierra. Protegieron no solamente la propiedad de la Nación respecto a esos recursos, sino su uso de manera independiente y soberana, sin intromisión alguna de potencias extranjeras, que pusieran en peligro nuestro futuro.

Por eso, muchos mexicanos consideramos que las Legislaturas de estos últimos años, que se han atrevido a modificar aspectos fundamentales de nuestra Carta Magna, lo han hecho de manera irresponsable, pues como Constituyente ordinario no corresponde a ellos tocar aspectos que solamente una Asamblea Constituyente Fundante, puede modificar.

Han sido verdaderas Asambleas Constituciones Fundantes las que han dado vida a nuestra Patria como Nación soberana y con derecho a construir con toda libertad nuestra propia historia, como han sido las Constituciones de Apatzingán, la de 1924 y la del 57, en el Siglo XIX, así como la Constitución del 17 en el Siglo XX.
Las y los legisladores debieron negarse a realizar las reformas estructurales que, con la excusa de la modernización, han borrado de nuestra Constitución principios fundamentales que preservan la vida de México como República Democrática.

Poder Ejecutivo

Al Ejecutivo corresponde proponer iniciativas de leyes ante el Congreso. También se encarga de darle el valor de Ley, mediante un decreto, a las Leyes aprobadas por las y los legisladores, junto con las leyes secundarias. Se encarga de diseñar y ejecutar todas las políticas públicas que emanan de las leyes constitucionales para que se garantice a la ciudadanía, con toda integralidad y eficacia, el acceso a los derechos reconocidos en dichas leyes.
Cuenta para el ejercicio de su mandato con las Secretarías de Estado, para cubrir las diferentes carteras con que se elaboran y ejecutan todas las políticas públicas, en aquel aspecto de la vida del País, que le corresponde cubrir a cada una de las Secretarías de Estado. También de él depende la Procuración de la Justicia, La Seguridad Pública y la paz en el régimen interno del país, y es además el jefe máximo de las fuerzas armadas.
Estos quehaceres definen la estatura de estadista que debe poseer quien llega a ocupar ese puesto. La sobriedad y austeridad de vida que debe conducir; la prudencia y mesura en el actuar con la que se debe gobernar; y el sentido de justicia y respeto al derecho, que exige su investidura.

Las últimas figuras que han ocupado este puesto en México, han dejado tras de sí, muerte, hambre, empobrecimiento, y deterioro en el nivel de vida de mujeres y hombres mexicanos. Una estela de corrupción e impunidad en las estructuras del gobierno; una generación de políticos ambiciosos y egoístas, con una degradación impresionante en los partidos políticos y una violencia generalizada, sin precedentes en la vida del país. Ellos han dejado un México destruido, dicho en pocas palabras.
Poder Judicial

Este Poder debe responder para que la administración de la Justicia se ciña al orden constitucional y democrático, y que se respeten los derechos que concede la Constitución a sus ciudadanos. Debe también supervisar, tanto al Poder Legislativo, como al Ejecutivo, para que en el ejercicio de sus funciones, respeten los derechos de la ciudadanía, dentro del orden de la justicia.

Esta máxima institución cuya misión es velar por que la vida de las y los mexicanos transcurra al amparo del respeto a la justicia y sus derechos, se ha dedicado en los últimos años, a solapar y a validar todas las injusticias que en sus acciones de gobierno, han cometido contra la ciudadanía los Jefes del Ejecutivo y los miembros del Poder Legislativo.

También se ha dedicado a avalar los atropellos contra la justicia, que a lo largo del país juezas y jueces corruptos cometen contra los ciudadanos. Este Poder no ha hecho frente a las violaciones contra los Derechos Humanos de la población, que han cometido las fuerzas armadas y policiacas, en esta absurda guerra que el Ejecutivo ha desarrollado contra la población civil, con la excusa de su falsa persecución del crimen organizado.

¿Para quién gobierna nuestro equipo político, abandonando la Casa de Todos que es México?

