A l@s firmantes del documento contra la impunidad: |
Hemos reunido más de 1500 firmas a título personal y 11 de organizaciones independientes. Mañana comienza la entrega. Aquí va el boletín de prensa para que todos sepan que su firma está cumpliendo su propósito, pero que aún falta mucho por hacer. ¡Ánimo, sigamos! Por favor, circulen esta información.
Representantes de la sociedad civil se reunirán mañana, 8 de julio, ante las puertas de la Comisión Permanente del Senado de la República, a la que acudirá a comparecer el director del IMSS, Daniel Karam.
*El movimiento ciudadano no partidista “Por nuestros niños y niñas: contra la impunidad”, invita a los medios de comunicación y a la población civil al plantón que se realizará frente a las puertas del recinto legislativo, ubicado en Donceles núm. 16, a las 4 p.m., en el que se hará entrega del documento, firmado por diversas organizaciones independientes –entre las que se encuentran el Centro Mexicano para los Derechos de la Infancia, Católicas por el derecho a decidir, y Mujeres sin miedo- así como más de mil personas, en el que se solicita a los tres poderes del gobierno mexicano que respondan al justo reclamo de los padres de familia.
*A un mes de la tragedia, la sociedad civil exigirá a Daniel Karam que dé a conocer la lista de los dueños de las casi 1 500 guarderías subrogadas en el país e informe qué medidas concretas tomará el IMSS para ofrecer un servicio de guarderías que garantice el pleno bienestar de los niños y las niñas, como le corresponde por ley.
*De este modo, se busca cumplir el compromiso de apoyo a los padres y a las madres de las criaturas muertas y heridas. El pasado 4 de julio, Catalina Soto, vocera del Movimiento 5 de junio, de Hermosillo, dijo en forma contundente: “¿Qué es lo que tenemos después de un mes? Nada. (...) Tenemos un Seguro Social que subroga sus obligaciones y viola sus propias normas para alimentar la voracidad de familiares y socios pertenecientes al primer círculo del poder, para la obtención de dinero fácil proveniente de nuestras cuotas y de nuestros impuestos”.
*Representantes del movimiento “Por nuestros niños y niñas: contra la impunidad” afirman que el apoyo a los padres y madres en duelo implica, entre otras cosas, mantenerse pendientes de los sucesos en el D.F. y no cejar en las exigencias hasta que éstas se cumplan. “Es necesario unir esfuerzos para una lucha que será larga. Se trata de la construcción de un México capaz de dar vida digna a sus niños y niñas, en vez de muerte”.
Este daño ha sido definido como un delito de lesa humanidad por las legislaciones nacionales de casi todos los países del mundo (con excepción de los EEUU e Israel), así como por diversos convenios y tratados internacionales.
Cuando los perpetradores de este daño no son castigados, cuando hay impunidad, se combinan dos delitos: la tortura y la impunidad; estos delitos son cometidos por servidores de los gobiernos, con la aceptación y el aprovechamiento de sus efectos por parte de los dueños del gran capital (financiero, oligárquico) y por otros sectores minoritarios, pero poderosos del Estado, así como por las capas medias reaccionarias de la población.
La conducta inmediata más importante que se produce por la tortura es el terror, que neutraliza la voluntad de las personas y las colectividades. Más adelante, la tortura busca la destrucción de la persona torturada, con lo cual se intensifica el terror en el entorno social de esa persona. Por ello, la combinación de esos dos delitos, la tortura y la impunidad, sumados al efecto de los mensajes emitidos por los grandes medios de comunicación, producen una situación de terror generalizado, conocido como TERRORISMO DE ESTADO.
El terrorismo de Estado es, hoy, un recurso del gran capital y de su Estado, cuando ya no tiene argumentos que disminuyan la inconformidad social causada por la explotación, la opresión, el saqueo y la destrucción de la naturaleza. Así, es un recurso de las dictaduras de los propietarios del gran capital, ya instituidas o en formación.
En otras palabras, la oligarquía y su Estado usan a la tortura – combinada con impunidad y con los medios de comunicación – contra el pueblo. El terrorismo de Estado es un arma de la lucha de clases para imponer la voluntad de los dueños del capital sobre el resto de la población.
En las sociedades actuales, la instauración de la dictadura parte de la contradictoria violación de las leyes pre-existentes. Para ello, los sectores dominantes – los grandes propietarios de capital – establecen redes de complicidad entre los políticos, los jueces, los militares y policías, los altos funcionarios de las iglesias, los medios de comunicación masiva y los profesionales directamente involucrados en la tortura: médicos, psicólogos, abogados, antropólogos, etc.
