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21/8/14

El Día Internacional de Protesta Conmemora el Primer Aniversario del Encarcelamiento Ilegal de Nestora Salgado en México

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Asiste al acto en México, D.F., 21 de agosto, 17 horas, Plantel del Valle, Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Tomarán la palabra:
Familiares de Nestora Salgado y de los comunitarios guerrerenses presos.
Esposa de Marco Antonio Suástegui, dirigente de CECOP.
Ex- preso político de la Autodefensa de Aquíla, Michoacán.
Familiares de Roció Mesino, lider asesinada de la OCSS.
Frente Popular Francisco Villa, México Siglo XXI
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Atenco
Javier Marmolejo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la UACM.
Defensores de los presos políticos en el DF.
Se leerán mensajes del padre Alejandro Solalinde, John Ackerman, compañeras feministas y otros derecho-humanistas.
San Lorenzo 290, esquina Roberto Gayol,
C
ol. del Valle Sur, Del. Benito Juárez,
México D.F., C.P. 03100
Se exige la libertad del Dr. José Luis Mireles, Marco Antonio Suástegui y demás prisioneros políticos
EL 21 DE AGOSTO SE CONMEMORA EL PRIMER ANIVERSARIO del encarcelamiento de Nestora Salgado, ciudadana naturalizada de Estados Unidos y líder de una fuerza indígena comunitaria de defensa autorizada tanto por la constitución de México como por la del estado de Guerrero. Familia y partidarios de Salgado en los EE.U y México eligieron este día para llamar a un día internacional de protestas para exigir que sean liberados ella y otros presos políticos encarcelados por el gobierno de Peña Nieto.
Protestas estadounidenses se llevarán a cabo en los consulados mexicanos en Chicago, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Seattle y Portland, Oregón. En México, se han previsto eventos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), así como en Olinalá, Guerrero, Jamiltepec, Oaxaca y el estado de Sinaloa. Protestas de solidaridad también se llevarán a cabo en San José, Costa Rica, Santo Domingo, República Dominicana, Buenos Aires, Argentina, Manaos, Brasil y Melbourne, Australia.
Entre los presos políticos cuya libertad se solicita se encuentran: el Dr. José Luis Mireles, líder de las fuerzas de autodefensa de Michoacán, junto con más de 80 de sus hombres; Marco Antonio Suástegui, dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota, y otros tres activistas indígenas, 10 miembros de la fuerza policial de la comunidad de Olinalá, incluyendo a los líderes Gonzalo Molina y Arturo Campos; y otros activistas sociales de Colima y otras comunidades.
ANTES DE SER ELEGIDA PARA DIRIGIR A LA POLICÍA COMUNITARIA DE OLINALÁ, Salgado hizo numerosos viajes para entregar ayuda a los residentes pobres de su ciudad natal. La comunidad se encontraba bajo el asedio de la delincuencia organizada, un sindicato criminal plagado de funcionarios públicos corruptos. En el desempeño de sus funciones, Salgado enfureció a las autoridades locales que la detuvieron por cargos de secuestro y la enviaron a una prisión de máxima seguridad en Tepic, Nayarit. En marzo, un juez federal anuló los cargos en su contra y ordenó su liberación. Hasta ahora los funcionarios del estado de Guerrero se han negado a seguir esta orden y Salgado todavía se encuentra tras las rejas. Ella tuvo su primera reunión con su abogado la semana pasada.
SALGADO SE HA CONVERTIDO EN EL ROSTRO DE UNA LUCHA MAYOR EN MÉXICO.Se han formado otras fuerzas de autodefensa para proteger las ciudades y pueblos de los mafiosos y de la toma de tierras por parte de compañías mineras internacionales – con un éxito considerable. A pesar de su eficacia – o más bien a causa de ella – el gobierno mexicano ha encarcelado a decenas de estos defensores. En junio, el Dr. José Manuel Mireles y sus autodefensas, que habían expulsado a los criminales de 14 distritos de Michoacán, fueron detenidos en masa.
Hoy Salgado y Mireles se han convertido en símbolos de la resistencia contra la corrupción del gobierno mexicano y la represión violenta.

La esposa de Suástegui, líder opositor a La Parota injustamente apresado, estará en el acto del jueves 21 de agosto en el DF


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En la edición anterior de El Socialista digital, informamos que el 17 de junio fue detenido el vocero y líder histórico guerrerense del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz. Semanas después, fueron detenidos sus compañeros Emilio Hernández, Julio Ventura y José Palma Tórnez.
Se trata de un nuevo caso de criminalización de la protesta política, es decir, de tratar como a delincuentes a los luchadores sociales.
La dirigente del  Consejo de Derechos Humanos de la Costa Chica, Naycwe, Kenia Hernández Montalván, denunció que los 47 pueblos de la región de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, en Acapulco, permanecen rodeados por el Ejército y la policía tras la detención de  Suástegui.
Acusó al gobernador Aguirre Rivero por haber traicionado la confianza de los pueblos y por plegarse al proyecto del presidente Enrique Peña Nieto para sacar adelante el proyecto de La Parota.
Mediante la captura del fundador de la CECOP el gobierno estatal ha favorecido a los caciques de la zona, “los Bailón”, aliados de los gravilleros que explotan la riqueza de los ríos, quienes basados en una acusación llena de incongruencias señalaron a Marco Antonio Suástegui.
Kenia Hernández advirtió que pese a ello, el CECOP mantendrá la lucha ahora por la liberación inmediata del fundador de esa organización, apoyados por organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente.
El odio contra Suástegui, sus compañeros y el pueblo organizado en el CECOP se debe igualmente a que esta organización ha obtenido triunfos de resonancia internacional. “En el 2006, el Comité de derechos económicos, sociales y culturales de la ONU, en su cuarto informe periódico sobre México, presentó el caso de La Parota y manifestó su preocupación por la falta de información objetiva, así como la falta de consulta a los pueblos.
“En ese mismo año el relator de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, resaltó la violencia generada a causa del interés del gobierno por construir la presa, y el incumplimiento de las medidas judiciales decretadas por los tribunales, que ordenaban la salida de la CFE de los bienes comunales de Cacahuatepec. El relator especial de la ONU sobre vivienda, Miloon Kothari, quien también visitó la región, envió un escrito al entonces secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, donde expresaba sus preocupaciones sobre las implicaciones ambientales, sociales y culturales del proyecto hidroeléctrico.
“Por su parte el Tribunal Latinoamericano del Agua, un organismo de carácter moral, cuyo jurado lo integran personalidades de gran prestigio académico, declaró en su fallo que el proyecto La Parota debe cancelarse, ya que no garantiza beneficios tangibles a la población local, ni su contribución al desarrollo regional y a la protección al medio ambiente. Todas las instancias internacionales evidenciaron que tanto el gobierno federal como el estatal, restringen derechos fundamentales de los campesinos que se oponen a la construcción de la hidroeléctrica.”

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