Nos preguntamos ¿Por qué nuestro equipo político está dejando estos enormes vacíos que están llevando a México a la deriva? ¿Qué está pasando en nuestra Nación? ¿De dónde proviene el caos que estamos viviendo? La respuesta la ha proporcionado el ejercicio político que se ha vivido en México, a través de la instalación del “Capítulo México” del Tribunal Permanente de los Pueblos, que sesionó por todo el país durante los últimos tres años, por medio de Pre-Audiencias, Audiencias 

Temáticas, y una Audiencia Final.

Se trata de un Tribunal de conciencia, cuyas sentencias no son vinculantes para los Estados en los que sesiona. Pero el Estado Mexicano, fue juzgado en diversas Audiencias, en las que fueron escuchadas centenares de víctimas, que representaban a su vez, a millares de ellas, en diez ejes temáticos que se eligieron específicamente para nuestro país. Dicho Tribunal, en su Sentencia Final, publicada el 15 de noviembre del 2014, establece que en México hay un desvío del poder de parte de la clase dirigente.

Se han apropiado de manera inmoral, tanto el Poder Ejecutivo, como el Legislativo y el Judicial, de la autoridad que el pueblo delegó en ellos para administrar a la Nación a favor de todo el pueblo mexicano. Han usurpando esa autoridad que recibieron de nosotras y nosotros los mexicanos, y se han puesto al servicio de las grandes multinacionales y las potencias políticas de los países de donde provienen. Eso mismo hacen los poderosos Centros Financieros del mundo y de México.
Así han desaparecido de México la justicia y el derecho para la grande multitud de pobres, y la escasa clase media que resta de esta Nación, porque nuestra clase dirigente no gobierna más para la gran mayoría de las y los mexicanos, sino para quienes conforman el pequeño círculo del grande poder económico, a nivel nacional e internacional.

¿Por qué una nueva Constituyente?

La idea de que en México exista una nueva Constitución, proviene del propósito, finalidad, y objetivo, de que todas y todos los ciudadanos mexicanos nos convirtamos en sujetos constructores de la historia del país. Se trata de elaborar una Constitución, y de elegir después un nuevo Congreso, sin que participen los Partidos Políticos, porque son ellos los que están enviando a las curules personas deshonestas, faltas de ética, ambiciosas, que son verdaderos mercaderes de carne humana.
No queremos que sean los partidos políticos los que impongan a nuestros legisladores, o a cualquier otro cargo público en el País, porque la clase política mexicana es una clase degradada. La ausencia de ética y el cinismo, son características primordiales que tienen estas señoras y señores que llegan a los cargos públicos. Con honrosas excepciones claro, no se puede generalizar.

El objetivo es que, a través de un diálogo con la ciudadanía, convocando a todas y todos, quienes queremos un México diferente, poniéndonos al servicio de nuestro pueblo, vayamos a los lugares más apartados, donde está ese pueblo: A las cañadas, a las rancherías, a los barrios, a los parajes, a las sierras y a los valles, a los lugares de trabajo, ahí a donde están los jóvenes estudiantes. Ir a todas partes donde se encuentre la gente que conforma nuestro pueblo, a entablar un diálogo con toda persona sin excepción.
Primero, para que conozcamos todo lo que está pasando, toda esta desviación de poder que nuestros gobernantes están haciendo, y cómo están modificando las leyes para favorecer la extracción de todos nuestros recursos, y lo que se ha hecho para favorecer el despojo del Derecho, y de la justicia que se hace de nuestro pueblo. Necesitamos comprender cómo nos han habituado para que nos convirtamos en trabajadores esclavos. Esto es muy importante que lo conozcamos como pueblo, lo reflexionemos, lo mastiquemos y lo comprendamos juntas y juntos.

Después, queremos que sea ese pueblo el que dicte la nueva Constitución, deseamos que la nueva Constitución se redacte escuchando necesidades y aspiraciones. Esa Constitución deberá incorporar todos los acuerdos internacionales que México ha firmado en cuestiones de Derechos Humanos.