Esto es lo que ha sucedido durante el nazifascismo, en las dictaduras del Cono Sur y en Centroamérica; Es lo que está sucediendo de manera intensificada en todos los territorios del mundo afectados por la política imperial de los EEUU a partir del 11 de septiembre de 2001.
En México al igual que en el resto del mundo capitalista, los nombres de los sobrevivientes y de los muertos por la tortura son, con raras excepciones, nombres de trabajadores, de indígenas, de estudiantes, de luchadoras y luchadores sociales. Y los nombres de los torturadores pertenecen a los sirvientes del capital: a presidentes, gobernadores, jueces, policías, oficiales del ejército y profesionistas cómplices.
La lista de l@s torturad@s y de los perpetradores impunes en México es larga, muy larga.
Así que a continuación se transmite sólo una pequeña parte.
- Tlaltelolco, 1968. Miles de estudiantes torturados y masacrados. Responsable: Luís Echeverría Álvarez. Nadie ha sido castigado.
- Oaxaca 1996-98.155 indígenas zapotecos torturados y encarcelados, 22 ejecuciones extrajudiciales, 22 desapariciones forzadas. Responsables: Diódoro Carrasco Altamirano, Lucio Esteban Vázquez Ramírez. Nadie ha sido castigado.
- Oaxaca, 1997- 2003. Marcelino Santiago Pacheco, indígena miembro de la OPIZ. Encarcelado 5 años, absuelto por inocencia, torturado, 2 veces desaparecido. Responsables: Diódoro Carrasco Altamirano y los que resulten. Nadie ha sido castigado.
- Distrito Federal, 2001. Digna Ochoa y Plácido. Defensora de los derechos humanos. Torturada y ejecutada. Responsables: Rogaciano Alba Álvarez, Rafael Macedo de la Concha, Vicente Fox Quezada, Gerardo Clemente Vega García, José Luís Soberanes Fernández. Nadie ha sido castigado.
- Ciudad Juárez, 2001-2005. Víctor García Uribe. Taxista. Torturado, encarcelado 5 años y absuelto. Gustavo González Meza. Taxista. Torturado, encarcelado y asesinado. Responsables: José Reyes Baeza Terrazas, Rafael Macedo de la Concha, Alberto Vázquez Quintero y los que resulten. Nadie ha sido castigado.
- Atenco, 2006. 2 asesinados, 47 mujeres y 160 hombres torturad@s, 3 líderes en una cárcel tumba con una condena arbitraria equivalente a 2 vidas. Casi tod@s integrantes de la Otra Campaña o del Frente de Pueblos por la Defensa de la Tierra. Responsables: Enrique Peña Nieto, Vicente Fox Quezada, Wilfrido Robledo Madrid, Abel Villicaña, Eduardo Medina Mora, Miguel Ángel Yunes Linares. Nadie ha sido castigado.
- Zongolica, 2007. Ernestina Ascensión Rosario. Indígena. Torturada, violada, asesinada. Responsables: Guillermo Galván Galván, José Luís Soberanes Fernández, Felipe Calderón, soldados del 63 Batallón de infantería. Nadie ha sido castigado.
- Oaxaca, 2006-2007. Incontables miembros de la APPO. Torturados masivamente, desaparecidos, asesinados, encarcelados. Responsables: Vicente Fox Quezada, Ulises Ruiz Ortiz, Bulmaro Rito Salinas, Heliodoro Díaz Escárraga, Lino Celaya Luria, Manuel Baráibar Constantino, Roberto Lara Hernández y los que resulten. Nadie ha sido castigado.
- Oaxaca, 2007. Emeterio Merino Cruz Vasquez, integrante de CODECI-Xanica. Torturado. Responsable: Ulises Ruiz. Nadie ha sido castigado.
- Guerrero, 2009. Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía. Defensores de los DDHH de la Organización para el Desarrollo del Pueblo Mixteco. Indígenas. Torturados y ejecutados. Responsables: Rogaciano Alba Álvarez y los que resulten. Nadie ha sido castigado.
- Guerrero, 2009. Javier Torres Cruz. Campesino integrante de la Organización Ecologista de la Sierra de Coyuca y Petatlán. Desaparecido, torturado y acosado. Responsables: Rogaciano Alba Álvarez, Nadie ha sido castigado.
Nadie ha sido castigado… pero llevamos la cuenta.
