He pedido hacer uso de la palabra en esta sesión en que prácticamente concluye la Legislatura actual, preocupada por el tratamiento que se está dando en estas horas al tema fundamental para este periodo que han sido los derechos humanos. A esta Legislatura le ha tocado el sexenio donde la mayoría de la población ha sufrido violaciones de sus derechos humanos usándose como excusa la llamada guerra a la delincuencia organizada o al narcotráfico que ha servido de cobertura a la militarización del país y su terrible secuela de asesinatos, desapariciones y terrorismo de Estado. Frente a ello han surgido desde la sociedad, además de los movimientos que tenemos mas de 30 años reclamando justicia, especialmente por los desaparecidos durante la represión política contra la disidencia en nuestro país, nuevos movimientos de familiares de víctimas de la llamada guerra contra la delincuencia que encubre la militarización y ahora esta masiva violación de derechos humanos no exclusiva contra disidentes políticos o luchadores sociales, sino contra amplios sectores de la población. Que estos crímenes -ejecuciones, desapariciones y otras violaciones- no sean la mayoría de las veces parte de una represión política, no quita la responsabilidad de la autoridad. La decisión de iniciar esta guerra responde a una decisión política de un gobierno deseoso de encontrar una legitimidad y apoyo diferentes a los que se originan del voto popular. El clima de violencia, miedo, falta de solidaridad que crea la militarización tiene un efecto de control social y de una suerte de “limpieza social” cuando resulta que la mayoría de las víctimas de esta guerra son pobres, jóvenes y mujeres, estigmatizados como delincuentes, sicarios o narcos. El clima de miedo estimula o busca justificar los llamados a más represión, control militar o policiaco, reformas legales que incremente penas y también la venganza en vez de la justicia.
Siendo diferentes los casos derivados de la represión política contra la disidencia, como son los desaparecidos que reclamamos, de los casos actuales derivados de la llamada guerra contra la delincuencia, hay un punto de continuidad. El salvajismo, la crueldad y el cinismo que vemos en la actualidad están alimentados por la impunidad que ha prevalecido en relación a los casos del periodo anterior. Los responsables de aquellos crímenes se mueren ya de viejos o envueltos en el mundo de violencia donde siempre se condujeron sin que jamás hayan sido llamados a cuenta sobre sus delitos y crímenes de lesa humanidad cometidos. Peor aún, las víctimas de sus crímenes, asesinados o desaparecidos, sin que se reivindique su nombre y sin que se establezca la verdad sobre el paradero de esos desaparecidos. Obviamente cuando los actuales criminales constatan esa realidad se aleja para ellos cualquier preocupación de que algún día tengan que responder por lo que hoy hacen. Porque además conviven y encuentran una virtual complicidad con aquellos actores y testigos de crímenes del periodo anterior. No todos están muertos o son viejos decrépitos retirados, sino otros siguen entre nosotros, activos o silenciosos; guardando los secretos que atesoran y enseñando con su cinismo a los nuevos torturadores y criminales sus métodos, haciendo hipócritas reconocimientos a víctimas que ayer calificaron de sicarios u ofreciéndoles dinero como reparación por los “daños colaterales” cometidos por una máquina trabajando en la violencia. La complicidad y carga de conciencia no se limita a los que fueron gobierno, sino a los que no lo eran entonces pero que desde la “iniciativa privada” prestaron sus ranchos y propiedades, apoyaron y cooperaron económicamente a brigadas que de blanca no tenían mas que el nombre pero completamente manchadas de sangre. Por eso hay una continuidad en este problema aunque las víctimas de las violaciones a los derechos humanos respondan a circunstancias históricas y políticas distintas.
Por lo anterior es que el problema es político, de responsabilidad y voluntad políticas y no simplemente de nuevas leyes. Los crímenes de lesa humanidad lo son desde antes y los derechos violados de las víctimas son derechos sin necesidad de reagruparlos y “volver a reconocerlos”. Es como el protocolo que anunció un par de días atrás el gobierno federal donde dice, después de 5 años de militarización, que los soldados no deben disparar a los que pasan por un retén!!!
Ejemplo de lo que quiero decir es la aprobación de la Ley de Víctimas y la negativa a discutir y aprobar los dictámenes que presenté sobre la Ley para prevenir y sancionar la desaparición forzada de personas y una ley para establecer una Comisión de la Verdad.
Ayer este Senado aprobó La Ley General de Víctimas que establece varios derechos, muchos de los cuales ya son reconocidos por la Constitución y los diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México no sólo forma parte, sino que su contenido normativo es obligatorio a partir de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011. Aún así, no deja de ser importante que se compilen en un sólo cuerpo legal para que la autoridad comprenda mejor –algo que lamentablemente casi nunca hace- a lo que está obligada en sus relaciones con las personas a las que debe proteger.
Insisto, no deja de ser importante que se hagan explícitos y en un sólo texto los derechos que el sistema legal otorga a las personas víctimas del delito.