La nueva Constitución deberá incorporar el derecho al plebiscito, al referéndum, a la consulta popular y a la revocación de mandato, derechos que no están contenidos aún en nuestra Carta Magna. Todo esto lo debemos hacer incorporando a nuestro pueblo entero, para que sepamos unidos que tenemos todas las facultades de darnos el tipo de gobierno que deseamos, y en el momento que lo decidamos, porque esto lo reconoce nuestra Constitución en el Artículo 39.
El objeto de una nueva Constituyente es generar un pueblo con mujeres y hombres ciudadanos con madurez, para que no generemos ni volvamos a caer en manos de esa clase política, que no tiene ninguna idea de lo que significa ser responsable de la administración del Estado Mexicano. Queremos renovar a toda la clase política, a toda la clase dirigente, y realizarlo a través de este pueblo que formamos y que se está convirtiendo en el sujeto constructor de la historia. Que lleguemos como pueblo a ser los conductores de nuestra Nación.

Ya estamos hartos de ver cómo las familias se repiten en los pueblos públicos. El salto que dan de un puesto a otro, abandonando sus responsabilidades para lanzarse como candidatos de otros cargos, y quedarse así viviendo del erario público. Ya nos cansamos de tener una serie de mantenidos inútiles, consumiendo una altísima parte del presupuesto de nuestra Nación para no hacer nada, o para entregarnos a manos de potencias extranjeras, de grandes capitales, y entregarles todo el potencial de nuestra Nación, su tierra y su sangre, incluyendo nuestra fuerza laboral, que nos convierte a los mexicanos, en esclavas y esclavos mexicanos en el extranjero. No queremos que se sigan entregando los recursos naturales de México a los países que ya les sobra, pero que han decidido mantener el lujo en que viven, mediante el consumo espantoso de energía que se está dando, de parte de una mínima parte de los habitantes de la tierra.
Queremos que México sea ejemplo de rescate y de refundación de una Nación. Ésta es la idea de una nueva Constituyente: Que el pueblo se convierta en sujeto de la historia, que sean ellas y ellos, que seamos todas y todos, ciudadanas y los ciudadanos de nuestra patria, quienes nos demos una nueva formar de gobernar y una nueva manera de administrar al país.

Ruta de construcción

El grueso de las tareas organizativas y de socialización de la propuesta de la Constituyente Ciudadana-Popular que realizaremos entre el 5 de febrero y el dos de mayo de 2015 tienen tres objetivos principales:
a.- La formación del Comité de Refundación Nacional (CRN)
b.- Sintetizar las propuestas sobre el tema de la Constituyente que se han sugerido en los talleres e intercambios realizados a lo largo de 2014, además de los resultados de los encuentros por sector o área de interés que realizamos antes de la primer Asamblea Nacional a realizarse el 2 de mayo. Todo esto como parte del piso organizativo, logístico y metodológico que permitirá el despliegue de facilitadoras y facilitadoras en comunidades y grupos de base.
c.- Establecer intercambios y vínculos con otros procesos similares. En particular pondremos énfasis en la construcción de los consensos necesarios para que en el marco de la resistencia y la desobediencia civil pacífica, construyamos un espacio de actuaciones comunes frente al proceso electoral del 2015.
1. “Encuentros, foros y diálogos hacia la Constituyente Ciudadana-Popular”
Como parte de los trabajos de socialización e intercambio de lo que cada espacio de interés o sector tiene ya avanzado sobre la Constitución y la Refundación de la Nación y el Estado proponemos la realización de los “Encuentros, foros y diálogos hacia la Constituyente Ciudadana-Popular”. Para el caso podrían celebrarse los que a continuación enlistamos:

-Propuestas desde la visión de Género
- Comunicadores y medios comunicación
-Naciones y pueblos originarios. Identidad y resistencia
-Trabajadores formales e informales. Organizaciones sindicales y de defensa de los derechos laborales
-Necesidades y derechos de los Jóvenes
-Propuestas desde la lucha en defensa del territorio. Movimientos ambientales, urbanos y comunitarios.
-El problema agrario, soberanía alimentaria. Organizaciones Campesinas e indígenas
-Aportes de las y los trabajadores de la cultura
-Organizaciones políticas de izquierda
-Iglesias
-Organizaciones civiles y de derechos humanos
-Sectores productivos empresariales
-Economía social, cooperativas y economías alternativas