José Luis Hernández Ayala No por esperado es menos espeluznante el triunfo electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el reciente proceso electoral. Con una representación cercana a 237 diputados, de un total de 500, el PRI se convierte en la primera minoría y si le agregamos los casi 21 diputados que obtendrá su satélite, el “Verde Ecologista”, se asegura una cómoda mayoría. Este triunfo se complementa con cinco de las seis gobernaturas en juego, además de otros resonantes triunfos en importantes bastiones panistas y perredistas. El principal derrotado es el Partido Acción Nacional (PAN), que ha recibido un fuerte castigo por parte de sus electores al reducir su participación parlamentaria a 143 diputados, de los 206 con los que cuenta actualmente. Así el presidente “espurio” ha visto acotar aún más su mandato y se convierte en rehén de la mayoría priísta en la Cámara de Diputados. El PAN también ha perdido los estados de Querétaro y San Luis Potosí, además de muchas otras notables derrotas. El voto de castigo es producto de la crisis económica y del fracaso de la campaña en contra del narcotráfico como elemento propagandístico. Es decir, estamos ante un cambio drástico en la correlación de fuerzas al interior del actual grupo gobernante, lo cual no significa ningún beneficio para la clase trabajadora, ya que ambos partidos, PRI y PAN, se las arreglarán para continuar las reformas neoliberales en las cuales están comprometidos. El otro gran perdedor es el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que por el alineamiento de su dirección (los “Chuchos”), con el gobierno federal y su confrontación con López Obrador, han visto reducir su participación parlamentaria en casi un 40 por ciento (con alrededor de 73 diputados). El amplio descontento popular en contra del gobierno panista no encontró en el PRD (ni en la llamada “izquierda radical”, “otra campaña”, etc.), el cause político que lo representara, una parte se integró al Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular , el Petróleo y la Soberanía y otra volvió a votar por el PRI, como aconteció en las zonas proletarias de Netzahualcoyotl y Ecatepec. Andrés Manuel López Obrador (AMLO), obtuvo una resonante victoria política al lograr que su candidato en la Delegación Iztapalapa del Distrito Federal, abanderado por el PT (Partido del Trabajo), obtuviera holgado triunfo sobre la candidata del PRD impuesta por la dirección de dicho partido y el gobierno panista. Este triunfo volvió a demostrar que la movilización y la organización, desde abajo, es la mejor forma para confrontar la ofensiva mediática desatada en su contra por el gobierno y sus aliados. En relación al abstencionismo, retomo la información vertida en el periódico La Jornada del 6 de julio “A pesar de los augurios que proyectaban abstencionismo histórico, y del vacío que las cadenas televisivas hicieron a la elección (como expresión de inconformidad con la reforma electoral), la participación ciudadana detuvo su caída en las elecciones intermedias y se ubicó en 43.74 por ciento, dos puntos más con respecto a 2003, cuando se registró 41.1 por ciento, la más baja desde la creación del Instituto Federal Electoral (IFE)”. El voto nulo sí registró un sustancial incremento al pasar del 2.51 por ciento en 2006, al 6.04 por ciento en las actuales elecciones. En la campaña por el voto nulo participaron lo mismo importantes comunicadores y personalidades de derecha, que marginales grupos de izquierda. Es obvio a quién pertenece y a qué intereses sirve la amplia mayoría de este voto. La primera lección de estos comicios es la evidencia de que aún permea, en amplias capas de la sociedad mexicana, un fuerte conservadurismo. Este sector no solo vota porque tiene confianza en las instituciones, también confía en partidos que son sus enemigos. No existe otra forma de sustraer a estos sectores de esa confianza, que a través del trabajo político paciente y que, por experiencia propia, comprendan la superioridad de la movilización y de la autoorganización sobre la participación electoral.. Otra lección, es la verificación del enorme peso con que cuentan los medos de comunicación televisivos, en un amplio sector de la llamada “opinión pública”. Gracias a dicha influencia, los bribones del Partido Verde lograron una votación histórica, llevando a la cámara a un grupo de diputados representante de los intereses del duopolio televisivo. Finalmente es importante constatar el enorme peso con que aún cuentan los diversos aparatos corporativos en la definición política de sus integrantes. Tanto es así, que ahora no solo el PRI recurre a éste mecanismo de control, ahora también el PAN y el PRD, que antaño tanto lo criticaron, recurren a él para defender sus respectivos intereses. Debemos reconocer que el resultado de este proceso electoral es sumamente benéfico para los intereses de la mafia oligárquica que controla todos los resortes del poder. El sistema, en su conjunto, ha logrado relegitimarse. La burguesía mexicana acaricia, como nunca antes, la posibilidad de establecer un sistema bipartidista de derecha. Ahora el PRI, el PAN y sus aliados cuentan con la mayoría necesaria para reformar la Constitución. El terreno, piensan, se encuentra abonado para iniciar reformas que completen la privatización del sector energético, eliminar conquistas plasmadas en las leyes laborales y una reforma fiscal lesiva, como aplicar IVA a alimentos y medicinas. El resultado de estas elecciones es una llamada de alerta para todos los movimientos sociales del país. Antes de que la mafia que nos mal gobierna inicie su ofensiva, todos los movimientos sociales deberían de hacer a un lado las diferencias que los separan, construir nuevas propuestas de unidad y relanzar un programa emergente para enfrentar la crisis. Debemos de retomar la lucha para que los costos de la crisis la paguen los que la generaron. Este escenario demuestra que existe un amplio espacio para construir una izquierda realmente comprometida con los intereses de los de abajo, radical, feminista, anticapitalista, congruente entre lo que dice y lo que hace y que nunca subordine su apoyo a los movimientos sociales a su proyecto político. Debemos superar toda forma de falso radicalismo, sectarismo y también de oportunismo. Hay que regresar a Lenin. Vale la pena intentarlo. México D. F. a 7 de julio de 2009 |
Lo confirma la prensa hondureña de ultraderecha que reportó estos últimos días las declaraciones más incendiarias, hechas desde Bogotá, por el grupo que cuenta en su pasado una asociación asesina con el Plan Cóndor, la operación que reunió a las dictaduras militares en los años 70.
