1er. ENCUENTRO REPRESENTATIVO NACIONAL DEL PODER POPULAR
El cual se realizara el día 13 de junio, a partir de las 9 de la mañana, en el local del SITUAM, ubicado en Calzada de Tlalpan 1036, a una cuadra de la estación Nativitas, de la línea 2 del metro.
Esta reunión se desarrollará bajo los siguientes puntos:
Podrán participar las representaciones de las organizaciones asistentes en los dos talleres nacionales previos y aquellas organizaciones interesadas en el tema, en igualdad de condiciones.
Todos los asistentes podrán presentar propuesta por escrito, para los distintos temas, sin que estos excedan de tres cuartillas, de tal manera que se posibilite la participación de todos los participantes y puedan formar parte de la memoria de la asamblea.
Cada organización se hará cargo de sus alimentos.
Para mayores informes comunicarse a:
Email: tallercontipp@gmail.com, pagina web: www.tallercontinentalpp.wordpress.com Teléfonos: 5534049252; 5517800827; 5527078446; 5527369801.
Juan Cristóbal León Campos
El proceso electoral que se vive en estos días en México, la crisis económica agudizada a cada momento, junto a las contingencias de salud (que no se reducen a la influenza), la manipulación informativa de los grandes monopolios de comunicación y la llamada guerra contra el narcotráfico son parte del marco que distrae la atención sobre la agudización de la violencia que ejerce el Estado frente a toda voz que denuncie, critique o confronte la forma como los gobiernos de cualquier nivel y partido practican el poder en beneficio particular de la burguesía, al instante en que someten y explotan a la clase trabajadora.
La libertad de expresar posturas diferentes a las generadas por los poderosos, de llevar a cabo la crítica y el actuar de forma distinta a los intereses del capitalismo, es eliminada violentamente en todas las partes de nuestro país, por representar una amenaza al pensamiento único y homogeneizador (pretendido hegemónico) que se nos impone a través de todos los medios posibles. Las muestras son claras:
1) El incremento del hostigamiento a las comunidades indígenas zapatistas, a través de grupos paramilitares y policíacos del estado de Chiapas, por el hecho de que hace varios años decidieron tomar en sus manos la dirección y conformación interna de sus comunidades implementando otra forma de vida en beneficio de todos los que las integran.
2) La criminalización de la protesta social, mediante los medios masivos de comunicación que vinculan con el narcotráfico y el crimen organizado a los luchadores sociales, con el fin de crear en la sociedad un consenso que apoye la represión que se ejerce sobre ellos y dotarla de un marco jurídico que facilite este accionar de los poderosos.
3) La abierta agresión contra los centros generadores de pensamiento, como son las universidades, por los grupos ultraderechistas que las controlan, mediante los nuevos planes de estudio que se enfocan en la enseñanza acrítica e irreflexiva; los nuevos perfiles de egresados cuyo rasgo característico es su desvinculación con la sociedad; los actuales contratos laborales que se rigen por la lógica neoliberal al no garantizar las mismas prestaciones sociales para los nuevos contratados en relación con los anteriores, creando así dentro de los centros de trabajo grados de diferenciación y desvinculación al interior de las plantas docentes y administrativas; la reducción de los presupuestos destinados a la investigación y a la docencia, así como la promoción de teorías de moda (ejemplo el posmodernismo) presentadas como las nuevas herramientas que facilitan la comprensión de las sociedades, mientras garantizan la pasividad de quienes realizan las investigaciones convirtiéndolos en cómplices de las injusticias cometidas por el Estado, estos son, entre otros, factores que afectan a las universidades actualmente.
Uno de los últimos ejemplos de abierta agresión, sobre los universitarios disidentes del sistema, es el acontecido el pasado 27 de mayo en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, en el estado de Guerrero, cuando el estudiante de Historia de la Universidad Autónoma de Guerrero, José Manuel Herrera García, fue objeto de un intento de secuestro.
Alrededor de la diez de la noche, Herrera García transitaba sobre la avenida Benito Juárez en su localidad, cuando de forma abrupta, fue interceptado por un automóvil negro que le cerró el paso e intentó atropellarlo, del cual descendieron tres sujetos que pretendían “levantarlo”. Herrera García logró evadir ese ataque y fue perseguido por más de cincuenta metros en dirección al centro histórico de su ciudad, donde logró refugiarse en una de las instalaciones de la Cruz Roja, y aguardó a que los agresores se retiraran para proceder a levantar la denuncia correspondiente y poder retornar a su hogar.