Se forman comités con responsables para organizar los encuentros que funcionaran como organizadores sin menoscabo de la pluralidad y la amplitud. De esta manera pretendemos apoyar y desatar procesos autónomos y convergentes donde los actores organizados sean los protagonistas. Aprovechando los aportes ya existentes en los temas de la nueva Constitución y el Proyecto de Nación, para lo cual es preciso partir de la socialización de los elementos de diagnóstico elaborados por el Tribunal Permanente de los Pueblos y las aportaciones de las y los participantes del proceso. Desde esos encuentros y comités responsables se nombrarían dos representantes, mujer y hombre, al CRN para cubrir el número de integrantes que les corresponde a los procesos sectoriales dentro del Comité, para la Refundación Nacional. (CRN)
2. Formación de comités de facilitadores en todo el país
-Realización de talleres para la formación y la consolidación de comités de facilitadoras y facilitadores estatales de la Constituyente Ciudadana Popular.
-Campañas de difusión estatal para la visibilización de la propuesta.
-Nombramiento en los comités estatales de dos representantes, mujer y hombre al CRN.
-Diseño de materiales y metodología de educación popular.
-Para los trabajos de organización se propone la creación de 7 coordinaciones regionales.
3-.Trabajo presentación pública, propuestas
-Reuniones en corto de facilitadores y activistas con el compañero Raúl Vera López.
-Presentación de la iniciativa ante grupos amplios por parte del Obispo Raúl Vera:
Febrero: Tercera semana, reunión con facilitadoras y facilitadoras en Tula, Hidalgo y presentación ante las bases de las organizaciones sociales y civiles.
Marzo: 5 o 6, presentación en auditorio ante equipos de iglesia y activistas de organizaciones campesinas-indígenas en Tuxtla Gutiérrez durante el Congreso de la OCEZ-MLN. Asistencia aproximada 600 personas. Esa reunión es con cuadros de estructura de las organizaciones. No es una presentación ante sus bases. Tercera o cuarta semana de marzo; recorrido de tres días, Mérida, Quintana Roo.
Abril: Primera semana presentación en Tepic, Nayarit. Tercera o cuarta semana, presentación en Durango o Zacatecas.
4. Vínculos de la Constituyente y la Resistencia nacional
-“Temas” de coyuntura: Ayotzinapa, huelga magisterial, resistencias territoriales y otros.
-Intercambio con otras propuestas de nueva Constituyente.
-Intercambios en foros y encuentros con sectores críticos o personas disidentes de la clase política y de instituciones estatales.
-Encuentro para discutir las cuestiones político-electorales, 21 de marzo de 2015.
- Asamblea de la Constituyente Ciudadana el 2 de mayo.

5. Sobre la formación del Comité para la Refundación Nacional
Se sugiere a modo de propuesta la integración de una comisión promotora de la construcción del CRN, que le dé seguimiento a los encuentros por sector o área de interés y al proceso de designación por parte los comités estatales de la Constituyente de sus responsables. Además, esta comisión promotora se encargará de platicar con diversas personas que por su capacidad de representación y por su nivel de acuerdo con la iniciativa, puedan ser parte de ese Comité de Refundación Nacional
Procesos de formación de comités estatales.

Contactos para la formación de comités estatales
Contactos iniciales

Chihuahua
Chiapas
Coahuila
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Querétaro
San Luis Potosi
Veracruz
Zacatecas
Quintana Roo
Aguas Calientes
Guerrero
Puebla
Sonora
Tlaxcala
Yucatán
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Colima
Tabasco
Tamaulipas
Sinaloa

Al final de la presentación, entre 4 y 6 de la tarde, se reunirán compañeras y compañeros de los diversos estados para operar la concreción de esta ruta.