El periódico ultraderechista continua señalando como UnoAmérica “advierte sobre la intervención indebida de Hugo Chávez en los asuntos internos de Honduras” proporcionando “un apoyo financiero” condicionado “por una serie de obligaciones, entre ellas (…) alinearse con el eje La Habana-Caracas” .
Esta madrugada precisamente, ante la cómplice actuación de los grandes medios de comunicación de Honduras, un sector militar hondureño junto a la oligarquía concretaron un golpe de estado contra el Presidente Manuel Zelaya.
En el caso del periódico El Heraldo titula la portada de su portal electrónico lo siguiente: ” Presencia de nicas y venezolanos en Honduras aceleró captura de Zelaya “, así mismo se refiere al golpe de estado como la respuesta de Honduras ante la “ilegalidad”.
UNA ALIANZA FASCISTA PANAMERICANA
En los últimos meses, UnoAmérica (Unión de Organizaciones Democráticas de América) ha realizado campañas de propaganda contra Venezuela, Bolivia, Cuba, Ecuador, Paraguay y Nicaragua.
En Washington, con el apoyo logístico de la inteligencia yanqui, la organización de corte fascista ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA una “denuncia” contra el Gobierno de Bolivia y el presidente Evo Morales por “delitos de lesa humanidad”.
UnoAmerica es diriga por el venezolano ulraderechista Alejandro Peña Esclusa, un opositor golpista a Hugo Chávez. En un articulo reciente publicado en Cubadebate, la investigadora argentina Stella Caloni, describe UnoAmérica como parte de “la telaraña de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Fundaciones de nombres muy “democráticos” que controla la Cia y otras agencias de Estados Unidos” que ” sigue extendiéndose por toda América Latina”
“Los personajes ligados a este proyecto son integrantes de las derechas totalitarias que compartieron las dictaduras en el continente y ahora se convirtieron en promotores de los nuevos golpismos en nuestros países. Con este perfil podemos imaginarnos cuáles son sus conceptos de “democracia y libertad, ” escribe Stella Caloni.
EN BOLIVIA, AL LADO DEL MERCENARIO NEONAZI RÓZSA
En Bolivia, se comprobó que el jefe de los mercenarios involucrado en el intento de magnicidio contra Evo Morales, el húngaro-boliviano, Eduardo Rózsa Flores , muerto en un enfrentamiento con la policía boliviana, estuvo en contacto permanenet con el ex mayor “carapintada” Jorge Mones Ruiz, directivo de UnoAmérica. Estos dos partidarios del derrocamiento violento de los gobiernos progresistas de América se reunieron a principios de abril, unas semanas antes de que fuera descubierto el complot, según fuentes seguras.
De acuerdo con un análisis publicado hace unos días por el investigador boliviano Nicolás Fernández Moliño, el argentino Mones Ruiz, “se instaló el 2005 en Santa Cruz con un nombre falso” y “mantuvo contacto con otro militar argentino prófugo, Luis Enrique Baraldini”.
En cuanto a Peña Esclusa, el afamado periodista e investigador italiano Gennaro Carotenuto lo describe como “un oscuro personaje de la derecha neofascista latinoamericana” , miembro de la secta Tradición, Familia y Propiedad, golpista en Venezuela, vinculado a los escuadrones de la muerte salvadoreños y la organización de militares del Plan Cóndor Argentino.
Por Chevige González Marcó
El investigador de la FMSO asignado a las Expediciones Bowman, el Teniente Coronel Geoffrey B. Demarest, es sospechoso de usar los mapas para inteligencia militar en contra de comunidades indígenas que afirman su autonomía y auto-determinación a través de gobernar y poseer colectivamente su territorio. Según Demarest, el único camino para el ‘progreso y la seguridad’ en América Latina es el de la privatización de éste tipo de tierras comunales.