De ninguna manera el caso de Manuel es aislado, pues los universitarios comprometidos con la realidad histórico-social siempre han sido víctimas de interminables agresiones alrededor del mundo. Han sido acusados de participar en acciones delictivas o con grupos denominados por los poderosos como “terroristas”, se criminaliza sus acciones de protesta social, sobre ellos se ejerce el terrorismo de Estado, para atemorizarlos y obligarlos a renunciar a los anhelos de libertad y justicia social.
Particularmente, Manuel Herrera ha defendido siempre las causas de los estudiantes y de los oprimidos en luchas despreciadas y reprimidas por la Rectoría de su Universidad. Ha reconocido la necesidad de la unión entre estudiantes de todos los niveles de enseñanza, como lo demuestra su participación en las movilizaciones en defensa del patrimonio y la autonomía de las preparatorias 1 y 9 de la UAG, y se mantiene firme ante el accionar violento de porros enviados por las autoridades para desarticular el movimiento y terminar con las justas demandas.
Durante un tiempo ejerció el cargo de Consejero Universitario con base a los principios éticos del compromiso social, desde ahí criticó las políticas neoliberales de las actuales autoridades universitarias sometidas a los intereses de los gobiernos estatal y federal. Como efecto de su firme postura en defensa del carácter autónomo, democrático, científico y popular de la Universidad, el Rector Arturo Contreras Gómez lo destituyó de su cargo de Consejero Universitario el quince de diciembre del año pasado, con falsos argumentos y actos represivos que hasta hoy se realizan contra sus compañeros de dicho órgano universitario.
Consciente de que la pertenencia al sector estudiantil no lo excluye del acontecer en su sociedad, Manuel se ha solidarizado con el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa Parota (CECOP), la CETEG y las justas demandas de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. De igual forma, ha dedicado sus horas de estudio a adquirir los conocimientos que le permitan difundir y defender la memoria histórica de su pueblo, que los gobiernos pretender borrar de los planes de estudio y de las conciencias de los individuos.
Por estos motivos, reclamemos juntos un alto a los ataques contra los universitarios comprometidos socialmente; un alto al hostigamiento que se realiza en todas las comunidades que luchan y resisten; luchemos juntos por la libertad de todos los presos políticos y la aparición de cada uno de los desaparecidos. Unificar nuestras voces para demandar justicia para José Manuel Herrera García, y que se detenga la campaña de hostigamiento y represión que se ha implementado hacia su persona, es exigir libertad plena para nuestro pueblo. Reconozcamos que nuestro país vive una clara etapa de agudización en la lucha de clases, por lo que es necesario profundizar la organización de los oprimidos y generar, urgentemente, el libre pensamiento que permita concebir las formas de transformar esta sociedad explotadora, con el fin de construir el otro mundo posible que se llama socialismo.
1. El fuego que acabó la tarde del viernes 5 con la estancia infantil ABC de Hermosillo (Sonora), subrogada por el IMSS a unos influyentes, entre los cuales está una pariente de la esposa de Calderón, provocando la muerte de decenas de niños, ha terminado por evidenciar las consecuencias del desmantelamiento inmoral que en aras de intereses privados se hace de las instituciones del Estado –en este caso el IMSS–, supuestamente al aplicarse los dogmas monetaristas, pero también hasta dónde llegan los actos de perversión política del gobierno panista, y el nivel de corrupción y de cinismo inocultables de Felipe Calderón y de su grupo de allegados.
2. La indignación nacional es aún mayor porque este desastre evidencia que la nueva “clase política”
neoliberal, de la cual el PAN es prototipo, lo único que busca al enquistarse en los puestos públicos es lucrar sin cortapisa ética y jurídica, aprovechándose del proceso de privatizaciones que se les han impuesto del exterior y que no les importa prevaricar con el patrimonio de la nación, como hace ahora con las instituciones y programas de salud y de seguridad social, que deberían ser prioritarias para cualquier gobierno.
3. El proyecto neoliberal, que ha fracasado estrepitosamente, ha supuesto en el mundo, como se conoce hasta la saciedad, el desmantelamiento de los estados nacionales al privatizar organismos, empresas y servicios públicos para hacer de éstos pingües negocios privados, en particular de los consorcios multinacionales y de las mafias de políticos que les sirven como instrumento, haciendo nulos los derechos de la sociedad y deteriorando las condiciones de vida de los pueblos, y esto se sigue haciendo de manera impune en México, a pesar de las gravísimas consecuencias que entraña.