Documento de las facilitadoras y los facilitadores

Arrancaron nuestros frutos… mutilaron nuestras ramas quemaron nuestro tronco pero nunca jamás pudieron arrancar nuestras raíces que aun hablan cantan y luchan.
Fragmento de poesía maya

A la sociedad civil y el pueblo de México

En primer lugar, saludamos a todas las mexicanas y mexicanos que hoy 5 de febrero, en diversas partes del país, están reflexionando sobre los caminos que nos lleven a la Refundación del Estado y la Nación Mexicana, a la redacción de una nueva Constitución y a sentar las bases de una Asamblea Constituyente Popular.
Saludamos a los padres y familiares de los normalistas de Ayotzinapa y de los civiles asesinados y heridos el 26 de septiembre en Iguala y les decimos que nos hermanamos en su demanda de justicia y de castigo a los responsables del crimen de estado. Asimismo, exigimos al Estado mexicano la presentación con vida de los 43 normalistas que fueron desaparecidos en un operativo conjunto de las fuerzas armadas y la delincuencia organizada.
Saludamos a todas las familias que han perdido sus familiares y han sufrido las consecuencias de la guerra contra el pueblo, de la violencia económica y de todo tipo a manos de las corporaciones del estado y de la delincuencia organizada. Saludamos a los presos y perseguidos políticos y a todas y todos los que luchan por el bien de las personas.

Compañeras y compañeros

Hermanas y hermanos

La Constituyente Ciudadana-Popular que hoy damos a conocer a modo de propuesta, es una iniciativa desde la sociedad civil para la Refundación del Estado y la Nación mexicana. El esfuerzo mancomunado de ciudadanas y ciudadanos conscientes de que la crisis actual y la catástrofe humanitaria que le acompaña son de tal magnitud y profundidad que no se pueden enfrentar y superar más que refundando la nación y el estado. Ésta fue resolución final del Tribunal Permanente de los Pueblos Capitulo México después de tres años de trabajos en los que participaron jurados internacionales de reconocida probidad ética y académica, quienes al lado de miles de mujeres y hombres de todo el país documentaron los crímenes cometidos por funcionarios e instituciones del Estado Mexicano y las empresas trasnacionales en contra del pueblo y la nación mexicana.
Es un ya ¡basta! ante los crímenes económicos y ambientales, ante la violencia institucional y la violación de los derechos humanos y sociales que a nombre de la globalización y los tratados comerciales, energéticos y político militares contraídos con Estados Unidos y Canadá, han socavado las bases de la soberanía nacional y las conquistas populares y ciudadanas alcanzadas a lo largo de casi un siglo de resistencias, de luchas por hacer valer los contenidos nacionales y sociales de la Constitución de 1917.

Por si alguien lo dudaba, las masacres de Ayotzinapa y Tlatlaya evidenciaron una vez más que la solución a la crisis actual y a la catástrofe humanitaria que le acompaña no puede venir de quienes las construyeron paso a paso y se beneficiaron de ellas. La justicia no puede ser obra de los criminales y delincuentes. Fruto de quienes han usurpado los poderes de la República, legislativo, judicial y ejecutivo, a través de “golpes de estado técnico” fraudes electorales magnicidios y golpes a la Constitución. De aquellos que jurando respetar y hacer valer la Constitución como expresión de la Voluntad Popular la quebrantaron; cambiando por la vía del hecho las formas de gobierno que consagraban la propiedad y el dominio de la nación sobre el territorio y los bienes contenidos en él y que reconocían la dignidad del trabajo, el derecho a la vida digna, las garantías individuales y los derechos humanos.