En publicaciones de la FMSO y en un libro de texto titulado “Geopropiedad: Asuntos Externos, Seguridad Nacional y Derechos de Propiedad”, Demarest asegura que “la posesión informal e irregulada de tierras favorece el uso ilícito y la violencia”, y que la única solución para estos campos de cultivo de crimen e insurgencia es la privatización y titulación de la tierra.
No debiera sorprender, que Demarest no sólo fue entrenado en la Escuela de las Américas del Ejército Estadounidense (el centro famoso por enseñar tortura y creación de escuadrones de muerte paramilitares al personal militar Latinoamericano), pero también sirvió como el agregado militar de los Estados Unidos en la embajada de Guatemala entre 1988 y 1991, un tiempo de represión militar fuertemente respaldada por los Estados Unidos contra comunidades indígenas en Guatemala, con varios casos notorios de tortura y asesinato.
Antes de su trabajo en el proyecto “México Indígena”, Demarest estaba implementando sus estrategias de información geográfica en Colombia, por lo menos hasta 2003. Un ensayo de la FMSO de marzo de 2003, escrito por Demarest, titulado “Mapeando Colombia: Información Geográfica y Estrategia”, declara claramente el uso final de la información geográfica: “Mientras el valor forense de la información de la propiedad de tierra es relativamente obvio, no es tan obvia la correlación entre información geográfica y estrategia militar, pero esta correlación marca precisamente un atributo esencial de campañas contrainsurgentes exitosas.”
En el mismo ensayo, Demarest da un paso adelante y expone las intenciones imperialistas para la información geográfica y la estrategia: “El poder estratégico se convierte en la habilidad de retener y adquirir derechos de propiedad alrededor del mundo. El poder nacional, sub-, supra- o transnacional puede ser medido por consiguiente.”
La misión primaria de la FMSO es evaluar amenazas asimétricas y emergentes para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Con amenazas asimétricas se refieren a ejércitos guerrilleros y organizaciones terroristas. Por otra parte, la FMSO está evaluando movimientos sociales influidos por indígenas, como amenazas emergentes para la seguridad de los intereses políticos y económicos en México.
Oliver Froehling, geógrafo y director académico de la Universidad de la Tierra en la ciudad de Oaxaca, resalta el peligro de este tipo de proyectos de mapeo cuando declara: “El proyecto México Indígena se suscribe a una estrategia político-militar. No podemos olvidar que el mapeo empieza en medio del debate sobre un paquete de financiamiento militar de los Estados Unidos conocido como la Iniciativa Mérida. El control y desplazamiento de comunidades indígenas pretende remover potenciales focos rojos en la política, contribuir al control militar de la región y finalmente ‘liberar’ recursos naturales para beneficio del gobierno y, a su vez, sus aliados trasnacionales.”
Resistencia IndígenaLa noción de Demarest de que la mayor resistencia al orden mundial neoliberal en México viene de comunidades indígenas demandando autonomía y auto-determinación en la forma de territorio comunal no es, por supuesto, una sospecha. Así es.
En 1992, después de que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari derogara el artículo 27 de la constitución, que había dado legalmente concesiones comunales de tierra a los campesinos indígenas de México, y en 1994, después de que se aprobara el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), una serie de levantamientos de liderazgo e inspiración indígena en el sur de México se han estado movilizando por la auto-determinación y la auto-defensa de su territorio.
Una de las luchas más notorias, es la de los Zapatistas, quienes ganaron atención global capturando un tercio del estado de Chiapas en las primeras horas del 1ero de enero de 1994, el día en que el TLCAN entró en vigor. Ellos denominaron su levantamiento armado indígena una lucha en contra de la muerte y el olvido; una lucha por la paz con dignidad, justicia y libertad. Mientras los fusiles de los Zapatistas se han mantenido en silencio durante los últimos 15 años, ellos han continuado resistiendo y, aún más importante, inspirando y escuchando a muchas luchas alrededor de México y el mundo.
El 14 de junio de 2006, una de esas luchas, una huelga sindical de maestros en la ciudad de Oaxaca, explotó rápidamente convirtiéndose en un levantamiento popular con una base indígena muy fuerte. El éxito del consiguiente levantamiento de 6 meses fue alimentado por ideas sobre las formas tradicionales de la tenencia de la tierra y las estrategias subsecuentes para el auto-gobierno que la vida comunal indígena implica. Campesinos indígenas, maestros, estudiantes, amas de casa y trabajadores se unieron en un enfrentamiento contra el gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz, exigiendo su renuncia.