Sin embargo, el texto resulta revelador de la terrible realidad que pretende remediar. Por un lado reitera varios derechos que desde luego las víctimas tienen ya en diversas disposiciones de nuestro orden jurídico ¿Por qué razón antes no se respetaban esos derechos? ¿Por repetirse en una nueva ley la autoridad -ahora sí- los va a respetar? Basta revisar el texto del artículo 7º para darse cuenta de lo anterior.
Es el mismo caso de las obligaciones que la ley impone a la autoridad, ¿Por reiterar las obligaciones que ya tienen en la Constitución y en las leyes que regulan su funcionamiento los órganos de procuración e impartición de justicia ahora sí van a cumplir cabal y honestamente con su trabajo?
Incluso esas obligaciones que la ley impone a la autoridad, al reiterarlas, muestra lamentablemente lo que los funcionarios no hacen, lo que incumplen, los derechos que violan. Un ejemplo claro, entre otros que contiene esa ley, es el contenido del artículo 129, donde se expresan los deberes de todo servidor público. Muestra del grado de podredumbre de la autoridad y de los derechos de las personas que flagela con su actuar corrupto, es que en ese artículo se impone el deber a dichos servidores públicos, como si no lo tuvieran, de abstenerse de solicitar o recibir, por parte de las víctimas o de sus representantes, gratificaciones monetarias o en especie, dádivas, favores o ventajas de cualquier especie.
Debilidad fundamental del ordenamiento es que su ejecución y cumplimiento esté encomendado a las mismas autoridades que violan derechos, a las que se niegan a atender a las víctimas, a las que simulan que cumplen con su función pero que desatienden a las personas, a las que se coluden con los criminales para lograr su impunidad; Insisto: ¿Acaso por establecer -otra vez- en una ley lo que deben hacer ahora sí lo van a cumplir?
Un derecho fundamental reconocido en la ley pero que no está debidamente garantizado es el derecho a la verdad ¿Quién hará efectivo ese derecho? ¿El ministerio público? ¿Esta dependencia que ha sido incapaz de aclarar siquiera los delitos que han generado tantas víctimas va a ser la que encabece el establecimiento de la verdad histórica sobre las diversas violaciones que se cometen a los derechos de las personas? Cualquier víctima de esta guerra que padecemos desde hace cinco años podrá dar cuenta del calvario que significa acudir a una agencia del ministerio público a presentar siquiera una denuncia. La ley en su artículo 27 deja a la discrecionalidad del Estado establecer el instrumento legal para hacer efectivo ese derecho. La realidad es que la eficacia del derecho está siendo negada, pues una facultad discrecional no obliga a nada, y un derecho fundamental sin una garantía que haga eficaz su cumplimiento es sólo una prescripción que el Estado no se ocupará en respetar. Contrasta lo que digo con la negativa a discutir y aprobar, siquiera en comisiones, la propuesta de una Comisión de la Verdad que instrumente prácticamente el “derecho a la verdad” que reconoce la flamante ley.
La inocuidad deliberada con la que se envenenan muchos aspectos de la ley va acompañada de la negativa a siquiera discutir otras dos propuestas que buscan detener y corregir el autoritarismo, así como evitar la impunidad de aquellos que violan y han violentado derechos humanos; me refiero a las iniciativas por las que se expiden la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas y la Ley que crea la Comisión de la Verdad para los Crímenes de la Guerra Sucia en México.
Aprobar ambos ordenamientos no sólo es un imperativo legal derivado de los tratados internacionales de los que México es parte y de la resolución dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que los mismos permitirían establecer auténticos instrumentos, más alejados del poder público, para remediar la desaparición forzada de personas y acabar con la impunidad que desde hace 44 años ha arropado a servidores públicos que cometen delitos en contra de personas. Para mí, está claro que la intención es privilegiar normas que representan avances a medias, que resultan inofensivos para el poder corrupto que violenta derechos y en cambio se desdeñan instrumentos legales que podrían ayudar a la efectiva erradicación de prácticas autoritarias como la desaparición forzada y evitar la impunidad del pasado, que es la fuente que alimenta a la impunidad que nos agobia en el presente.
La Legislatura se termina y los anteriores temas no quedan simplemente como pendientes legislativos, en realidad ni eso porque el acuerdo parlamentario es que si alguna iniciativa no se dictamina y se presenta al pleno, se desecha en definitiva. No son temas que no se discutieron y aprobaron por carga o atraso legislativo sino por una decisión y responsabilidad políticas asumidas por la actual mayoría parlamentaria que optó por ocultar y solapar las responsabilidades de las partes, cubriéndose con el manto de la complicidad mutua y en cambio pretender que se honra el compromiso con las víctimas con una recopilación de derechos ya existentes pero en un instrumento sin filo para lograr la justicia. Una mera declaración que unánimemente acordada sirva para hacer creer a las víctimas que habrá justicia cuando los instrumentos para hacer efectivos esos derechos se desechan.
Por suerte con el despertar popular reclamando sus derechos y justicia, esperamos ya pronto termine la pesadilla que hemos vivido estos años de violencia y militarización.
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