4. El desmantelamiento del IMSS y del ISSSTE fue abordado desde los sexenios de Salinas y de Zedillo, y más claramente por el gobierno antinacional y corrupto de Vicente Fox y por la administración espuria de Calderón no sólo por cumplir con las exigencias del exterior, sino para satisfacer los intereses políticos y económicos de las mafias en el poder, y no les ha importado hacer esto en abierta violación al marco legal del país, pues al subrogar las guarderías del IMSS se está trastocando seriamente el orden jurídico del país, y esto no parece nadie estarlo percibiendo.
5. La subrogación de funciones del Estado no tiene cabida en el orden jurídico mexicano, y por eso mismo debería destituirse a Daniel Karam, titular del IMSS, y procederse jurídicamente contra sus predecesores. El mayor escándalo por el desmantelamiento del IMSS por la vía que se está haciendo es que se está procediendo con absoluta burla al orden constitucional con el objetivo de convertir los servicios públicos en negocios privados, actuándose no sólo de manera inmoral, sino ilegal, pues no hay sustento jurídico alguno, pues la subrogación es una figura del derecho privado, pero no tiene cabida en el derecho público.
6. El hecho de que la parentela de Calderón y de su esposa aparezcan cada vez más en casos de corrupción institucional, tal como acontecía con los Fox –la anterior pareja presidencial–, ha agraviado a los mexicanos en un aspecto tan sensible como es el del enriquecimiento ilícito de los funcionarios y de sus parientes en cualquier área, pero sobre todo en las de bienestar social, en especial cuando esto se produce al desmantelar las instituciones públicas, edificadas durante décadas por los gobiernos posrevolucionarios con la contribución y sacrificio de muchas generaciones de mexicanos, pero este caso ha ofendido gravemente al pueblo por las mentiras y actos demagógicos del gobierno de facto de Calderón al pretender soslayar su responsabilidad.
7. La reacción del gobierno ilegítimo panista ha sido la misma de los años del priísmo: interesarse en la impunidad de la clase política y de sus propios parientes antes que en las víctimas y en el desastre de las instituciones. Además de ser cesados algunos funcionarios federales y locales por las múltiples irregularidades con las que funcionaba la guardería subrogada, y de hacerse todos los dolientes, nada ha pasado. Luego de que su esposa Margarita declaró que no conocía a su propia prima (cuando notas periodísticas las evidenciaban haber estado juntas hace unos días en una fiesta familiar), de que la mayor parte de los medios y en particular el duopolio televisivo omitieran hablar de que la codueña del negocio de la guardería es la prima de la esposa de Calderón, y de que los voceros del gobierno federal insistieran en culpar al gobierno de Sonora por la tragedia –a pesar de ser un asunto federal–, la PGR ha concluido el 10 de junio que nadie irá a prisión por este caso.
8. La guardería es, a pesar de todo, un microcosmos que permite ver la realidad de México. Un caso de corrupción en apariencia menor como el que reveló este incendio, evidencia no sólo el proceso de abandono del Estado de sus responsabilidades subrogándolas anticonstitucionalmente, sino también el nivel de corrupción del panismo en el gobierno. Ahí están también, como otros botones mayores de muestra al lado del negocio de la prima de la esposa de Calderón, el de los mil 500 millones de pesos ganados por Diego Fernández de Cevallos a la SCT, ahora a cargo de su ex asesor Juan Molinar Horcasitas, o el de los contratos ilegales otorgados por Jesús Reyes-Heroles (director general de Pemex) a multinacionales con las cuales ha tenido negocios personales, o el de la vinculación de múltiples funcionarios panistas con el narcopoder que Calderón pretende combatir.
9. El incendio de la guardería de la parienta política de Calderón, que ha terminado por convertirse en una tragedia nacional, pues ha causado más víctimas que la epidemia de la influenza porcina (magnificada por el gobierno con aviesos propósitos políticos), evidencia que el país sigue inmerso en un proceso de ilegalidad cada vez mayor, de corrupción desenfrenada y de impunidad, y en el camino hacia una fascistización.
10. Pero lo más grave es que muestra que la estructura y las funciones del Estado están ya completamente trastocadas, dejando inermes a los mexicanos cuyos derechos fundamentales no se están sólo violentando, sino cancelando por el panismo en el poder.