La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que en última instancia tomó la ciudad capital del estado por seis meses, utilizando una serie de bloqueos y que se autoproclamó el cuerpo de gobierno de facto, nació de una base fuertemente indígena. La primera asamblea general de la APPO, en la que participaron 270 delegados, fue organizada bajo el principio indígena mesoamericano de “mandar obedeciendo”. La asamblea general utiliza una forma indígena de organización por consenso que ha existido en Oaxaca por miles de años.
Ejerciendo su auto-determinación, miembros de la APPO ocuparon oficinas de gobierno estatal, local y federal por toda la ciudad. Estrategias de expropiación fueron empleadas inmediatamente. Comida, agua, transportación y comunicación, fueron los objetivos principales de expropiación. En un momento dado, mujeres de mediana edad de la APPO ocuparon un canal de televisión y una estación de radio manejados por el estado. Cuando las antenas de la estación fueron atacadas, la APPO respondió ocupando 13 estaciones de radio comerciales. Los oaxaqueños nunca imaginaron que podrían tomar la ciudad por tanto tiempo. Sin embargo, asesinatos, desapariciones, violaciones, tortura y tiroteos desde carros al mando de la policía en esta parte del estado, mermaron el ímpetu del movimiento social. Oaxaca y la APPO continúan resistiendo el régimen brutal del gobernador Ulises Ruiz Ortiz y demandando su renuncia.
La batalla por Oaxaca no es pequeña. El estado es estratégico para los intereses neoliberales y es extremadamente rico en recursos naturales. Ya se ha convertido en el emplazamiento de una serie de proyectos industriales implementados por el TLCAN y el Plan Puebla Panamá. Carreteras, vías férreas, puertos comerciales, corredores de energía eólica, minas, empresas agropecuarias y maquiladoras, son algunos ejemplos del “progreso” que los partidarios del Plan Puebla Panamá han tratado de vender. Sin embargo, durante los últimos 15 años, estos símbolos de progreso únicamente han desplazado sistemáticamente a comunidades indígenas, que ya no son consideradas “económicamente viables”. La vida humana en Oaxaca es otra variable desechable en la ecuación de ganancias del TLCAN. Desplazar a los indígenas de sus tierras y robarles sus medios de subsistencia es equivalente al genocidio.
Curiosamente, en 2006, al mismo tiempo que la APPO estaba en enfrentamientos en las calles de la capital, el proyecto de mapeo “México Indígena” movió silenciosamente sus operaciones del estado de San Luis Potosí a la Sierra Juárez, una región biológicamente diversa y rica en minerales del estado de Oaxaca.
Cuestión de identidadPara los indígenas del sur de México, territorio y cultura están tan entrelazados en la vida diaria que uno sin el otro es como una bicicleta sin ruedas. Sin embargo, el ‘progreso y la prosperidad’ del libre comercio implican intrínsecamente una pérdida de identidad y tradición para las comunidades indígenas. El bombardeo constante de propaganda anti-indígena en caricaturas, programas de televisión y noticieros, no es un accidente. En el libre comercio ser indígena es culturalmente menospreciado. Los espectaculares en las carreteras entre pueblos indígenas, representan consumidores de tez blanca con ninguna relación en absoluto con la tierra de la que consumen. Los maniquís de todas las tiendas de ropa para mujeres en la ciudad de Oaxaca (la capital de un estado que es 70% indígena), son altos, flacos y muy, muy blancos. El producto cosmético más comúnmente vendido a mujeres indígenas es aclarador de piel. Para las comunidades indígenas de México, reclamar su autonomía y territorio es, por lo tanto, una reivindicación sumamente urgente de su identidad.
En Oaxaca los indígenas siempre han esado más dispuestos a morir luchando por su tierras, de lo que cualquier gobierno ha sido dispuesto a matarlos y arrebatárselas. Negar y criminalizar las formas tradicionales de tenencia de la tierra es negar la vida y cultura de los indígenas. Demarest, la FMSO y el ejército de Estados Unidos lo saben. Pero lo que han descubierto en sus estudios de territorio indígena y resistencia en México y otras regiones de América Latina, es que el arma más peligrosa para el neoliberalismo no es necesariamente la lucha por el poder del Estado, o la presencia de la fuerza física. Más bien, es la implacable creencia en el auto-gobierno y la auto-determinación, ejemplificada en la forma tradicional de poder horizontal, cosechada por comunidades indígenas de México que representan la más grande amenaza al orden mundial. Esta es la clave de la resistencia cultural, aplicable a cualquier lucha de base comunitaria por la auto-determinación.
“Intereses monetarios en Latinoamérica continúan aislando, física y socialmente, a las comunidades pobres en expansión. Los barrios de techos de lámina se convierten en áreas gobernadas por separado. Ellos marcan las dimensiones físicas de las que, de alguna manera, son naciones autónomas dentro de las naciones. En algún punto, su liderazgo puede ser visto como una amenaza para la seguridad nacional en vez de una simple amenaza a la seguridad pública. Es ahí donde reside su importancia geopolítica.”