Nada bueno podemos esperar de aquellos simuladores que a nombre de la procuración de justicia y de la seguridad emprendieron una guerra simulada contra la delincuencia y el narcotráfico que ha cobrado más de 150 mil vidas, 30 mil desaparecidos y cientos de miles de desplazados en los últimos 8 años. Nada de los encubridores de las violaciones y los feminicidios, de las masacres y humillaciones cometidas contra las y los migrantes. Nada de quienes han condenado a la desesperanza a la juventud y a la pobreza permanente, los bajos salarios y la precariedad al grueso de la población trabajadora; nada de quienes son socios del despojo, de la transformación de nuestro país en un protectorado al servicio de las potencias del norte. Nada de quienes desmantelaron las industrias nacionales, el sistema financiero y la soberanía alimentaria. Nada digno de tomarse en cuenta puede salir de un régimen de partidos y de una clase política que han hecho de la rapiña, la violación a la ley y la impunidad su modus operandi. Nada de un régimen patriarcal, racista, sexista y antidemocrático, violador de los derechos de los pueblos y naciones originarias. Nada de un régimen que a pasos agigantados se convierte en una dictadura cívico-militar que nos transforma en enemigos internos; que nos asesina, secuestra, prostituye y aterroriza; seamos pobres o no. Nada de una economía criminal que trafica con la vida de mujeres y destruye la naturaleza; que estrangula a trabajadores y a pequeños y medianos empresarios.

En tales circunstancias, la superación de la crisis únicamente puede venir de la sociedad civil, del pueblo; del accionar de millones de personas portadoras de una nueva ética, basada en el reconocimiento de la dignidad humana, de la dignidad del trabajo de cada quien, de las personas vistas como finalidad social. De una ética del servicio que lucha por desterrar todo tipo de opresión política y cultural. De una ética que reconoce en la naturaleza el asiento de toda forma de vida y por tanto deja de verla como algo ajeno, como objeto de depredación. En fin, de una ética ciudadana basada en los derechos y en la justicia, la honradez, la igualdad y el bien común.
Por eso la Constituyente Ciudadana-Popular avanza en la conformación de un sujeto compuesto por millones de personas en torno a la construcción de ciudadanía y comunidad. A la elaboración de un sistema de leyes desde abajo, desde las personas y sus nichos vitales. El criterio de referencia antes que cualquier dogma jurídico o de otro tipo es la necesidad. La satisfacción de las necesidades para la reproducción fisiológica pero también para el desarrollo de nuestra plena humanización. Todo visto desde las clases o mayorías nacionales: las mujeres, los jóvenes, las y los trabajadores, los indígenas y los indígenas-mestizos, de las clases medias, los pequeños y medianos empresarios.

Desgraciadamente han tenido que ocurrir tragedias como las de Iguala, entre otras, para que la sociedad se sacuda en su conjunto. Hoy el régimen de la impunidad y la corrupción, de la anti-nación en pocas palabras, está herido de muerte. El descontento es general, corre por todos lados, no sólo en las manifestaciones. El nuevo sujeto de millones está en marcha. Se ha venido perfilando desde 1988 por poner una fecha. Cada vez es más patente su presencia; sus componentes suelen ser los mismos en las insurgencias cívico-electorales, en las movilizaciones por el derecho a la igualdad política y los derechos civiles, en las luchas contra las privatizaciones, en el apoyo al EZLN, en el movimiento por la paz con Justicia y Dignidad, en el 132, en las luchas por la cultura y la educación popular y 
ahora en la movilizaciones por la justicia y el castigo a los culpables de la tragedia nacional. Hoy todo México es un fermento que anuncia la buena nueva, somos millones.

Para que el sujeto social compuesto por las mayorías nacionales pueda fluir se hace indispensable una estrategia de desobediencia y resistencia civil pacífica, que aminore los alcances del terrorismo de estado, que le reste legitimidad; que gane a sectores de los organismos de seguridad y, sobre todo, que deje fluir la participación de todas y todos los interesados en poner fin al drama que vivimos.