En una sección previa de este mismo ensayo, Demarest enlista actores anti-estado que encuentran su hogar entre los pobres del mundo:
“Características distintivas de las más grandes ciudades, también llamadas ‘ciudades de mundo’, de las que América Latina tiene varias, incluyen la marcada polarización económica y social y una intensa segregación espacial. Encontramos también lo que es probablemente un efecto de esas condiciones: las agendas complementarias e identidades superpuestas de una vasta selección de actores anti-estado. Anarquistas, criminales, los desposeídos, extranjeros entrometidos, oportunistas cínicos, locos, revolucionarios, líderes obreros, minorías étnicas nacionales, especuladores de bienes raíces y otros pueden todos formar alianzas de conveniencia. Estas ideas pueden ser tan específicas como resistirse a un aumento en el pasaje de los camiones, tan inmediatas como una oportunidad para hacer un saqueo tras una celebración de masas, o tan amplio como la identidad étnica.”
Como las tierras comunales indígenas, los barrios de techos de lámina no regulados son considerados por la FMSO como precursores de crimen e insurgencia. En los Estados Unidos y en ciudades alrededor del mundo, la privatización de comunidades pobres a través del aburguesamiento es una estrategia similar multifacética de marginación a través de la desvalorización, la criminalización y el desplazamiento. Ser pobre y organizar tu comunidad para sobrevivir por sus propios medios, ejercer auto-determinación, según los ensayos de Demarest, es ser una amenaza para los intereses políticos y económicos de Estados Unidos, domésticos y en el extranjero.
Simon Sedillo es un organizador chicano que lucha por de defensa de los derechos comunitarios. Realiza películas documentales y su trabajo se ha centrado en poner habilidades, cámaras, y equipo de edición en las manos de comunidades en resistencia para que puedan documentar sus propias historias de lucha. Sedillo ha pasado los últimos 6 años documentando y enseñando medios comunitarios y video- documentación en México, en comunidades de inmigrantes en Estados Unidos y con jóvenes de barrio a través de los Estados Unidos. Sedillo, que fue un colaborador para www.elenemigocomun.net, está actualmente de gira proyectando cortometrajes sobre Oaxaca y Chiapas y presentando un taller sobre neoliberalismo y auto-defensa de derechos comunitarios.
La derrota sufrida por las causas populares ocurrió mucho antes de las elecciones del domingo y fue la defección de la corriente que controla el aparato perredista nacional y su incorporación plena al proyecto oligárquico de preservación del poder.
Sin embargo, en la capital de la República, bastión de las izquierdas, la ciudadanía organizada que resiste los empeños privatizadores y corruptores logró colocar en puestos de elección a la mayor parte de sus candidatos afines, por fuera o por dentro del PRD. No se pudo en la Benito Juárez ni en la Miguel Hidalgo, y es de lamentar, pero en Iztapalapa se logró un triunfo sin precedentes: impedir que los partidos siguieran utilizando a la ciudadanía para los intereses de sus respectivos aparatos burocráticos y colocarlos al servicio de los ciudadanos.
El enjuague inmundo ensayado días antes de los comicios por los chuchos iztapalapenses, en connivencia con priístas, funcionarios del calderonato y magistrados sin gota de credibilidad ni de honradez, parecía inexpugnable: buscaban presentar el nombre de una candidata como anzuelo en la boleta electoral para que los votantes lo marcaran y endosaran su triunfo, sin saberlo, a la candidatura rival. La respuesta a esa trampa de manipulación de la voluntad ciudadana tenía que ser necesariamente alambicada: explicar casa por casa que Clara Brugada no era la candidata perredista y que sufragar por ella era darle el triunfo a una señora chucha inventada en el tribunal electoral; al mismo tiempo, volcar al movimiento en apoyo al aspirante de otro partido, éste sí comprometido con la ciudadanía, y con el compromiso de su dimisión posterior al triunfo, abrir la posibilidad de que la mayoría de los iztapalapenses tengan a la jefa delegacional que querían tener. Ladren lo que ladren, en esa demarcación del oriente capitalino se llevó a cabo una restauración de la democracia.
Probablemente, con el paso de los años, la comunidad indígena de Ostula, perteneciente al municipio de Aquila, en Michoacán, formará parte de la nomenclatura histórica que alimenta el imaginario de la gleba. Otras pequeñas comunidades, como La Realidad y Guadalupe Tepeyac, en Chiapas, o El Charco y Aguas Blancas, en Guerrero, ocupan ya un lugar central en el relato que da cuenta de las modernas luchas de liberación.