Nuestra ruta de formar facilitadoras y facilitadores, de hacer reuniones por sectores de interés para que aporten sus propuestas sobre la Constitución y el proyecto de Nación y de socializar el diagnóstico y las conclusiones del Tribunal Permanente de los Pueblos, precede al trabajo de calle, de colectivos y de presentaciones abiertas. Es el paso cero que prepara la discusión masiva, cara a cara, con la población en los 300 distritos electorales. Posteriormente sistematizaremos las aportaciones para que grupos de especialistas de todo tipo, no sólo juristas, elaboren un primer proyecto que será devuelto a la sociedad para retornar nuevamente a los especialistas que sintetizarán en una propuesta de Constitución el camino recorrido. Después procederemos a elegir a nuestros representantes en todos los niveles, para luego instalarlos en el Congreso de la Unión y los Congresos locales.

Todo esto avanzará al calor de la lucha social como ya ocurre. Nuestra propuesta no tiene tiempo, pero el tiempo político actual nos conmina a que nos apuremos, a que tome cuerpo ya. Por lo mismo, apremiamos a todas y todos a dar los pasos necesarios para la formación de un Comité para la Refundación Nacional (CRN), que junto a las facilitadoras y facilitadores ponga manos a la obra de este primer paso hacia la reconstrucción de la nación mexicana.
El proyecto de la Constituyente Ciudadana-Popular que hoy presentamos refleja nuestras necesidades nacionales, pero no deja de ser universal. En la región de América Latina y el Caribe es parte de los procesos de refundación nacional que se abren por doquier. Es de cierta forma la continuación de las gestas de la independencia de Nuestra América y, particularmente, un eslabón más en esa cadena nacida de las resistencias indígenas y plebeyas que ya dura más de 500 años. Cadena que tuvo en los “Sentimientos de la Nación” promulgados por José María Morelos y en el ejemplo de Hidalgo, Leona Vicario Juárez, Zapata, Villa, Flores Magón y Cárdenas, entre tantas otras y otros, sus momentos más representativos.

En fin, nuestra ruta es la descolonización, la humanización, la construcción de un espacio de justicia social, igualdad, soberanía nacional, democracia desde el pueblo y libertad. La marcada por las luchas de las mujeres y de las "minorías" por la igualdad que ha ido transformando la sociedad patriarcal, sexista y androcentrista. La recorrida por nuestra parte indígena, por sus pueblos y naciones, que han garantes de la integridad territorial a través de su economía y su espiritualidad.

En verdad, la principal fuente de inestabilidad, de caos, violencia e ilegalidad proviene de la clase política y de las gerencias trasnacionales, empresariales y estatales. La mejor obra que podrían hacer para el bien de México y del mundo sería la de renunciar, la de irse. La de asumir que están rebasados por las monstruosidades que engendraron. No están capacitados para dirigir el Estado y la producción; su quiebra ética les ha vaciado de todo amor por la tierra, las personas y la vida. Fracasaron en toda línea su economía basada en el lucro y su ambición sin límites nos lleva al despeñadero. Qué pueden alegar ante su fracaso, la economía está a punto del derrumbe, la catástrofe social, se extiende por el territorio nacional. Una y otra vez han fracasado, el resultado de sus gestiones luego de más de 30 años de neoliberalismo resultaron peores a los de sus antecesores. La receta neoliberal salió más costosa que la enfermedad.

¡Que se vayan! Es el grito atronador en las calles, el susurro en los hogares, la tentación a flor de labios. ¡Que se vayan! Por el bien de todas y todos.

La nuestra no puede ser más que una iniciativa sin los partidos del régimen, de reconstrucción de comunidades y ciudadanía, de la nación frente a la anti-nación. Sin banderías y protagonismos que dividan. Aquí el único blasón es el de la Constituyente Ciudadana –Popular, el de México. En la puerta dejamos todas las banderas particulares, sin que por ello desaparezcan nuestras identidades e historias. Convocamos a todas y todos, a quienes desean que las cosas cambien en un sentido de justicia y paz a ser parte de la Refundación de la Nación y el Estado, a ser partícipes de la nueva ciudadanía de las nuevas comunidades a incluirse en esta iniciativa que nos viene desde las venas de América, desde las entrañas de la patria que nos ha sido robada.

¡Independencia y Libertad!
¡Viva México!

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Hasta la victoria siempre. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos!

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