Santa María de Ostula se convertirá en referencia por dos razones distintas. La primera, porque allí se promulgó el pasado 13 y 14 de junio el Manifiesto de Ostula, que reivindica el derecho a la autodefensa indígena. La segunda, porque dos semanas después centenares de comuneros nahuas de esa localidad recuperaron más de 700 hectáreas de propiedad comunal ilegalmente ocupadas por poderosos caciques mestizos, en una época en la que se ha izado
en el campo.
El Manifiesto de Ostula es un documento de enorme trascendencia histórica, pues reivindica el derecho a la autodefensa indígena. Está redactado en el mismo tono y aliento con que fueron escritas las grandes proclamas contra la servidumbre del siglo XIX. No es una declaración de una organización político-militar clandestina. Fue aprobado por pueblos y comunidades indígenas de nueve estados de la República que asistieron como delegados a la 25 asamblea del Congreso Nacional Indígena en la región centro Pacífico del país.
La proclama advierte que los pueblos originarios padecen una guerra de exterminio neoliberal que pone en riesgo su seguridad, existencia y sobrevivencia. Denuncia la represión gubernamental y paramilitar en su contra, que ha provocado el asesinato y encarcelamiento de cientos de dirigentes indígenas y la ocupación militar de sus territorios. Compara la situación que actualmente padecen los indígenas con la que se vivió durante la fase última de la dictadura de Porfirio Díaz.
El manifiesto explica cómo a lo largo de la historia, los pueblos indios han creado formas legítimas y legales para su autodefensa. Reivindica que, frente a la guerra de exterminio neoliberal que sufren, los indígenas tienen el inalienable derecho, derivado del artículo 39 constitucional, a
.
Este derecho a la autodefensa cobra vida con la formación de policías comunitarias, guardias comunales u otras formas de organización comunales, en tanto no violen los derechos humanos. Estas fuerzas son necesarias porque las instancias encargadas de impartir justicia son corruptas.
Escasos días después de su firma, la letra del Manifiesto de Ostula se hizo realidad en el mismo sitio de su proclamación. Ante la ausencia de autoridades estatales que defiendan su integridad, las comunidades de Ostula, Coire y Pómaro activaron su policía comunitaria, institución responsable de resguardar las tierras y la seguridad de 23 localidades de la comunidad indígena.
La comunidad indígena de Ostula posee un territorio de más de 19 mil hectáreas, que se extiende del asentamiento costero de La Ticla a las sierras. Está integrada por 49 asentamientos diferentes. La comunidad fue reconocida en su personalidad y en sus propiedades ancestrales mediante la resolución presidencial del 27 de abril de 1964. Aunque es la legítima poseedora del paraje costero de La Canahuancera y cuenta con títulos de propiedad que datan de 1802 y 1803, los supuestos pequeños propietario de La Placita se lo habían arrebatado desde hace 45 años.
El 29 de junio pasado pistoleros al servicio de los caciques agredieron a tiros a un grupo de mil pobladores de Ostula que habían recuperado, pacíficamente y por la vía de los hechos, el paraje. El campesino Manuel Serrano resultó herido de bala. La policía comunitaria detuvo a cinco agresores que posteriormente dejó en libertad. Otros tres fueron condenados moralmente y entregados al gobierno del estado. Los indígenas recuperaron la posesión de La Canahuancera.
Pero, más allá del hostigamiento de los caciques, las tierras comunales se encuentran amenazadas por dos proyectos sobre los que no han sido consultados: el Plan Regional para el Desarrollo Turístico Integral de la Costa de Michoacán y la carretera Coahuayana-Lázaro Cárdenas. Ambos buscan meter al mercado las tierras de las comunidades indígenas y campesinas de la región.
Una vez que recuperó la tierra, la comunidad de Ostula comenzó a trabajar en la edificación de un nuevo poblado, que será bautizado como Xayacalan, su nombre original. En cinco días construyeron 25 casas. Este terreno es el límite de la comunidad hacia el norte y la puerta de entrada a toda la región nahua.
En Ostula, El Coire y Pómaro no se instalaron casillas electorales. Los comuneros exigen el inmediato castigo de los responsables del ataque sufrido el pasado 29 de junio, y el respeto irrestricto a la posesión que la comunidad tiene sobre La Canahuancera y sobre todas las tierras comunales que le pertenecen en forma inmemorial, así como el respeto y reconocimiento de su policía comunitaria.
La reivindicación de la autodefensa indígena sistematizada en El Manifiesto de Ostula es, simultáneamente, un viejo y profundo anhelo de los pueblos originarios de nuestro país, y una indicación del rumbo que su lucha ha tomado: la construcción de la autonomía de facto.
